La Justicia federal inició una investigación para determinar si se produjo el robo de documentación y papeles de la sede central de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, tal como denunció el actual rector organizador de la institución, Eduardo Maurizzio.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó obtener copia de las cámaras de seguridad del edificio ubicado en la calle Defensa 119 luego de que Maurizzio aportase a la Justicia imágenes de un grupo de personas que cargaban en el baúl de un auto una serie de cajas con documentos y expedientes de la Universidad que hace tan solo unas semanas estuvo envuelta en polémica luego de que el Ministerio de Justicia que conduce Cuneo Libarona denunciara que un edificio asignado a esa casa de estudios era en realidad un boliche clandestino.
Como sea, ahora la Justicia federal pone la lupa en otra historia que podría generar controversia. Semanas atrás, desde las redes sociales de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo denunciaron que personas “no identificadas” ingresaron al edificio y se llevaron documentos de diversos sectores del edificio. El hecho habría ocurrido entre el 30 y 31 de octubre.
Sin embargo, el rector organizador Maurizzio asegura que la documentación se sustrajo del lugar días después, el 13 de noviembre, y aportó imágenes en donde se puede ver cómo Gustavo Pons, ex vicerector académico de la facultad y Agustín Real, ex secretario administrativo de la universidad, cargan cajas en dos autos. Ante este escenario, Pollicita pidió las imágenes de las cámaras de seguridad tanto del interior como del exterior del edificio correspondientes a los días 30, 31 y 13 de noviembre.
Universidad de las Madres de Plaza de Mayo: investigan el robo de documentos y piden las cámaras de seguridad
“Primero vamos a ver quiénes entraron y por qué y qué pasó en el interior del edificio y luego eventualmente analizaremos más medidas”, señalaron fuentes judiciales. En el Gobierno no descartan que la acción haya sido un autorobo, aunque eso deberá determinarlo la propia investigación.
Se pudo saber, los documentos que se retiraron del edificio de calle Defensa, en pleno centro porteño, están vinculados a nombramientos; convenios de colaboración con otras universidades y expedientes varios. En la Secretaría de Educación lo que dicen es que son papeles que Cristina Caamaño firmó pese a que en febrero pasado la resolución 45/2024 del Ministerio de Capital Humano dejó sin efecto su nombramiento como rectora al asegurar que no fue votada en la asamblea. “Todo lo que firmó es nulo, es usurpación de cargo”, dicen.
Para el Gobierno, la forma en la que Caamaño llegó a ser designada como rectora normalizadora es irregular y asegura que la asamblea en la que se la designó en ese cargo está plagada de irregularidades. De hecho, agregan, que el 5 de marzo Caamaño convocó a otra asamblea en la que se desplazó a todas las autoridades que no habían podido asumir.
Caamaño impugnó esa decisión y en el Gobierno creen que, pese a que nunca fue restituida formalmente, continuó con la firma de documentos. La exinterventora de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández niega de manera rotunda el autorobo y acepta que Pons y Real se llevaron papeles, pero dice que fue para evitar que otras personas se los lleven.
“Nosotros efectivamente denunciamos que personas desconocidas entraron el 30 de octubre. Entramos y teníamos forzadas los cajones, armarios, se habían llevado la llave que abre la universidad. Hicimos una denuncia que está en el juzgado de María Servini”, aseguró.
Y continuó: “Niego rotundamente que haya sido un autorobo. Días después, efectivamente Pons y Real fueron a retirar la documentación que queda y que nos parecía importante para evitar que vuelvan a entrar y se la lleven. La llevamos a la otra sede. Esas son las fotos que presentó Maurizzio. Ese traslado de papeles estuvo aprobado por el Consejo Superior”.
La Universidad ya había estado envuelta en una polémica tras un allanamiento a un edificio en plena Capital Federal asignado a la universidad, en donde el Ministerio de Justicia denunció que funcionaba un boliche clandestino.
En un comunicado oficial, la cartera de Justicia informó que presentó una denuncia penal “tras descubrir el uso clandestino e irregular” del inmueble. “Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro”, señaló el texto.
“Durante la inspección se constató que en el lugar operaba un establecimiento bailable clandestino con una barra que servía bebidas alcohólicas, pero eso no es todo: el espacio también se utilizaba para actividades políticas partidarias y otras prácticas ilegales, demostrando un absoluto desprecio por los fines para los cuales el Ministerio concedió este inmueble”, suma.
