La campaña del Ministerio de Salud, liderada por Carla Vizzotti, que se lanzó por la Semana de Prevención de Embarazos Adolescentes en América Latina, llegó a la Justicia Federal. A fines del mes de septiembre, la cartera lanzó una campaña que promovía tratamientos casi irreversibles para prevenir embarazos, entre ellos, la ligadura de trompas y vasectomías.
Este domingo trascendió que la ministra de Salud de la Nación fue denunciada judicialmente por Mercedes Moreno Klappenbach y Pilar Santucci. La denuncia es por «incumplimiento de deberes de funcionario público» y recayó en el juzgado Federal Nº 11, que subroga el juez Julián Ercolini y fue derivada a la fiscalía federal Nº8 comandada por Eduardo Taiano.
La campaña que promovió la ministra presentó a las intervenciones quirúrgicas -ligadura de trompas y vasectomía» como un método anticonceptivo para adolescentes, lo que provocó malestar general en las redes y en los padres. Fue por estos motivos que Santucci y Klappenbach decidieron llevar a Vizzotti a la Justicia.
«Están hablando de menores de edad, va en contra de la Constitución y los pactos firmados. Estos chicos pueden ir sin sus padres a tomar una decisión que es para toda la vida. Espero que Vizzotti se dé cuenta que se equivocó. Que dé marcha atrás a esto porque es un disparate», declaró Klappenbach al medio Clarín.
«A partir de los 14 años podes recibir información o acceder al método anticonceptivo reversible que se elija, -no es necesario la compañía de una persona adulta-. A partir de los 16 se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes como ligadura y vasectomía«, se podía leer una de las placas que utilizaron para promover la campaña.
Uno de los puntos señalados y criticados por las denunciantes es que, los menores podían acceder sin supervisión ni permiso de sus padres a dichas intervenciones quirúrgicas, por lo que se consideró que la campaña de esterilización va en contra del principio de Responsabilidad Parental.
Sin embargo, desde Salud se adelantaron a las criticas y argumentaron: «El Código Civil se reconoce que, desde los 16 años podés tomar de manera autónoma las decisiones sobre el cuidado de tu cuerpo». Dejando como único requisito que los menores dejen su consentimiento por escrito al momento de realizarse la vasectomía o ligadura de trompas.
Así como varios padres de adolescentes calificaron la medida como «imprudente e irresponsable», el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, se refirió al programa como «un despropósito y una barbaridad».
Además de la denuncia, el jueves pasado un diputado provincial de Santa Cruz de Juntos por el Cambio propuso eliminar la Educación Sexual Integral de las instituciones y reconoció que el detonante para dicha propuesta fue el plan «castración de adolescentes» que promovió Nación.
«Proponemos la modificación del art. 1º de la ley 3.305 de Educación Pública de la provincia de Santa Cruz, cesando la incorporación de nuestro sistema educativo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, establecido por la ley nacional nº 26.150», explica el proyecto del diputado Evaristo Ruiz.
A estas recriminaciones al Ministerio de Salud y a Carla Vizzotti, se sumó una carta abierta firmada por Moreno Klappenbach y otras mujeres: «Carla Vizzotti, titular del Ministerio de Salud, promueve la esterilización de niños. Y digo niños porque con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad».
Lo que inició como una carta de Moreno Klappenbach, docente e integrante de la Asociación de Mujeres Americanas (AMA), mutó a una presentación formal ante la Justicia Federal y este martes se presentará ante el fiscal Taiano.
En la presentación formal, las denunciantes insisten en que la titular de Salud debe retroceder con esta medida porque
«Es una campaña siniestra, nefasta, perversa, que viola el articulo 12, inciso 4, de nuestra Constitución Nacional como así también el Pacto de San José de Costa Rica».
Por el momento la ministra de Salud no ha hecho declaraciones al respecto. La denuncia recaerá este martes en la fiscalía federal Nº8 que responde a Eduardo Taiano.
