El Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires está alejado de las polémicas que rodean a la justicia nacional, sobre todo si se toma en cuenta la fuerte ofensiva de Alberto Fernández y Cristina Kirchner contra los jueces y los integrantes de la Corte Suprema. ¿Es un modelo que procura ser distinto además como parte de la diferenciación que busca Horacio Rodríguez Larreta para ejemplificar qué haría en esta área clave si llega a la Casa Rosada? El que reconoció ese objetivo es Francisco Quintana, el flamante presidente del Consejo de la Magistratura porteño, en una entrevista con el medio nacional Infobae.
Ex funcionario de la Ciudad y legislador porteño, este abogado de 40 años es secretario de la Fundación Pensar, del PRO, y un fanático hincha de Boca, club del que fue dirigente. Ya se desempeñaba como Vicepresidente 1° del Consejo de la Magistratura de CABA y ahora, en reemplazo del radical Alberto Maques y en un agitado año electoral, le tocará presidir al organismo que se encarga de seleccionar a los jueces y de administrar los recursos del Poder Judicial porteño.
En la entrevista, Quintana destacó que los ejes de su gestión serán “la austeridad, la cercanía con la gente y una impronta más federal”, pero así como fue insistente en sus elogios al Poder Judicial de la ciudad, que tiene “un grado de independencia muy alto de la política”, según destacó, también lo fue en sus duras críticas contra el gobierno nacional por “el objetivo casi permanente del kirchnerismo de avanzar sobre la Justicia, condicionarla, volverla rehén del poder político de turno”. Y le apuntó directamente a Alberto Fernández: “No respetar un fallo de la Corte no es ir en contra del jefe de Gobierno de la ciudad sino que es ir en contra de lo que indica la Constitución nacional”.
Además, apoyó a Marcelo D’Alessandro en la polémica por los supuestos chats y el viaje a Lago Escondido: dijo que el caso por el que pidió licencia como ministro de Justicia y Seguridad porteño “no debería empañar el hecho de que hoy la ciudad tiene índices récord en materia de seguridad y de lucha contra el delito”. Y alertó sobre algo “peligroso” al hablar sobre el espionaje político: “La sensación de que, ante la cercanía de las elecciones y un panorama negativo para el oficialismo, nos encontremos con un oficialismo dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder”.
— ¿Qué expectativas tiene en la presidencia del Consejo de la Magistratura de la ciudad? ¿Cuáles serán los ejes de su gestión?
— Cuando uno entiende cuál es el funcionamiento del Consejo de la Magistratura se da cuenta de que tiene un rol central para poder garantizar un mejor servicio de justicia. Así que nos proponemos profundizar mucho de lo que se viene haciendo desde la Ciudad y trabajar, sobre todo, en algunos ejes. El primero tiene que ver con la austeridad. Sobre todo en una Argentina en la cual hay tanta gente que la está pasando mal, hay que administrar mejor, tratar de ser más eficientes y de optimizar procesos. Desde la administración de este organismo ya se viene haciendo una gran tarea y ojalá a lo largo del 2023 logremos profundizarla porque además tiene que ver también con el segundo de los objetivos que nos proponemos, que es el de la cercanía. Volver al Poder Judicial más cercano tiene que ver con llegar a los sectores más vulnerables con distintos programas. Tiene que ver con hacer más fácil de entender a la Justicia y también con empatizar más. Y esa empatía no sólo se genera con el resultado final, con las sentencias, sino también con cómo hacemos nuestro día a día, que tiene que ser austero cuando el resto de los argentinos está viviendo un momento complicado. Como tercer eje nos proponemos generar una impronta más federal de este Consejo. No solo porque en el intercambio se aprende con otros Consejos de la Magistratura a lo largo y a lo ancho del país sino fundamentalmente porque esta es la ciudad de todos los argentinos, así que nos interesa también no sólo aprender sino mostrar este modelo de justicia al resto de los argentinos que probablemente tenga que ver con lo que nos gustaría llevar a la práctica a partir de diciembre de este año si es que hay un cambio de gobierno.
— ¿Será posible avanzar en el traspaso de competencias a la justicia de la ciudad?
— Una de las grandes cuentas pendientes a nivel local tiene que ver con perfeccionar la transferencia de competencias. Y si eso hoy no sucede es por falta de voluntad política a nivel nacional. Desde la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo con el mandato de la Constitución, hay plena predisposición para avanzar en los traspasos. Se ha avanzado bastante en las gestiones anteriores, entre 2015 y 2019, pero lamentablemente eso se ha interrumpido en estos últimos tres años. Ojalá se pueda retomar. No tengo demasiada expectativa este año, pero quizá se pueda avanzar a partir del 10 de diciembre.
— En un año electoral se complica esa decisión.
— En general, los años electorales complican y más cuando son jurisdicciones a cargo de distintos signos políticos. Y todavía más cuando analizás lo que fue la experiencia en estos últimos tres años: un gobierno nacional que unilateralmente le quita coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires no parecería estar muy predispuesto a conversar acerca de cómo avanzar en el traspaso de competencias, sobre todo cuando ese traspaso tiene que ser con recursos, con la respectiva partida presupuestaria. Pero si avanza desde el 10 de diciembre se podrían empezar a ver sus frutos a lo largo de 2024.
— ¿En qué le cambia la vida a la gente que se produzca ese traspaso de la justicia común, en lo civil, comercial, laboral y penal, a la ciudad de Buenos Aires? ¿Es sólo una cuestión de poder?
— Antes hablábamos de intentar una justicia más cercana y los traspasos tienen que ver, en definitiva, con la lógica de que la justicia tiene que estar más cerca de los vecinos. Entonces, cuando vos ves cómo funciona en Córdoba, Chubut o Jujuy, evidentemente lo mismo debería suceder en esta ciudad. Esta no es una decisión en favor de los porteños sino en favor del cumplimiento de la Constitución. Se supone que muchas de las competencias que hoy tiene en cabeza la justicia a nivel nacional deberían estar en cabeza de la justicia local. Y eso va a volver probablemente a los actores del Poder Judicial mucho más cercanos con respecto a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Eso hace que uno sienta que puede ejercer un mayor control porque tiene incidencia, por ejemplo, en los representantes en el Consejo de la Magistratura, que son quienes, entre otras cosas, tienen las facultades no sólo de administrar el Poder Judicial o elegir a los magistrados, sino también de controlarlos. Por estas razones, para los vecinos de la ciudad sería muy bueno avanzar en el traspaso de competencias.
— Me imagino que un efecto concreto del traspaso puede darse en los tiempos de tramitación de las causas, que algunos fueron son interminables hasta que se dictan las sentencias.
— Justamente cuando hablaba de cercanía es que algunos fueros, como el laboral o el de familia, el traspaso debería permitir optimizar tiempos. Simplemente por una cuestión de escala, depender de la justicia local debería permitir que se acorten los tiempos, digitalizar expedientes y poder seguir las causas online. Genera otra dinámica, otro paradigma de vínculo entre el ciudadano y el Poder Judicial justo en fueros que de por sí son muy propios del vecino. Un divorcio o un despido son temas que en el fondo te repercuten muy íntimamente. Ahí hay un beneficio bien concreto para el porteño.
— ¿Cómo está el Poder Judicial en la ciudad si se lo compara con lo que sucede a nivel nacional?
— Con mucho orgullo, el Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires es un Poder Judicial modelo donde probablemente haya mucho por mejorar o por perfeccionar, pero para alguien que antes ha tenido el privilegio o el honor de tener responsabilidades en el Poder Ejecutivo primero y en el Poder Legislativo después, reconozco que me he encontrado con un Poder Judicial que tiene mucho para mostrar. Más joven, más reciente, es un Poder Judicial de menor escala que otros Poderes Judiciales. Ni hablar si lo comparamos con la Justicia a nivel nacional. Y tal vez por eso, pero no exclusivamente por eso sino por la calidad de los magistrados, de los funcionarios y de los empleados, es un Poder Judicial que ha avanzado muchísimo en la digitalización. Hoy tiene comparativamente tiempos récord en la tramitación de sus causas. Es un Poder Judicial que tiene varios programas que buscan garantizar el acceso a la justicia, sobre todo para los sectores más vulnerables. Es un Poder Judicial en el que funciona un Observatorio de la Mujer o de Género y un Observatorio de Discapacidad para atender esas situaciones particulares de manera prioritaria. No es suficiente porque la percepción de justicia de la mayoría de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no es la que nos gustaría que sea, lo que significa que hay un claro potencial de mejora. Pero el punto de partida es el de un Poder Judicial que, cuando uno lo analiza comparativamente, tiene mucho de lo que sentirse orgulloso.
— ¿Cree que existe influencia del gobierno de la Ciudad sobre los jueces?
— No, diría que el Consejo de la Magistratura tiene una composición que lo hace sumamente independiente de la política de turno.
— No le hablo del Consejo en particular.
— Bueno, pero empezaba respondiendo así porque cuando ves la composición del Consejo de la Magistratura de la ciudad te das cuenta de que el Poder Judicial tiene un grado de independencia muy alto de la política, del poder político de turno. Tenemos una composición de 9 consejeros, 3 en representación de los jueces, 3 de los abogados y 3 de la Legislatura, con lo cual, a lo sumo, la representación directa de la política es de un tercio del total. En la ciudad hay una clara división de poderes y el Poder Judicial trabaja de manera independiente. En esto, también en comparación con lo que sucede casi como regla a nivel nacional, lo que sucede en la ciudad es ejemplar.
— ¿Qué revela la fuerte embestida de Alberto Fernández contra la Corte?
— Lo que revela la actitud del gobierno nacional es una obsesión por condicionar el funcionamiento del Poder Judicial. Lo hemos visto a lo largo de estos tres años de gobierno en numerosas iniciativas. Desde la ambiciosa reforma de la Justicia hasta el intento de modificar la propia composición de la Corte Suprema y la amenaza de recusación a los jueces de la Corte ante un fallo que les resulta adverso, pero que se atiene a derecho, hasta el anuncio acompañado de algunos gobernadores de avanzar en un pedido de juicio político. Todas esas decisiones tienen una misma raíz, un mismo fondo, que es el objetivo casi permanente del kirchnerismo de avanzar por sobre la Justicia, de condicionarla, de volverla rehén del poder político de turno con algunas decisiones en el camino que son imposibles de explicar y de las que no hay antecedentes. No hay antecedentes de haber desoído un fallo del máximo tribunal. Es de una gravedad institucional inédita. Y después con gestos de absoluta improvisación, que también en algún punto desnudan la sensación de impunidad con la que muchas veces el gobierno se maneja, por ejemplo anunciando que algunos gobernadores acompañan un pedido de juicio político cuando no era así porque después salen a desmentirlo. Lamentablemente, este es un poco el día a día del vínculo del gobierno nacional con la Justicia. La propia ciudadanía le va a poner un límite en las elecciones de este año.
— ¿Las acusaciones del Gobierno contra los jueces no afianzan la mala imagen de la Justicia que en general tiene la gente común?
— No, porque las preocupaciones de la gente hoy pasan por otro lado, lo cual, además, demuestra que la agenda del gobierno nacional termina estando disociada de la realidad. Las preocupaciones de la gente pasan por otro lado, pasan mucho más por su cotidianeidad, por la situación económica, el bolsillo. Pasan más por la salud con el rebrote del Covid que por los anuncios del gobierno que parecen más prioridades de un sector de la política que de la mayoría de la ciudadanía.
— ¿La actitud de Alberto Fernández de atacar al Poder Judicial es una iniciativa propia de él, un intento de congraciarse con Cristina Kirchner o sólo es la agenda de la Vicepresidenta?
— Me da la sensación de que tiene más que ver con un intento de congraciarse, si es él el que tiene la iniciativa, o de la propia Vicepresidenta de seguir ejerciendo influencia sobre el Presidente. En cualquier caso, tiene que ver con la propia interna del gobierno nacional y, sea quien sea quien esté detrás, lo que está claro es que desde el lugar que a cada uno le toque ocupar hay que alzar la voz y oponerse cuando es una agenda que no va en contra de un sector político o de un dirigente en particular sino en contra de la Constitución. No respetar un fallo de la Corte no es ir en contra del jefe de Gobierno de la Ciudad sino que es ir en contra de lo que indica la Constitución nacional. Así que, independientemente de quién sea el ideólogo de todas estas movidas, lo que está claro es que al final del día está el gobierno nacional en su conjunto detrás y a esto es a lo que hay que oponerse.
— ¿Existe o no el famoso lawfare? ¿Hay algún tipo de contaminación entre el poder político y el Poder Judicial que deriva en fallos en determinado sentido?
— No, esa es una construcción más del relato del oficialismo a nivel nacional. En todo caso, hay que evitar tanto la judicialización de la política como la politización de la Justicia. Y esto cabe para todos por igual porque todos tenemos la misma responsabilidad de evitar incidir en los fallos. Lo digo con el orgullo de sentir que en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de contrapesos y la independencia entre los Poderes funciona de manera muy saludable.
— La Corte Suprema fue puesta en el banquillo de los acusados por el Gobierno. ¿Son legítimas las críticas que se le hacen desde el oficialismo a su desempeño?
— Parto de la premisa de que la Corte desempeña correctamente la administración de justicia al máximo nivel. Que, en consecuencia, sus fallos tienen la objetividad propia del lugar del máximo tribunal. Y que evidentemente no es rehén del poder político de turno desde su composición hasta el contenido de sus sentencias. Y esto va para toda la política en general. A uno pueden no gustarle los fallos de la Corte, como los fallos de primera o segunda instancia, pero lo que no puede es incumplirlos porque, en el fondo, se trata de respetar la Constitución nacional. En ese sentido, la tarea de la Corte es inobjetable. Ya pensando en el próximo gobierno, ojalá que pueda completar su integración porque hoy está incompleta y espero que eso se pueda subsanar en breve. Y después, a la Corte hay que dejarla trabajar. Es un permanente condicionamiento esto de que primero la agrando, después la quiero achicar, después la quiero dividir en salas, después quiero recusar a los jueces, después quiero pedir el juicio político. Lo que hay que hacer es respetarla, dejarla que trabaje y, nos guste más o menos, respetar sus sentencias.
— ¿Pero no se puede mejorar su funcionamiento?
— Pero una cosa es si damos el debate de fondo de cómo mejorar el funcionamiento de la Corte, debate del que la propia Corte debería ser parte. Y otra cosa es si usamos, bajo la premisa de que podemos mejorar el funcionamiento de la Corte, herramientas que buscan condicionar a sus miembros. Entonces cuando les decimos “queremos agrandar la Corte” les estamos diciendo “queremos condicionarlos” porque van a entrar nuevos miembros. Cuando los recusamos es porque no me gustan sus sentencias, porque no los quisiste recusar al comienzo de la causa sino una vez que dictaron sentencia. Entonces, lo que querés es condicionarlos. Ahora, si querés dar la discusión de fondo, esa es una discusión que en la Argentina que viene hay que dar porque, en general, el Poder Judicial se puede mejorar y el funcionamiento de la Corte también.
— Usted integra Juntos por el Cambio, que podría llegar al poder otra vez. ¿El próximo gobierno debería hacer una reforma judicial para que funcione mejor y evite la interferencia política?
— Sin dudas, la justicia a nivel nacional puede funcionar mucho mejor, pero cualquier reforma que debería plantear el próximo gobierno a nivel nacional nada tiene que ver con lo que viene proponiendo el kirchnerismo. La justicia a nivel nacional puede mejorarse en un montón de aspectos, probablemente no bajo ninguna de las recetas que propuso el actual gobierno. Se puede mejorar en la digitalización, en los concursos, en muchos aspectos. Basta ver la experiencia comparada en otras jurisdicciones, como es la propia Ciudad de Buenos Aires. Podemos coincidir en el diagnóstico, que es que la Justicia puede estar mejor, pero, con la misma convicción, no vamos a coincidir en las herramientas para mejorar la Justicia si tomamos las propuestas del kirchnerismo.
— ¿Los jueces deben pagar el Impuesto a las Ganancias?
— Creo que sí y deberíamos ir hacia un sistema progresivo, donde al final del día equiparemos la situación del Poder Judicial no sólo al resto de los poderes del Estado sino al de cualquier trabajador.
— Ahora que usted preside el Consejo de la Magistratura de la ciudad, ¿qué es lo primero que habría que hacer para que se achique esa brecha profunda que hay entre la Justicia y la gente?
— Probablemente sea un cambio cultural y, como tal, va a llevar tiempo. Sin embargo, si tuviese que elegir algunos ejes concretos, además de seguir avanzando en la austeridad y en la cercanía, que cambian la percepción que tiene cualquier vecino respecto del Poder Judicial, agregaría que hay que seguir avanzando para ingresen las personas más idóneas, que también hace al resultado final. Eso tiene que ver con los procesos de selección, con los concursos. Quizás tampoco veamos los resultados en el corto plazo, pero va a redundar en un cambio en la percepción en el mediano y largo plazo.
— ¿Hay una idea de Rodríguez Larreta de tomar el funcionamiento de la Justicia en la ciudad de Buenos Aires como un modelo distinto del que existe a nivel nacional?
— Absolutamente, sí. Cuando uno habla de contrastar dos modelos eso también tiene que ver con cómo entendemos el vínculo con la Justicia y ahí estamos hablando de dos concepciones absolutamente distintas entre lo que se vino haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, primero en los 8 años de gestión de Mauricio Macri y después en los 8 de Horacio Rodríguez Larreta, y la permanente tentación del kirchnerismo en gobiernos anteriores y en el actual de avanzar sobre la Justicia, de condicionar a la Justicia, de no dejar que funcione con independencia. Es otro de los ámbitos en los cuales es muy nítida la diferencia entre los dos modelos.
— La justicia federal es muy permeable a la influencia política. ¿Cómo evitar que Comodoro Py sea el monje negro de los gobiernos en materia de administración de justicia?
— Probablemente, dejando que trabaje con mayor nivel de independencia, con menos involucramiento. Y dando debates de cara a la sociedad cuando se generen vacantes para que esos lugares sean ocupados por los mejores, por las personas más idóneas. Toda generalización es peligrosa y a priori tengo una opinión valorativa del Poder Judicial en general y en particular de Comodoro Py en la medida en que se los deje hacer su tarea. La política se ha sentido permanentemente tentada a involucrarse, a condicionar, a pedir, y en consecuencia eso termina contaminando los procesos. Cuando la política se corre y deja que cada uno haga su tarea, sin dudas los resultados van a ser mejores.
— ¿Qué opina sobre Marcelo D’Alessandro, envuelto en una polémica tras la filtración de los chats con algunos personajes del poder y las fuertes acusaciones por su viaje a Lago Escondido?
— En primer lugar, todo eso tendrá que demostrarlo la Justicia. Sobre todo porque hoy, como sociedad, nos estamos basando en documentación que fue obtenida en el mejor de los casos de manera irregular, con lo cual tendrá que ser la Justicia la que dictamine si efectivamente ese contenido es verosímil o no para entonces poder juzgar las actitudes de Marcelo, a quien conozco y respeto después de haber compartido muchos años de trabajo con él. Valoro la actitud que tuvo de pedirse licencia, que le va a permitir, por un lado, dedicarse a contener a su familia y, por otro lado, también a brindar las explicaciones en los ámbitos en los que tenga que darlas. Ojalá se confirme que se trató de una operación. Digo ojalá no porque uno no vaya a sorprenderse con una operación más por parte del gobierno nacional sino porque eso le permitirá en el futuro retomar sus tareas. También valoro la actitud del jefe de Gobierno de confiar en sus funcionarios y darles la libertad de que, licencia mediante, se dediquen a aclarar su situación. Eso no debería empañar el hecho de que hoy la Ciudad tiene índices récord en materia de seguridad y de lucha contra el delito. Tiene que ver con una gestión integral de la que el propio Marcelo es parte fundamental. Esa gestión seguirá a cargo de su equipo.
— ¿Lo preocupa la posibilidad de que se haya instalado otra vez en nuestro país la práctica política a través del espionaje ilegal, como quedó expuesto en el caso D’Alessandro?
— Más que preocupación, lo que sí existe es la sensación de que, ante la cercanía de las elecciones y un panorama que parece negativo para el oficialismo, nos encontremos con un oficialismo dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Y eso es peligroso porque cuando cambian las reglas del juego se vuelve muy difícil la convivencia. Hoy tiene que ver con Marcelo y mañana podrá tener que ver con otro dirigente, pero está claro que la competencia tiene que darse dentro de ciertos límites y esos límites los da la ley, la Constitución nacional. Obtener presunta información de manera irregular está fuera de esos límites. Así que lamentablemente sí hay que estar atentos a que esto no vaya a ser una constante los próximos meses, recordando que en la historia contemporánea de la Argentina, diría que en los últimos 20 años, no es la primera operación que se hace sobre algún dirigente, en la mayoría de los casos confirmándose después de que las operaciones eran falsas, pero el daño ya estaba hecho. Tal vez en este caso vayamos por el mismo camino.
