Por Cristina Fiore Viñuales (*)
Basta una simple lectura de los últimos indicadores sociales, o un poco de memoria sobre las últimas noticias locales, para advertir la tremenda ineficiencia del Gobierno Provincial a la luz de las prioridades que el mismo “trazara” en el presupuesto del corriente año. Esto desnuda, así, la penosa realidad de la falta de un rumbo definido y una planificación clara capaz de mejorar la vida de los salteños, o por lo menos trazar una expectativa clara que pueda mostrar a qué atenernos.
Efectivamente, si realizamos una suerte de ranking sobre las áreas más favorecidas en la asignación de fondos presupuestarios tenemos que, en primer lugar, se encuentra el ministerio de Educación ($81.956.700.519), seguido por Salud ($48.709.525.551), encontrándose Seguridad en tercer lugar ($34.768.389.656). Indiscutible criterio de prioridades, dada la importancia que tales temas tienen para toda nuestra comunidad.
Sin embargo, si dejamos de lado aquellas palabras -más bien números- para adentrarnos en los hechos, advertimos los pobrísimos resultados de las pruebas “Aprender”, donde “La provincia no superó el promedio nacional en las áreas de Lengua y Matemática y obtuvo un peor desempeño que en las pruebas anteriores, en 2018. El nivel avanzado cayó bruscamente 14,9 puntos porcentuales”.
La situación en materia edilicia es peor todavía, pues son varios los establecimientos que para evitar un riesgo grave a sus alumnos o por falta de baños en condiciones, tuvieron que cerrar sus puertas y volver a la “virtualidad”, porque no estaban en condiciones de seguir dando clases. Recordemos escuelas emblemáticas como la Joaquín Castellanos, apenas comenzado el año, o la Escuela Indalecio Gómez, que se le cayó un techo el mes pasado.
Por otro lado, lo que acontece en el área de Salud raya lo escandaloso. Comenzó el año con una serie de idas, vueltas y desmentidas entre los propios funcionarios que no lograban ponerse de acuerdo en un tema tan doloroso y sensible como la desnutrición infantil en el norte provincial, y sus trágicas consecuencias. Fuimos testigos de acciones judiciales a través de las cuales se obligó a la provincia al cumplimiento de la ley, como ocurrió con los facilitadores interculturales y la intimación a elaborar un plan de salud mental en el norte, llegando las actuaciones a amparar a los internos del Hospital Ragone por sus lamentables condiciones edilicias, ya en Salta capital.
En los Hospitales cabecera de Tartagal u Oran, es prácticamente imposible conseguir cualquier atención de mediana o alta complejidad. Como muestra de esto, la semana pasada observamos en Salta capital el trágico fallecimiento de una persona de 34 años, aparentemente por la falta de atención durante 6 horas del Hospital San Bernardo.
En Seguridad, asusta y preocupa la frecuencia con que leemos palabras tales como: sicario, carteles, crimen mafioso o venganza narco. Presenciamos casi con estupor como de manera increíble las autoridades confundieron un doble homicidio con un accidente de tránsito; como un sicario con alerta roja de interpol fue trasladado de Oran a Salta y, después de la visita de una persona que se hizo pasar por funcionario, esta aparece muerta con 5 tiros, y los supuestos responsables de las áreas de seguridad y del Servicio Penitenciario hagan el patético juego del gran bonete, sin que nada se esclarezca hasta ahora.
Estos ejemplos nos llaman a reflexionar sobre si realmente en nuestra provincia existe un gobierno que asigna una verdadera prioridad a las áreas de Educación, Salud y Seguridad. Algunos quizás vean estadísticas, errores administrativos o de otra naturaleza, pero lo cierto es que hay personas que ya no están, tiempo para formar y educar a niños y jóvenes que se ha perdido y que la inseguridad es una preocupación que se arraiga cada vez más profundo en nuestra comunidad.
La única certeza que en este contexto nos queda es que la ineficiencia tiene consecuencias; consecuencias graves y permanentes que las padecemos todos los salteños.
(*) Diputada provincial por el departamento capital. Abogada.