En un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, conformado unipersonalmente por la jueza Gabriela Catalano, condenó al suboficial principal de la Policía de Salta, Héctor Eduardo Maidana, a la pena de 7 años y 4 meses de prisión como autor del delito de transporte de estupefacientes agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención, en este caso, del narcotráfico.
La pena impuesta responde al acuerdo pleno presentado por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, Marcos Romero, que interviene en el caso.
De acuerdo con la acusación formulada por la fiscalía, el hecho tuvo lugar el 7 de septiembre pasado cuando Maidana, quien viajaba uniformado en una camioneta Renault Oroch, fue interceptado por un control de la Sección Vial Caparí de la Gendarmería Nacional. De acuerdo con lo narrado por el fiscal, el suboficial primero evidenció un comportamiento normal e incluso maniobró el vehículo para estacionarse sobre la banquina, tal como le fuera indicado por los gendarmes. Sin embargo, de improviso, el hombre aceleró y se dio a la fuga.
Ello motivó una persecución sobre la Ruta 34, en dirección al sector conocido como “Acceso al dique”, por donde el policía ingresó hasta llegar a metros del río Itiyuro, donde pretendía deshacerse de tres cajas que contenían estupefacientes, las cuales trasladaba en su vehículo. Cuando los gendarmes arribaron al lugar, el hombre intentaba infructuosamente arrojar las cajas, pero fue detenido. Al requisar el vehículo, se hallaron 146 kilogramos de cocaína, su arma reglamentaria, 612 mil pesos, tres teléfonos celulares y otros elementos de interés.
Así, bajo la supervisión del auxiliar fiscal Rafael Lamas, se continuó con la investigación, que incluyó -luego de la detención de Maidana- la realización de tres allanamientos simultáneos, y el análisis de documentación y la información extraída de los teléfonos secuestrados.
Oportunamente, la fiscalía arribó a un acuerdo con la defensa de Maidana, para determinar la imposición de una pena de siete años y cuatro meses de prisión, la cual fue aceptada por el acusado, quien reconoció su responsabilidad en el hecho de transporte de estupefacientes.
En virtud de ello, la jueza Catalano homologó el acuerdo alcanzado y dispuso la condena del suboficial, la aplicación de una multa cercana al millón de pesos y el decomiso de la camioneta y el dinero secuestrado en el procedimiento.
