Tras una serie de denuncias, la primera el 20 de marzo en la Comisaría 11 de General Güemes, donde en todas se requiere que se tomen medidas urgentes que nunca se llevaron a cabo por la Justicia ordinaria, y ante la gravedad del hecho, el sábado pasado la doctora Sandra Domené trasladó la acusación a la Justicia Federal, solicitando sea dicho fuero el que investigue. La acusación involucra a un contador, a un exmiembro de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, un civil y varios profesionales del Derecho.
La demanda apunta a prender las alarmas frente a la impunidad que trasciende en la provincia luego de una denuncia. En connivencia, los acusados habrían actuado en la realización de un plan criminal que tenía como objetivo secuestrar a la abogada y a su cliente.
Desde que el contador público Marcelo Omar Córdoba, de General Güemes, fue imputado a raíz de cuatro denuncias por abuso sexual con acceso carnal, amenazas y desobediencia judicial en concurso real, las víctimas del contador, entre ellas la actual presidenta del Concejo Deliberante de Güemes, Liliana Santillán, siguen siendo blanco de amenazas y hostigamientos. Al parecer, y no satisfecho con eso, fue más allá y también amedrentó a la abogada querellante.
"Me mantuve en silencio todo este tiempo pero hoy (por ayer) ya llegaron hasta la puerta de mi casa y todo tiene un límite", sostuvo Domené en diálogo con El Tribuno. La letrada refiere a la visita de dos hombres que en la mañana de ayer tocaron la puerta de su casa, "estaban bien vestidos, con zapatillas Adidas y extrañamente pidiendo fideos para comer", contó. Sospecha que es parte del plan de intimidación que vienen ejerciendo contra su cliente, la señora Santillán, y contra ella.
En ese momento Domené no se encontraba en su domicilio, sin embargo vecinos filmaron a los individuos, quienes se acercaron a la casa de la abogada sin tocar las puertas de otros domicilios. Luego de lo ocurrido, Domené se dirigió hasta la dependencia policial con el video como prueba, sin que hasta el momento se sepa algo al respecto.
"Decidí hacerlo público porque yo como abogada no toleraré que en el ejercicio de mi profesión se me amedrente. Espero que el gobernador actúe en consonancia a las denuncias efectuadas, a su cargo está el resguardar la seguridad de los ciudadanos y en mi cargo como profesional. De lo contrario seremos la próxima Rosario", apuntó la abogada.
El desencadenante de la elaboración de un plan criminal con intenciones de secuestro, torturas y hasta amenazas de muerte deriva de la denuncia que Liliana Santillán le efectuó a Córdoba, su expareja, por abuso sexual.
La fiscal realizó el decreto de remisión o elevación de la causa a juicio. La querella efectuó la acusación y se le corrió vista a la defensa.
En los primeros días de marzo la titular del Concejo Deliberante de Güemes se enteró de que un exmiembro de la Brigada de Investigaciones, un tal Cardozo, había ofrecido una suma importante de dinero para obtener información acerca de otra de las mujeres que denunció al contador Córdoba.
Reunión vip y torturas
El testigo, que pidió reserva de su identidad, mantuvo una conversación de tres horas con la abogada denunciante donde le brindó todo tipo de información. Desde una reunión vip que se llevó a cabo en un departamento del contador Córdoba, en el Complejo Arenales de Salta capital, con la presencia de personajes ligados al poder, hasta lo que el contador tenía pensado hacer con su expareja, Liliana Santillán, y su abogada querellante, la doctora Domené.
"Ahí me cuenta que nos querían secuestrar, torturar, quebrar unas cuantas costillas y que Cardozo hiciera con Santillán lo que quisiera. Conmigo, como soy abogada, algo más grave. Para que la señora Liliana no hable más, me contó que se iba a tocar a un hijo. Inmediatamente le dije que mi cliente no tiene hijos, la que tiene hijos soy yo", sostuvo Domené.
Existen mensajes, declaraciones y audios, donde se prueba el plan criminal para el cual el contador Córdoba habría contratado a personas.
El lugar donde tenían pensado llevar a cabo el plan de torturas y todo tipo de ultrajes, según la denunciante, era en la finca El Torzalito, propiedad del imputado Córdoba, a nombre de otra persona. "Me contó que Cardozo ya había ido a ver dónde y cómo iban a ejecutar la tarea", es decir que el plan se estaba por ejecutar.
Conformación de un grupo B
El hombre que habló con la abogada Domené contó también que se había conformado por Cardozo un "grupo B", integrado por personas que participaron de una mudanza a fines de febrero en la casa del contador, en General Güemes. A ese grupo también lo conformaba un cliente perteneciente de un exfiscal penal de Anta.
Fuente El Tribuno
