El juez Javier Aranibar ordenó el traslado del imputado a la Unidad Carcelaria 1 y recomendó que se someta a tratamiento psicológico, previo examen que acredite su necesidad. Además, dispuso que se le realice examen médico y extracción de material genético para su inscripción en el Registro nacional y provincial de condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.
Por otro lado, el juez ordenó la privación de la responsabilidad parental del condenado.
El 8 de enero de este año, dos efectivos del puesto policial Rodeo Colorado fueron comisionados para verificar una denuncia que había hecho llegar por escrito la madre de las víctimas a la comisaría de Iruya. La nota decía: “Hágame el favor de hacerle saber a la policía que venga, que hay amenaza con arma blanca y abuso sexual de dos menores”.
Cuando los policías llegaron al paraje donde residía la denunciante, les contó que su concubino O. S., con quien tenía ocho hijos, había abusado de las dos mayores, de 13 y 14 años.
La mujer relató que 1 de enero, por la noche, había encontrado a una de las víctimas escondida debajo de la cama. Al preguntarle por qué estaba ahí, la menor le dijo que su padre había abusado de ella. Le manifestó que las agresiones habían comenzado cuando ella tenía 10 años y que su hermana de 13 años también era víctima del imputado.
La adolescente le contó a su madre que O. S. las sometía sexualmente cuando se encontraba alcoholizado.
La denunciante habló inmediatamente con su pareja para saber si era verdad y él admitió los abusos diciéndole: “Sí, es verdad. Lo hice pensando que eras vos”.
