La jueza de Violencia Familiar y de Género 1 de Orán, Adriana Maidana Vega, ordenó el apartamiento de la encargada de los dispositivos "Pequeños Hogar" y "Hogar Don Bosco" de la ciudad de Orán, a cargo Desarrollo Social de la Provincia.
Ordenó también a los profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público, y del Servicio Médico del Poder Judicial que concurran a esos dispositivos y constaten el estado general de los menores allí alojados. En su resolución, la jueza dispuso una custodia policial de civil por el plazo de diez días en esos dispositivos. La causa se inició por una presentación de la Asesora de Incapaces 1 de Orán, en representación de una adolescente alojada en uno de los dispositivos. La menor recibió la ayuda de la madre de un compañero de colegio para exponer algunos hechos de maltratos y otros episodios de gravedad que ocurrían tanto a ella como a los otros menores alojados.
Dijo la jueza que la amenaza o vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito intrafamiliar habilitan el dictado de las medidas de protección por parte de los organismos administrativos. En este caso se trata de una guarda delegada que por el trato cotidiano y la confianza en su custodia se asimila al trato familiar, y ante la mera sospecha de maltrato infantil la protección será urgente.
Las denuncias referían a maltratos permanentes, encierros, golpes y hasta falta de alimentación por parte de quien sería la persona responsable de estos establecimientos, todo ello en el marco de una visita que realizaron desde el Juzgado de Familia Nº 2 de Orán, a cargo de la Dra. Ana María Carriquiry, quien inmediatamente tomó una serie de medidas a la Secretaría de Primera Infancia de Salta Capital, la Delegación de Orán, el Asesor de Incapaces Nº 2, la Asesora de Incapaces Nº1, a la Corte de Justicia de Salta, a la Secretaría de Derechos Humanos y también al Comité contra la Tortura y malos tratos.
Según fuentes reservadas revelaron la supuesta vinculación laboral de la encargada con la Municipalidad de Orán, a quien acusan de amenazar a operadoras y chicos para esconder los hechos puertas adentro.
Ella misma sería quien disponía el trabajo extra e impago de las operadoras y operadores, que si bien tienen un contrato de 30 horas, debían trabajar entre 40 a 52 horas semanales sin recibir remuneración alguna.
En cuanto a los chicos y chicas, que llegan a estos dispositivos en situación de vulnerabilidad, se pudo conocer que existen restricciones de todo tipo para con ellos, además de carecer de elementos mínimos e indispensables para su vida diaria: no hay artículos de limpieza, no habría papel higiénico, no tienen ropa interior, falta mercadería, los menús están puestos pero no se cumplen, falta pan en los desayunos, habría chicos que necesitan atención odontológica, otros están con problemas de visión y deben recibir atención. La situación es tan tensa que un chico habría pedido ayuda a los vecinos a gritos, según consignó El Tribuno.
Si bien las denuncias se conocieron en los últimos días la situación en los hogares ya venía siendo expuesta desde agosto.
