En el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal celebrada ayer, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación requerida por el fiscal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de Salta, contra Alfredo Tapia, Joaquín Salazar Choque, Fabiola Chávez Paz y los hermanos Adrián y Jacinto Alvarado López, por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
En su relato, el fiscal contó que, en la madrugada del lunes, personal de la Sección Cafayate de la Gendarmería Nacional detuvo, en la ruta 68 a la altura del paraje “Tía Jacinta”, a una camioneta Chevrolet S-10. En la misma viajaban Tapia y los hermanos Alvarado López, quienes lo hacían de Jujuy a El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, aunque, luego se rectificaron y afirmaron que iban a Buenos Aires.
Al controlar el vehículo, los gendarmes advirtieron una cinta de sujeción, colocada a la altura del tanque de combustible, lo que les resultó sospechoso. Asimismo, a los pocos minutos, apareció una camioneta Hyundai Tucson, en la que iban Salazar Choque y Chávez Paz.
Cuando Salazar Choque entregó a los oficiales la documentación del vehículo, estos advirtieron que tenía una cédula azul a nombre de Tapia, quien se trasladaba en la otra camioneta, por lo que se estableció que los cinco acusados viajaban en convoy.
A ello, se sumó otra observación clave en los burletes de las puertas del auto, por lo que al examinar más a fondo notaron que la alfombra estaba pegada al piso de una manera extraña. Así, bajo la dirección de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejos y Ana Gómez Rincón, se procedió a una requisa más profunda.
Una vez que se removió la alfombra, se descubrió un habitáculo en el piso de la camioneta Hyundai, -que se extendía por gran parte del rodado- el cual se desmanteló para extraer 55 paquetes de droga.
Con la prueba de campo, se pudo determinar que se trataba de cocaína con un peso de 58 kilos. También se secuestraron seis teléfonos celulares y una suma total de 140 mil pesos, la documentación de los vehículos y otros elementos de interés.
Tras describir el hecho, la fiscalía se refirió al encuadre legal y la prueba reunida, con lo cual fundó la imputación penal, solicitó autorización para avanzar con otras pericias técnicas, estableció un plazo investigativo de 40 días y solicitó la prisión preventiva de todos los acusados.
En tal sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó la gravedad del hecho y el riesgo de fuga- También destacó que, de los informes migratorios se estableció que los acusados tenían el dominio de la droga, la cual habría sido adquirida en Bolivia, para luego iniciar su traslado al sur de nuestro país.
El fiscal Toranzos sostuvo que, en ese marco, cada uno de los acusados cumplió un rol determinado en la empresa delictiva, y señaló la falta de arraigo de dos de ellos. También indicó que, dada la escala penal del delito imputado, las penas que podrían recaerles no serán de cumplimiento condicional.
A su turno, sólo uno de los acusados aceptó declarar y lo hizo para tratar de desvincular a Chávez Paz, respecto de quien la fiscalía había solicitado que la medida de coerción exigida fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario.
De esta manera, y sin controversias por parte de la defensa, el juez dio por formalizada la investigación penal en los términos planteados por la fiscalía.
