Desde la fiscalía se pidieron penas de hasta 20 años de prisión para los miembros de esta asociación ilícita. Por ello, Carlos Amad fiscal general en la causa, paso por los micrófonos de Agenda/Salta para contarnos el porqué del pedido.
Luego de un tiempo de investigación y audiencia, se llegó al alegato, donde se pondera todos los aspectos positivos y negativos, cada uno de los elementos, se explica a los imputados y a los jueces porque el pedido de la pena que se pidió. ‘’Los delitos de asociación ilícita, lavado de activos son delitos muy graves, desde la asociación criminal, donde se lavaron millones de pesos, se compraron extensiones de tierras, infinidad de maquinaria con dinero del tráfico de droga’’ inició explicando el fiscal.
En esta causa, quedaron probados la relación que tenía el clan con otras organizaciones de países extranjeros, mismas que en gran parte también fueron condenadas. En la conocida causa de Carbón Blanco, se pudo comprobar el nexo entre Delfín Castedo y el cabecilla de tal organización, que al mismo tiempo era su abogado. Por otro lado, para la causa del homicidio de Liliana Ledesma, tendrán que responder los tribunales de la provincia de Salta, y realizarse un juicio por aparte.
La organización habría dado sus inicios con el diputado provincia Aparicio, por él es que la investigación inicio y se encontraron con los nombres de la familia Castedo. Una vez que la familia quedo a cargo del narconegocio, se realizaron las compras de las fincas, en donde se triangulaba dinero con firmas en Uruguay.
Entre los involucrados se encuentra la familia Yudi, quienes le dieron trabajo a la familia y quedaron vinculados a través de la venta del terreno conocido como El Aybal, así como también el Sr. Eduardo Torino.
El pedido de penas
Para Delfín Castedo, el MPF requirió una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa de 650 mil pesos por considerarlo jefe de la asociación ilícita, además de acusarlo por dos hechos de falsificación de instrumento público y dos hechos de uso de documento público. Con respecto a su hermano Raúl, se solicitaron diez años de prisión y una multa de 100 mil pesos por integrar la asociación ilícita.
Por el mismo delito se acusó al martillero público Eduardo Torino y se pidió una pena de ocho años de prisión con una multa de 200 mil pesos. En el caso de Melba Araujo, ex pareja de Delfín Castelo, no solo fue considerada integrante de la asociación ilícita sino también coautora de un hecho de lavado de activos, por lo que la fiscalía solicitó nueve años de prisión y una multa de 640 mil pesos.
Al comerciante Luis Yudi se lo consideró integrante de la asociación y se lo acusó también por el delito de “encubrimiento agravado de activos de origen delictivo'', por lo que se le pidió una condena de ocho años de prisión y una multa de 600 mil pesos. Con respecto a Alberto Yudi y su hijo Mario -ambos comerciantes-, la fiscalía pidió penas de ocho y siete años de prisión respectivamente por ser miembros de la asociación ilícita y por ser responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo. También se le requirió para ellos el pago de una multa de 1.200.000 pesos para cada uno.
Modus operandi
En su alegato, que se extendió durante dos jornadas, la fiscalía detalló la responsabilidad de cada uno de los acusados, sus vínculos con otras organizaciones del narcotráfico tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.
En ese sentido, dejaron evidenciado que entre todos los imputados existió un acuerdo de voluntades dirigidos a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de hechos, no sólo vinculados al tráfico de estupefacientes, sino también a otros delitos aleatorios. Mencionaron allí las amenazas e incluso el asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La mujer había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano, pues el campo colinda en el país vecino con una propiedad perteneciente a una hermana.
En ese sentido, el fiscal Amad afirmó que la organización comenzó a operar en 1999 y perduró hasta el 22 de julio de 2016, cuando su líder fue detenido tras permanecer 10 años prófugo. Cabe resaltar que tenía un pedido de captura por su participación justamente como autor intelectual del crimen de Ledesma. Con respecto a este punto, la fiscalía había solicitado al tribunal que asuma la competencia en el homicidio -hecho del cual solo resta juzgar a Delfín y Raúl Castedo- pero los jueces rechazaron el planteo.
Vínculos
La fiscalía explicó luego que en los inicios de la banda, el líder era el fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio, dueño de la finca El Pajeal. Rápidamente Castedo se posicionó al frente de la organización y asumió el dominio del lugar donde se montó una “aduana privada”. A lo largo del juicio, que comenzó en noviembre de 2021, los distintos testigos dejaron en claro que la utilidad de esas tierras estaba vinculada a las drogas.
Con respecto a esto, el auxiliar fiscal dejó en claro que los imputados llevaron adelante maniobras destinadas al resguardo de las actividades de narcotráfico y enumeró los pasos dados por la organización para expandir el uso de la frontera, lo que lograron con la compra de la finca El Aybal, con lo que monopolizaron el abastecimiento de droga dentro del país.
En otro tramo de la exposición, el MPF expuso los vínculos de los acusados con otras organizaciones narcocriminales, como la liderada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, condenado por contrabandear más de una tonelada de cocaína a Europa en la causa conocida como "Carbón Blanco".
El auxiliar Viltes Monier resaltó ante los jueces las llamadas interceptadas durante la investigación llevada a cabo por la PROCUNAR NOA donde los acusados, pese al uso de lenguaje encriptado, dejaron en evidencia los fines ilícitos de la organización.
El MPF sostuvo también que los acusados “alteraron la paz social” de la localidad de Salvador Mazza debido a los “constantes conflictos” creados por la insistencia de los Castedo en vedar el paso de puesteros a los camiones ya existente en ambas fincas, debido a que buscaban mantener en secreto el libre paso de la droga.
Los fiscales indicaron que la organización fue una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado ya que Castedo no sólo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino también contó con la cobertura legal del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso. El ex magistrado fue acusado de fraguar una declaración indagatoria de Castedo, acto procesal que le permitió mantenerse en la clandestinidad.
Las fincas y los decomisos
Durante su exposición, la fiscalía detalló la compleja trama de compra y venta de las dos fincas, a través de testaferros. “Mario Yudi, un joven de 22 años, aparece como el comprador de la finca El Pajeal, por la cual pagó 600 mil dólares, dinero que no tiene manera de justificar”, sostuvo al respecto el fiscal general. En cuanto a la adquisición El Aybal, en la cual se realizó una operatoria similar, el auxiliar fiscal dio detalles de la maniobra y dejó expuesta la labor de un escribano en la compra de la propiedad, ya que no dejó asentado el origen del dinero, tal como lo exigen las normas legales vigentes. A la fecha de la transacción, el hombre -que fue testigo en el juicio- presidía el Colegio de Escribanos.
Por estos motivos, la fiscalía pidió el decomiso de ambas fincas, junto con un auto, una camioneta, ocho máquinas topadoras, una casa rodante, seis acoplados, dos tractores, dos máquinas aradoras, dos sembradoras, un generador eléctrico, un contenedor, una fumigadora, cuatro extractores y una estructura metálica, entre otras maquinarias agrícolas.
En este punto, el fiscal general planteó al tribunal la creación de una comisión especial, constituida con operadores del gobierno federal y provincial, referentes del ámbito universitario y expertos en geología y antropología, a fin de darle a esa extensión territorial una utilidad de provecho y, sobre todo, pública. “El objetivo de este pedido no sólo apunta a sacar esa extensión territorial del dominio de los acusados, ya sea por sí o por testaferros, sino también revertir la utilidad que se le daba por otra que permita actividades educativas y científicas; y que no sea solo una frontera seca”, remarcó.
