El sujeto fue denunciado por el padre de las damnificadas. Refirió que, al momento de los hechos, se encontraba separado desde hacía tres años de la madre de las menores. En razón de esto, mantenía un régimen de visita con sus hijas.
En uno de sus encuentros las niñas le contaron que su tío las tocaba en sus partes íntimas con el pretexto de hacerles "cosquillas". El imputado, que era docente en Iruya, y ahora concejal de Campo Quijano, cometía los abusos cuando se quedaba a dormir en casa de su madre, abuela materna de las menores.
La jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, ordenó que el imputado siga en libertad por la modalidad de la condena dictada. Para conservar la prisión en suspenso deberá cumplir una serie de obligaciones durante dos años, como abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; procurar una actividad laboral lícita y de acuerdo a sus capacidades; realizar tratamiento psicológico y presentar constancias cada dos meses; prohibición de ejercer actos de violencia y contra las víctimas y de acercarse a ellas, a su domicilio y lugares que frecuenten en un radio de 200 metros.
Según consignó la Voz de Salta, se trata del concejal Carlos Guillermo Carrazano, quien ingreso al Concejo Deliberante de Campo Quijano por “Salta nos une”, y era investigado desde el 22 de septiembre de 2019, bajo el expediente N°71353/21 del Juzgado de Garantías 1.
Para llegar a esta instancia, el concejal acepto culpa del delito que se le imputa. Aparentemente, nunca dio aviso en el Concejo Deliberante de Campo Quijano que este martes tenia audiencia en donde se le dictó la condena. O quizás sí lo hizo, pero sus pares no optaron por pedir su renuncia.
En esta localidad, todos saben de los delitos atribuidos a este edil, incluso se le había pedido antes de asumir, que no ocupe el cargo hasta no saber la sentencia definitiva de su caso. Llamativamente, con condena y aceptando su culpabilidad de los hechos de abuso, el presidente del Concejo Deliberante. Ariel Gallardo, hizo oídos sordo del dictamen judicial. La ley contempla que los condenados no pueden ocupar cargos públicos. En Campo Quijano el cuerpo en su totalidad no tiene en cuenta la culpa del condenado concejal. Es decir, que en Quijano tienen un concejal condenado por abuso de menores de edad y sus pares no les interesa la gravedad de la situación.
Se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de las menores y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Ley 23849) y las Leyes 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.
