El Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera, solicitó apartar del cargo a Carolina Solís, actual secretaria de Hacienda de la Municipalidad –hermana del intendente-, hasta tanto las investigaciones judiciales sigan su curso.
El pedido fue aprobado en la mañana de ayer, y responde a que la funcionaria sigue desempeñando sus actividades con normalidad, pese a que sobre ella hay una investigación sobre fraude con cuentas públicas.
En ese sentido, el presidente del Concejo Deliberante, Kuldeep Singh afirmó que "nosotros nos constituimos como querellante en dos causas; una que está relacionada con el cobro irregular de planes y la otra es por sospechas que pesan sobre la funcionaria en cuanto a cheques y facturas".
"Ya serían dos las causas, más una ampliación de denuncia por parte del fiscal, entonces consideramos que hay un tercer hecho", explicó.
"Para una persona que maneja un área tan importante como es la Secretaría de Hacienda y está imputada en esto lo mínimo que se puede pedir es que desde el Ejecutivo sea apartada del cargo. Sería lo más lógico".
"Hay otra persona que por esta causa está detenida y sigue presa, mientras que a la secretaria la detuvieron y al otro día quedó liberada. Pero lo más agravante es que Solís sigue en su cargo", manifestó Singh.
A su vez, remarcó que "cuando ingresamos en este Concejo dijimos que íbamos a tratar de ser al máximo el órgano de contralor dentro de lo que la Justicia nos permite. Lo que hoy hicimos es simplemente hacer una solicitud en la cual le pedimos al Ejecutivo que escuche lo que pide la población, que es que la aparten del puesto, y creo que este pedido no tendría que haber sido tan acalorado para algunos. Es más, también creemos que ni siquiera tendríamos que haber llegado a solicitar como Concejo este pedido, sino que esta actitud tendría que haber nacido por parte del mismo Ejecutivo, ya que la imputación es realmente grave".
Se habló de "autoridad moral", pero no de corrupción en la municipalidad
Una vez leída la solicitud al Ejecutivo municipal sobre el pedido, la concejal oficialista Blanca López manifestó que "hay que tener demasiada autoridad moral para ponernos a escribir y a juzgar a los demás. A esa persona (por Carolina Solís) la tiene que juzgar la Justicia, como corresponde", agregó indignada.
El presidente del cuerpo deliberativo, según consignó El Tribuno respondió que no se trata de ser bueno o malo. "En cuanto al derecho moral de los concejales de hacer el pedido, eso lo sabe cada uno en su interior, quien lo tiene y quien no, pero hoy desde el Concejo tenemos que cumplir con algo para lo cual nuestro pueblo nos eligió, que es representarlos y es lo que nos pide la gente".
El fiscal penal Rodríguez López lleva adelante la causa por la supuesta emisión de cheques del municipio para una persona registrada como proveedor y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal. El fiscal amplió la acusación contra la secretaria de Hacienda Municipal de la comuna.
Allanamiento y detención de la Secretaria de Hacienda
Un equipo de la fiscalía penal de Rosario de la Frontera, bajo las órdenes del fiscal Nicolás Rodríguez López, se presentó en el municipio con una orden de allanamiento, y una vez autorizados se dirigieron hacia algunas oficinas en busca de documentos e información, ahí estuvieron hasta aproximadamente las 14. Según el Ministerio Público Fiscal, la principal investigada es la secretaria de Hacienda, Carolina Solís Mónico, quien fue detenida, luego fue puesta en libertad. Aunque no quisieron adelantar más datos hasta la imputación, que según informaron, será hoy.
Minutos más tarde el Ejecutivo emitió un comunicado en el que confirmaba lo sucedido aclarando que sus autoridades colaboraron en todo momento, “con todos los elementos necesarios para la realización de las medidas solicitadas”.
A juicio
Al golpe que significó el allanamiento y la detención de la hermana del intendente y secretaria de Hacienda, se les sumó un nuevo revés horas más tarde, cuando se enteraron que el fiscal penal Oscar López Ibarra requirió elevar a juicio la causa en la que se encuentra imputados desde septiembre del año pasado Solís y seis de sus funcionarios ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán.
En esta causa están acusados Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado del intendente), Orlando Rubén Cárdenas (jefe de Pagos), Silvia Carolina Solís Mónico (secretaria de Hacienda) y Antonia Silvia Acosta (tesorera) como coautores de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con los delitos de falsedad de instrumento público y peculado.
Mientras que a Solís lo imputó como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe en concurso real con los delitos de peculado y falsedad de instrumento público. A José Luis Feres, como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con falsedad de instrumento público y como partícipe necesario de peculado. También están acusados Juan Alberto Saldaño y Gustavo Alfredo Villagrán, como partícipes necesarios del delito de peculado dada la cooperación que se habrían realizado en la comisión del ilícito endilgado a los demás.
La investigación, contaron, se inició en el 2019 ante la denuncia de vecinos de esa ciudad por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que aseguran no haber percibido dinero alguno.
En la fundamentación, el fiscal penal sostiene que en el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación.
Además, según la fiscalía, se detectó el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario.
El fiscal López Ibarra resaltó una situación de permanencia en el tiempo, de regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común, que era “la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de los fondos públicos para su beneficio o de terceros”.
Solís ya denunció persecución política por parte del gobierno provincial por no pasarse al oficialismo, cuando en 2020 la Auditoría General de la provincia, a través de Mariano San Millán, se presentó en fiscalía a denunciar irregularidades en las cuentas del municipio pero durante el período 2017, y que ya habían sido auditadas en 2018.
