La fiscal penal (i), Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VII del Tribunal de Juicio, Distrito Centro, en la audiencia de debate contra dos hombres de 32 y 43 años de edad por el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.
La mañana del 22 de julio de 2018, cuatro amigos regresaban de una fiesta caminando por la banquina derecha de la Ruta Nacional 68 y compartiendo una gaseosa. De forma imprevista, fueron interceptados por efectivos policiales que se desplazaban en una camioneta. Los agentes descendieron del vehículo y, en voz alta, les ordenaron que tiraran lo que estaban bebiendo.
Uno de los jóvenes respondió que solo estaban bebiendo gaseosa. Sin embargo, uno de los efectivos reaccionó sacando la cachiporra y golpeando la botella, para luego asestar un segundo golpe en el brazo izquierdo del joven, a la altura del codo. Tras esto, los uniformados subieron nuevamente al móvil policial y se retiraron.
A pocos metros del lugar donde los habían interceptado inicialmente, los policías volvieron a alcanzarlos. El mismo efectivo que había golpeado con la cachiporra a uno de los jóvenes le propinó nuevos golpes, esta vez en la cabeza y en el dedo meñique. En un intento de defenderse, el joven le arrebató la cachiporra al policía y la lanzó hacia un descampado para evitar que continuara golpeándolo, tras lo cual salió corriendo.
El uniformado tomó una escopeta y disparó contra el joven, quien, junto a sus amigos, continuó corriendo hasta llegar luego, al centro de salud del barrio Intersindical. Allí recibió atención médica por las heridas causadas por el disparo. Uno de los impactos lo alcanzó en la espalda y el otro en el glúteo izquierdo.
En su rol de funcionarios policiales, actuaron con un claro exceso de sus funciones. El acusado de 32 años, quien al momento de los hechos se desempeñaba como agente, fue señalado como autor de vejaciones, ya que agredió al damnificado mediante golpes y disparos con balas de goma, causándole lesiones.
Todo ello, afirmó la fiscalía, corroborado por las pruebas documentales, informes médicos y fotografías, lo que corrobora las lesiones sufridas. Asimismo, se encuentran los testimonios que dan cuenta del hecho y del perjuicio causado contra la integridad física del damnificado.
Por su parte, el acusado de 43 años, quien se desempeñaba como sargento al momento del incidente, también fue imputado por el mismo delito, pero en calidad de omisión. Según la fiscalía, el sargento presenció los hechos y habría permitido que se cometieran las vejaciones. Además, habría utilizado su arma reglamentaria para intimidar a los jóvenes con un propósito de burla o sorna, sin justificación alguna.
El Juez Francisco Mascarello condenó a los acusados a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial de 5 años por considerarlos penalmente responsables del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia.
En el mismo fallo, el Juez les impuso a los condenados, reglas de conducta por el término de 2 años y 6 meses, entre ellas, someterse a tratamiento psicológico por el tipo de delitos por el que fueron condenados y ordenó el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados.
