Una sentencia judicial que marca un buen mensaje ante varios casos en los que se juega con la ilusión de la gente. Miguel Félix Miranda, un ex policía que se reconvirtió en supuesto desarrollador inmobiliario, fue condenado a cinco años de prisión efectiva por haber estafado a decenas de personas con la venta de terrenos en dos emprendimientos ubicados en La Merced y San Agustín.
El Tribunal de la Sala VI del distrito Centro, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Mukdsi y Guillermo Pereyra, encontró a Miranda penalmente responsable de 15 hechos de estafa en perjuicio de terceros compradores en el Loteo La Merced, administración fraudulenta del Loteo Portal San Agustín y cuatro hechos de estelionato en este último emprendimiento. También fue absuelto por algunos cargos menores.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic, quien expuso en el debate una extensa carga probatoria que incluyó más de 120 testigos, pedidos de informes a empresas, organismos públicos y allanamientos en al menos cinco domicilios del imputado, donde se encontraba dispersa documentación clave de los loteos. Desde el entorno judicial destacaron la minuciosidad del trabajo del fiscal, que permitió visibilizar el alcance del daño causado.
La maniobra
Miranda, a través de su firma M&M, inició sus actividades en el rubro a partir de un loteo en una finca de la familia Pandolfi, en La Merced. Luego fue recomendado a la familia Murga, titular de una finca en San Agustín, con quienes firmó un contrato en 2017 (ampliado en 2019) para desarrollar el Portal de San Agustín, un loteo de más de 380 parcelas.
El acuerdo preveía que Miranda se haría cargo de las obras básicas de infraestructura (agua, energía eléctrica, calles y alumbrado) y de todos los trámites administrativos ante los organismos correspondientes. También debía entregar la mitad de los lotes a la familia propietaria. Nada de eso ocurrió.
El ex policía ejecutó algunas obras superficiales para dar apariencia de avance, pero no cumplió con la presentación de planos ni con las gestiones necesarias ante la Dirección General de Inmuebles, Recursos Hídricos, EDESA, Agua del Norte ni la Municipalidad. Aún así, comenzó a vender los terrenos a terceros sin contar con autorización legal ni matrícula catastral individualizada.
No presentó papeles
Según sus propias palabras, Miranda reconoció haber vendido al menos 177 lotes, pero nunca rindió cuentas ni entregó documentación detallada. A raíz de esta falta de transparencia, no se logró identificar con precisión a todos los compradores, lo que representa un obstáculo para avanzar en la regularización de los terrenos.
"La decisión de investigar y llevar a juicio a desarrolladores truchos es clave para frenar el chantaje inmobiliario. Este fallo marca un antes y un después en la forma de abordar estas estafas, que muchas veces quedan impunes o en la nebulosa", cerraron desde el estudio de los abogados Jorge Ovejero y Carlos Oliver, que representaron a la familia Murga.
"Se deben presentar con sus boletos de compraventa"
Los abogados Jorge Ovejero y Carlos Cayetano Oliver, representantes de la familia Murga, hicieron un llamado público a las familias damnificadas por el expolicía Miguel Miranda.
"Invitamos a todas las personas que hayan comprado terrenos a Miguel Félix Miranda en el Loteo Portal de San Agustín a que se presenten con sus boletos de compraventa y comprobantes de pago en las oficinas de SEGHEBA SRL, empresa actualmente a cargo del desarrollo. Esta firma asumió la responsabilidad de finalizar las obras y constituyó un fideicomiso para garantizar los derechos de los compradores, pero es clave que sepamos quiénes son. No hay registros completos por culpa de la omisión de Miranda en rendir cuentas", explicaron.
El estudio advirtió que este caso pone en evidencia una problemática social profunda, que afecta a cientos de familias salteñas que buscan acceder a una vivienda digna.
"Esta condena debe ser un mensaje para todos los que se autoproclaman desarrolladores de loteos en Salta. Detrás de estos negocios hay personas reales, muchas de ellas vulnerables, trabajadores, policías, docentes, comerciantes, que terminan perjudicados por maniobras inescrupulosas. El desarrollo inmobiliario debe hacerse con responsabilidad, conforme a la normativa vigente, y con respeto por los derechos de los propietarios de la tierra y los compradores", indicaron los abogados.
Finalmente, remarcaron la importancia de que el Ministerio Público Fiscal actúe en estos casos como lo hizo el fiscal Córdoba Mazuranic al llevar adelante una investigación en profundidad.
Un informe revela el desastre que dejó Miranda
En agosto de 2022, la empresa Segheba SRL elaboró un informe técnico que reveló el grave estado de abandono y las múltiples irregularidades que presentaba el loteo Portal de San Agustín, ubicado en el departamento Cerrillos, luego de la salida de Miguel Félix Miranda, ex policía condenado recientemente por estafa y administración fraudulenta. La familia Murga, propietaria de las tierras, había decidido entonces rescindir el contrato con Miranda y delegar la responsabilidad del desarrollo urbanístico a Segheba, que al asumir la gestión, realizó un relevamiento detallado tanto técnico como fotográfico del terreno.
El informe evidenció desde un inicio que no existía ningún Estudio de Impacto Ambiental y Social presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, y que tampoco se habían tramitado ante la Dirección General de Inmuebles los procedimientos correspondientes a la mensura y loteo del terreno, identificado con la nomenclatura catastral 7.566. Se detectó además que el plano visado por la Municipalidad carecía de respaldo técnico, y que el único plano presentado por Miranda era atemporal y sin consistencia legal.
Segheba inició una serie de trabajos estructurales para recomponer el desarrollo. Entre ellos, el estaqueo total de los lotes, la limpieza general del terreno con maquinaria pesada, la apertura y nivelación de calles, entre otros.
En relación a los trámites ante la Secretaría de Recursos Hídricos, se confirmó que el expediente de no inundabilidad presentado en 2021 por Miranda no incluía planos de detalle ni obras sobre los desagües pluviales, lo que lo volvía inaceptable para cualquier aprobación futura. Ante esa situación, Segheba realizó un nuevo relevamiento planialtimétrico, diseñó el sistema de desagües, presentó un nuevo proyecto completo y abonó nuevamente los aranceles para iniciar el trámite formal.
En cuanto al servicio de agua, el diagnóstico fue igualmente crítico. La obra existente era parcial y deficiente: el pozo contaba con cañerías de diámetro insuficiente para abastecer los más de 380 lotes del loteo. No estaba equipado ni automatizado.
Se encontró un panorama desolador
Por el lado del suministro eléctrico, Segheba accedió al proyecto aprobado por EDESA luego de varios requerimientos, y comprobó discrepancias entre ese plano y el diseño municipal. Los postes colocados estaban inclinados y fuera de norma, lo que suponía un peligro y un nuevo obstáculo técnico a resolver.
En las inspecciones de campo, el equipo de la empresa encontró un panorama desolador. Las calles estaban apenas demarcadas, sin nivelación ni enripiado. El paso del tiempo y la falta de mantenimiento habían hecho desaparecer caminos, los desagües estaban colapsados, y los terrenos estaban cubiertos de pasto cubano. Muchas de las parcelas eran intransitables, especialmente en el perímetro oeste. Las veredas estaban inhabilitadas y el ingreso al predio estaba cerrado por un alambrado precario.
El predio del pozo, pieza clave del sistema hídrico del loteo, se encontraba en condiciones mínimas. Solo había una casilla sin terminar, sin cámaras, sin luminarias exteriores ni obras de soporte.
