La Sala 1 del Tribunal de Juicio condenó a Mariana Belén Cardozo Sosa a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autora del delito de defraudación especial por administración fraudulenta.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio y fue quien estuvo a cargo de la investigación que derivó en la condena.
En 2019, la presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos de Salta, María Liliana Giro López, denunció a la profesional por realizar una serie de actos infieles, quedándose para sí con dinero destinado a la institución denunciante.
Explicó que en 2016 el Colegio la contrató como Contadora Pública Nacional para que que realice tareas de organización y control contable del ingreso de dinero por el cobro de cuotas y aranceles provenientes del Ejercicio Profesional de la Fonoaudiólogía, Matriculación y Habilitación de Consultorios, teniendo a raíz de ello, el manejo de los ingresos en dinero en efectivo.
Al investigar la denuncia desde la UDEC corroboraron que la mujer cobró dos cheques de la cuenta corriente del Banco Macro del Círculo de Fonoaudiólogos de Salta, y no estando autorizada para operar en dicha cuenta, falsificó la firma de la denunciante como primer endoso, sin ingresar el dinero a la institución.
Además, la contadora hizo un sello con la finalidad de pasar como autoridad del Colegio, conforme surge de la estampa del mismo en dos cheques del Banco Macro de la cuenta corriente del Colegio.
Los investigadores también acreditaron que la ahora condenada, falsificó los originales de los talonarios de recibos del Colegio de Fonoaudiólogos, consignando en el duplicado que queda para la Institución una cosa distinta de la consignada en el original. Así, , por ejemplo, en el duplicado figuraba que se percibió la suma de $ 1.120, mientras que en el original suministrado surgió que en realidad se había abonado la suma de $ 7.100.
Teniendo en cuenta todo ello, el 11 de marzo de 2021, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, la imputó por administración fraudulenta. Durante la audiencia, la contadora se negó a declarar.
En abril de 2021, la UDEC solicitó al Juzgado de Garantías 3 la elevación a juicio de la causa, instancia que finalmente tuvo lugar días atrás.
