El condenado era pareja de la madre de la menor damnificada. La denuncia fue presentada por los abuelos de la niña.
La jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, ordenó la libertad del imputado por la modalidad de la pena dictada y le fijó las siguientes reglas de conducta: establecer domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal en un plazo de 24 horas; someterse al Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la menor y de entablar cualquier tipo de contacto con ella, por cualquier medio; prohibición de ejercer actos de violencia física o psíquica contra la víctima; realizar tratamiento psicológico, acreditar su inicio en un plazo de quince días y presentar las constancias de su evolución trimestralmente, hasta el alta definitiva.
La jueza dispuso además que se le extraigan muestras de ADN al imputado para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.
