Los dos muchachos discapacitados de Aguaray, quienes por pedido de la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez, y por disposición del juez de Garantías Nelso Aramayo permanecieron casi tres años detenidos en una comisaría, sufrieron, uno de ellos, una herida de arma blanca y el otro abuso sexual, mientras estaban en cautiverio.
El caso, que viola todos los tratados internacionales de protección a personas discapacitadas, y sobre el que ninguna autoridad superior se ha expresado hasta el momento -ni la Corte de Justicia provincial ni el Colegio del Ministerio Público- se produjo entre marzo de 2018 y enero de 2021, cuando dos muchachos con discapacidades, tanto físicas como psicológicas, estuvieron presos acusados de haber violado a una chica menor de edad y familiar de ambos.
Luego de la denuncia formalizada en la comisaría 46, los dos discapacitados fueron detenidos y supuestamente se les realizó el control de legalidad, como sucede con cualquier otro detenido, a ambos se les informó su situación en la audicencia de imputación y fueron alojados en la comisaría de Aguaray.
Según consta en el expediente, recién después de dos años y 11 meses la causa N° 78.909/18 fue elevada a juicio oral y público. Y justamente fue en esa oportunidad -en la primera semana de enero de 2021- cuando el juez de la Cámara del Crimen Nº 1, Anastacio Vázquez Sgardelis cubría la feria judicial, que el magistrado recibió las actuaciones. En cuestión de horas y después de leer lo que contenía el expediente el magistrado ordenó el sobreseimiento definitivo y la declaración de inimputabilidad de ambos hermanos.
Pero durante todo ese tiempo, y detenidos junto a presos comunes, los hermanos nunca recibieron tratamiento ni la mínima contención para dos personas con discapacidades profundas. No solo eso, sino que sufrieron violencia física y sexual, según lo confirmó el abogado de la curadora de ambos muchachos, el penalista de Tartagal Alexis Ramber Ríos.
Este abogado junto al Dr. Gonzalo Maidana, se constituyeron la semana que finalizó como querellantes en la causa, que no tiene antecedentes en la provincia de Salta por la cantidad de funcionarios y magistrados denunciados -9, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público- y por las irregularidades contenidas dentro del propio expediente.
Fuente El Tribuno
