Tres personas, dos de ellos empleados de la sede local del PAMI Salta, fueron imputadas ayer por el delito de defraudación a la Administración Pública, calificación a la cual se sumó, en concurso ideal, la de incumplimiento de deberes de funcionario público para el caso de los trabajadores del organismo previsional.
La acusación, instada por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, en representación del Área de Casos Complejos -a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos- de la Unidad Fiscal Salta, fue receptada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, quien también hizo lugar a otros planteos de la fiscalía, entre ellos la determinación del plazo de investigación y ciertas medidas de coerción requeridas para garantizar el curso del proceso penal.
La acusación, según lo ventilado en la audiencia de formalización de la investigación penal, recayó sobre Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, empleados del PAMI, y Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, dueño de una empresa de servicios de logística digital.
Al presentar el caso, Mirabella sostuvo que la investigación se inició el 25 de octubre pasado, a raíz de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en la Unidad de Gestión Local XII Salta, dependiente del PAMI.
Explicó que, en concreto, la denuncia giraba en torno a dos expedientes de contratación de servicios que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites, y que fueron sindicados como responsables de ello Palacios y Coronel, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en las maniobras.
Añadió que los expedientes tratan sobre procesos de contratación directa de servicio de audio y video, con pantallas led, destinado a encuentros a llevarse a cabo en distintos centros de jubilados, con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI.
Puntualizó que en uno de los contratos, de septiembre del año pasado, se hacía mención a la presentación de presupuestos por parte de tres oferentes, uno de los cuales correspondía a Villagrán Di Pietro, quien cotizó en 440 mil pesos la cobertura del evento.
El representante del MPF explicó que las otras ofertas, en tanto, pertenecían a dos firmas con cotizaciones superiores y que resultó favorecido Villagrán Di Pietro, por tratarse de la oferta más baja. En el otro expediente, en tanto, se advierte una situación casi similar, aunque en este caso la adjudicación se realizó por contar con cierta experiencia en gerontología.
Describió además que, al margen de reflejar el contenido de los expedientes, el denunciante marcó una serie de irregularidades. Entre ellas, mencionó que la firma del acusado Villagrán Di Pietro no habría cumplido ciertos requisitos administrativos, tanto en el trámite del concurso como en el registro de proveedores, según consignó EL Tribuno. Y resaltó que las dos empresas que se presentaron en el primer expediente -que también aparecen en el segundo- no habrían presentado ninguna oferta. Por las constataciones hechas por el denunciante, las presentaciones eran ficticias, repasó el auxiliar fiscal.
