Luego de que se conociera que habría habido dos religiosas privadas de su libertad en el Convento San Bernardo, desde el Arzobispado de Salta señalaron que la responsable es la madre superiora. Consideraron que María Livia y su marido, Carlos Obeid, influyen en sus decisiones.
Aseguraron que la máxima autoridad eclesiástica de la provincia no sabía que las monjas querían salir de la clausura. Consideraron "tristísimo" que se hubiera puesto en juego "la integridad y la salud física y espiritual" de las mismas y que la institución cercenara la libertad de sus miembros.
El abogado del Arzobispado, Eduardo Romani, contó que el lunes evalúan presentarse como querellantes en la causa penal.
El miércoles por la noche se conoció que una hermana carmelita fue "liberada" por la fuerza pública, luego de que un familiar denunciara que se encontraba allí contra su voluntad desde el 6 de diciembre y que otra monja estaba en la misma situación. Cuando radicó el reclamo, hacía 48 horas que no tenía contacto con su hermana, quien atraviesa una enfermedad terminal. Al ser entrevistada por agentes judiciales, la mujer confirmó que su deseo era salir de ese lugar.
El sacerdote Oscar Ossola, en representación del Arzobispado, manifestó que "la responsabilidad es 100% de la superiora del Convento". Planteó que la autoridad eclesiástica "no tiene nada que ver", que acompañan el actuar de la Justicia provincial y se ponen a disposición para brindar la información que se requiera.
El presbítero señaló que "hay que investigar la injerencia de terceras personas laicas que evidentemente influyen en la decisión de la superiora". Se refirió a María Livia y Carlos Obeid, creadores de la Fundación "Yo soy la Inmaculada Madre...", que tiene a su cargo la gestión de las actividades que se desarrollan en el Cerro de la Virgen, en Tres Cerritos.
Recordó que, mientras las autoridades judiciales aguardaban durante horas a que les abrieran la puerta del Convento, la pareja ingresó por un portón lateral. Observó que esto sucedió pese a que, en el marco de una denuncia previa por violencia de género contra el arzobispo Mario Antonio Cargnello, enviados del Vaticano pidieron a las hermanas que mantuvieran la clausura y no permitieran que entraran personas extrañas a la comunidad. Señaló que esto se considera una violación al derecho canónico, por el perfil de la congregación.
Ossola evaluó que María Livia y Obeid podrían estar involucrados en el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad contra estas hermanas, ya que, "sin lugar a dudas, son los que influyen en las decisiones de la madre superiora". Dijo que Cargnello elevó un informe al Vaticano sobre lo sucedido.
El abogado del Arzobispado, Romani, mencionó que el mismo miércoles los notificó el patrocinador de la familia de la monja, quien pedía que Cargnello interviniera. Debido a la restricción de acercamiento ordenada tras la denuncia por violencia contra el obispo, él mismo fue y presenció todo el procedimiento judicial.
Comentó que el Arzobispado tiene la obligación de intervenir en este hecho, ya que es la máxima autoridad del Carmelo: "Tenemos que saber qué sucede adentro. Lo que pasa ahí solo Dios sabe". Según dijo, una de las hermanas habría hecho cuatro pedidos a la madre superiora y esta nunca los habría elevado a Cargnello.
"Somos respetuosos"
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, informó que para tomarles declaración testimonial a las hermanas esperarán unos días, a que pase un poco "la euforia del procedimiento" del miércoles, que interrumpió la tranquilidad a la que están habituadas las religiosas.
Desde la Fiscalía buscarán conocer los detalles de la situación y los motivos que esgrimieron las autoridades del Convento para impedirles que se fueran.
Según contó, una de las monjas logró salir del Convento antes de la orden judicial. El día anterior, tuvo que ir a una clínica a recibir asistencia médica y, una vez que le dieron el alta, decidió no volver. En este momento, las dos están con sus familiares. Ambas responden al nombre religioso que adoptaron al ingresar al Carmelo y no, al nombre legal. "Tratamos de ser respetuosos", pronunció el magistrado.
El fiscal reveló que "fue bastante emotivo" el procedimiento. Dijo que las autoridades del Convento se presentaron ante la Fiscalía con su representante legal y que se pusieron a disposición.
Fuente El Tribuno
