En el marco de una investigación que lleva adelante el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías Julio Bavio hizo lugar a la imputación penal y dictó la prisión preventiva para un empleado del Poder Judicial de Salta que fue detenido acusado por el transporte de más de 23 kilos de marihuana hallados hace tres meses en una camioneta de una empresa de transporte de su propiedad, durante un control realizado a la altura de la ciudad de Joaquín V. González.
El acusado, identificado como Daniel Fernando Aponte, quedó imputado por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
La medida se adoptó el 21 de marzo pasado en una audiencia de ampliación del objeto procesal de una investigación penal abierta el 21 de diciembre del 2024, cuando se produjo la detención de un primer implicado, Ángel Guido Luna, y se secuestraron un total de 23 kilos con 704 gramos de marihuana, a lo que siguió la detención de un segundo imputado, Darío Antonio Peralta, el 25 de febrero pasado.
En tanto, el 18 de marzo último, se produjo la tercera detención, la de Aponte, tras un allanamiento realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la casa del acusado, en la ciudad de Rosario de la Frontera, oportunidad en la que también se incautaron elementos de interés para el caso.
Al describir el hecho, la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, explicó que Aponte fue detenido debido a varias evidencias que lo vinculan con aquel transporte de droga que llevaba adelante Luna.
Acompañada de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana y otros miembros del equipo de investigadores, Gallo señaló que el vehículo en el que Luna llevaba la droga, una camioneta Kia Sorento, tenía como titular a la firma “Aponte S.R.L.”, siendo la misma una empresa de transporte, de la cual el empleado judicial es dueño junto a otro familiar.
El rodado fue detenido en un puesto de control de Gendarmería Nacional, en la ruta provincial 5, a la altura de Joaquín V. González. Al explicar su ruta de viaje, Luna dijo que procedía de Pichanal, en el norte de la provincia, y se dirigía a Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán.
Durante la requisa, en tanto, los gendarmes descubrieron la droga oculta en los paneles laterales, la parte trasera, entre el tapizado y el techo, paragolpes trasero y bajo la alfombra del lado del acompañante. En total se secuestraron 24 paquetes de marihuana de la cual, según las estimaciones, se podían obtener 438.304 dosis.
En ese procedimiento, también se secuestró el teléfono celular del conductor, del cual surgieron evidencias que llevaron a detener primeramente a Peralta, pues se estableció que ambos habían viajado días antes hasta el norte provincial, donde se proveyeron de la droga.
Del teléfono también surgieron intercambio de comunicaciones con el teléfono de Aponte, cuyo nombre aparecía en la agenda con sus iniciales. Al respecto, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el acusado indagaba al transportista respecto a su trayectoria de viaje y resultado de la maniobra de tráfico, lo que se hacía con lenguaje encriptado.
Entre otras evidencias, indicó que la empresa prestataria de la línea telefónica de Aponte reportó que dicho abonado realizó varios llamados a Luna, incluso a un abogado del foro local, que luego asumió la defensa del transportista.
En virtud de ello, la fiscal pidió la formalización de la imputación en grado de coautor, por entender que el acusado tenía dominio del hecho. Solicitó también autorización para avanzar con otras personas, entre ellas al teléfono incautado a Aponte y estableció el plazo de la investigación en 70 días.
Pedido de prisión preventiva
En cuanto a las medidas de coerción, la fiscal Gallo solicitó la prisión preventiva del imputado, ya que “existen evidencias de peso para tener como probable la participación de Aponte en el hecho, en grado de coautor”. A su vez, resaltó la gravedad de la maniobra y la logística desplegada, pues la droga se ocultó prácticamente en todo el interior de la cabina del vehículo.
Destacó el daño a la salud pública que representaba la sustancia incautada y consideró que, en caso de recaer condena sobre Aponte, la misma no será del tipo condicional, dada la escala penal para el delito, con un mínimo de 6 años de prisión.
Por último, indicó que se encuentran latentes los riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Tampoco pasó por alto su condición de funcionario público, en este caso del Poder Judicial de la provincia de Salta, lo que podría agravar su situación una vez que se establezca con mayor claridad las funciones que cumplía el mismo.
El descargo del imputado
Expuesta la imputación, Aponte prestó declaración y sostuvo que no tuvo nada que ver con el delito, aunque sí reconoció haber cedido la camioneta a Luna, pero lo hizo para que éste se la mostrara a un supuesto futuro comprador en Metán.
Con ese mismo argumento, buscó darle sentido a las comunicaciones y mensajes intercambiados con Luna. También reconoció el contacto con el abogado del transportista, previo a que se presentara formalmente como defensor, gestión que promovió con el solo objetivo de recuperar la camioneta, según relató.
A partir de la explicación dada por el imputado, su defensa se opuso a la prisión preventiva requerida por la fiscalía, ya que, a su criterio, las evidencias que la fiscalía presentó no eran suficientes y que se trataban de meras interpretaciones, por lo que requirió la libertad de su cliente.
La fiscalía rebatió los argumentos, pues en uno de los chats que Aponte mantuvo con el transportista, éste último le dijo que estaba alojándose en un hotel, sin que ello despertara ningún reproche del empleado judicial, quien había afirmado que Luna debía mostrarle la camioneta a un comprador interesado en Metán, a solo 35 kilómetros, lo cual para la fiscalía no justificaba la parada en un hotel.
Asimismo, recordó que Aponte reiteró varias veces que Luna no era de su círculo de amistad, razón por la cual, debió haberse mostrado preocupado, ya que su vehículo estaba más allá de Metán, sin embargo, no hizo ningún reclamo.
Posteriormente, la fiscalía detalló las llamadas entre Aponte y el defensor de Luna, como evidencia de que seguía el movimiento del rodado que regresaba con la droga, a la vez que descartó el supuesto interés por recuperar el rodado del empleado público, ya que, en ningún momento, hizo alguna presentación formal para la devolución de la camioneta.
Entre otros puntos, reforzó los indicadores de fuga y entorpecimiento procesal, la gravedad del hecho imputado y no descartó la posibilidad de que existan otros implicados en la maniobra de transporte de la droga, por lo que insistió con la medida de prisión preventiva.
La resolución del juez
Expuestas las posturas, el juez Bavio resolvió en consonancia con lo requerido por la fiscalía. Repasó el hecho, destacó las comunicaciones de Luna con Aponte y descartó por poco creíble la supuesta operación de venta de la camioneta.
Tampoco le dio crédito a los argumentos defensivo respecto a la relación que tuvo el imputado con el defensor del transportista, la que definió como “poco verosímil” y “llamativa”.
Por último, coincidió en que las evidencias de una probable participación de Aponte en el hecho son de peso, con lo cual dio por formalizada la investigación, autorizó las pericias requeridas y ordenó la prisión preventiva del empleado del Poder Judicial de Salta por 45 días.
