Cuando todos esperaban el avance de la investigación, que una vez por todas ponga en evidencia el manejo político de los AP, que las cámaras del Banco Macro indiquen quién retiraba los fondos de la importante designación que figuraba a nombre de la joven Leonela Apaza, que ANSES elevara el informe correspondiente, resulta que, al parecer, el martes próximo quedaría todo en la nada.
Porque la muchacha, por razones que aún se desconocen, habría decidido al mediodía del viernes levantar la denuncia que no solo había presentado ante la Fiscalía, sino también había hecho público a través de los medios convirtiendo al caso en un escándalo de proporciones. Es de esperar que haya previsto no quedar expuesta en el futuro a una acusación por falsa denuncia o que un arreglo con el fin de apaciguar las aguas, busque el silencio en la situación, aunque ahora resulta ensordecedor.
El 7 de mayo se hizo pública una terrible denuncia de una joven embarazada, Leonela Apaza, de la localidad de El Tala, contra el diputado provincial Fabio Francisco Rodríguez, de La Candelaria, ya que según contó la muchacha, al acercarse a ANSES a gestionar el ingreso Prenatal, le informaron que era titular de un AP, es decir, de un “Agrupamiento Político”. Apaza sostuvo que Rodríguez le había ofrecido una “beca” de 6 mil pesos, sin embargo, en el organismo nacional le informaron que a su nombre figuraba un ingreso mensual de 180 mil pesos.
La joven contó su historia a un medio local, y pronto, abrió el debate en torno a todo lo que suscita este tipo de ingresos que hace muchos años sostienen los legisladores: cuántos, cómo y por qué; sobre todo, si existen mecanismos que garanticen este tipo de estafas, como el denunciado por Apaza. Los AP se tratan de puestos laborales dependientes de las Cámaras legislativas que son temporales y de las que disponen diputados y senadores, con la finalidad de recibir acompañamiento y asesoramiento en la tarea de control, legislación y política.
Prontamente, tomó intervención la Fiscalía de Rosario de la Frontera, a través del fiscal Nicolás Rodríguez López por el delito de estafa; mientras que en la Cámara Baja, se conformó una Comisión Investigadora, integrada por tres diputadas del oficialismo: Alejandra Navarro, Laura Cartuccia y Carolina Ceaglio, aunque esta última renunció y en su lugar asumió Ana Laura Córdoba. Fue el propio Germán Rallé quien presentó el pedido para la conformación de la investigación, aunque defendió la “presunción de inocencia” y cabe resaltar, que dentro del recinto, no se escucharon críticas a favor, ni en contra.
Fuente El expreso
