La fiscal Multifuero del Distrito Judicial del Sur, María Celeste García Pisacic, formuló un requerimiento de juicio contra el exintendente de El Quebrachal Leonargo García y su hermano Marcelo García, exsecretario de Hacienda municipal y actual senador de Anta, por fraude a la administración pública, malversación de caudales e incumplimiento a los deberes de funcionario público.
En la requisitoria, que firmó el pasado martes, la fiscal solicitó que se imprima el correspondiente trámite de desafuero para el legislador imputado en la causa ante la Cámara de Senadores de la Provincia.
El Ministerio Público Fiscal inició las actuaciones de oficio a mediados de 2020, tras declaraciones periodísticas del entonces secretario de Hacienda del municipio anteño, Raúl Ríos, quien denunció que la gestión anterior había emitido cheques por cerca de $40 millones de pesos que se gastaron en la campaña política del exintendente y el actual senador del departamento.
En diciembre de 2020 la Unidad Fiscal conformada por los fiscales penales María Celeste García Pisacic y Leandro Flores, formuló cargos solo contra Leonardo "Naldo" García, tras advertir una serie de incumplimientos reiterados a las normativas vigentes y de manejos discrecionales de fondos públicos en perjuicio del erario municipal.
Ante planteos que la querella representada por el abogado del municipio, Fernando Escobar, formuló con pruebas documentales respaldatorias ante la fiscal de Impugnación, Josefina David Herrera, en agosto de 2021 también quedó imputado como coautor de los delitos investigados Marcelo "Teno" García.
Entre las irregularidades que se acreditaron con distintas medidas probatorias en las intervinieron especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se determinó que todos los cheques diferidos que se emitieron antes de finalizar la gestión anterior (alrededor de cien, según se denunció) fueron firmados por el actual senador de Anta durante su desempeño como secretario de Hacienda municipal.
En relación al delito de fraude a la administración pública, la acusación fiscal concluyó que ambos imputados desplegaron actos tendientes a privar a la administración pública de diversos bienes de su propiedad, al disponer de ellos en beneficio propio y de terceros.
De análisis contables, surgieron diversas irregularidades, tales como la utilización de dinero para solventar la campaña en época electoral. Concretamente, se determinó que los encausados habrían desviado fondos del presupuesto del municipio para fines electorales y en beneficio propio.
Órdenes de pago
Durante la investigación penal se comprobaron distintas irregularidades en órdenes de pago extendidas a favor de los proveedores Walter Daniel Medina ($353.800), Carnicería San Expedito ($1.096.219), Despensa y Carnicería Carlitos ($469.407), Taller Naim ($86.930), Corralón Anta ($1.507.579), Despensa y Carnicería La Cotita ($202.318), Sofía ($572.250), El Trébol ($111.458), Antonio Gabriel Danduch ($338.000) y Paola Susana Leguina ($560.000), cuñada del exintedente García.
En este punto de la acusación, resalta una contratación directa con una librería cuyo propietario, José Luis Romano, era un empleado público que prestaba servicios en la propia municipalidad. En el expediente figura una orden de pago del 15 de noviembre de 2019, a nombre de ese beneficiario y con imputación del gasto en partida presupuestaria "Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza", por un importe de $111.458 con cheque.
El importe de los comprobantes adjuntos sumó $95.265, lo que implica que se abonó una suma mayor a la de la documentación de respaldo, es decir, que faltaron comprobantes por un monto de $16.193. Al realizar la consulta en la página de AFIP, no se pudo obtener la validación, ya que todos los comprobantes arrojaron el mismo error. Tampoco se advirtió la realización de un procedimiento de contratación para la adquisición de los insumos de oficina, dado que el importe acumulado de las facturas indicó que se debería haber realizado una adjudicación simple y no una contratación directa o abreviada.
Según el análisis de otra orden de pago, surgió como beneficiario un "proveedor genérico", con una imputación del gasto que se efectuó en la partida presupuestaria "Ayuda Social a Personas". Se verificaron irregularidades como la falta de identificación del proveedor, la ausencia de remito o acta de recepción del bien adquirido e inconsistencias entre la fecha de la factura y la fecha de la orden de pago.
En otro caso, el pago de honorarios a una persona, se efectuó a través de la imputación del gasto en la partida presupuestaria "Servicios Jurídicos" y se advirtió que se pagó en efectivo y que se facturó dos veces el mismo periodo de marzo de 2019.
Además, al realizar el análisis de las facturas presentadas, se advirtió como presunto modus operandi la intención de justificar los gastos realizados, toda vez que las facturas no eran válidas o no eran correlativas y fueron completadas, en todos los casos, con una misma fecha. También se realizaron diversos pagos diferidos que comprometieron al erario municipal, cuya administración correspondía a la gestión siguiente.
En relación al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la fiscalía interviniente observó que todos los cheques detallados en las órdenes de pago analizadas eran de cobro diferido, con fechas de pago a partir del 10 de enero de 2020, lo que implicó que la erogación efectiva de fondos afectó el presupuesto financiero municipal de ese ejercicio. El medio de pago utilizado, además, contrarió lo normado por la ley antievasión.
También se comprobó la violación del procedimiento estipulado por la ley de contrataciones, ya que para una adquisición de $572.150, por su magnitud, debía convocarse una licitación pública.
Fondo del Bicentenario
El 1 de febrero de 2019, la gestión denunciada recibió a través del Fondo del Bicentenario un anticipo de $316.043,58 para la realización de una obra de agua potable en Gaona. El 15 de mayo del mismo año recibió otro anticipo de $735.222,12 para una red de agua potable para el barrio Evita. Ninguna de las obras se ejecutó ni se justificó el destino de los fondos, pese a intimaciones que se reiteraron en tres oportunidades. Las transferencias fueron constatadas con extractos bancarios que respaldaron la acusación fiscal.
