El pueblo ava guaraní y productores de banda del río Grande de Tarija se sienten completamente olvidados y abandonados por el Estado argentino en esa franja fronteriza del departamento San Martín que registra una abierta invasión de territorio salteño ante una ausencia absoluta de controles y de respuestas frente usurpaciones, desmontes, atropellos de derechos y grandes contrabandos denunciados con insistencia en esa zona aislada y desprotegida.
El lunes pasado, se ingreso una nueva denuncia a la Fiscalía Federal de Orán, en la que se advirtió que productores bermejeños ya desmontaron 2.500 hectáreas de selvas ribereñas de General Mosconi desde las cuales cruzan a Bolivia en contrabando unas 150.000 toneladas de caña de azúcar.
Hasta ayer ninguno de los organismos informados de la presentación, que se radicó el pasado 13 septiembre, intervino para evitar que decenas de camiones sigan saliendo desde los cañaverales ilegales rumbo a la planta de IABSA, ingenio azucarero de Bermejo.
"El contrabando continúa como si nada", aseguraron ayer a este diario miembros de la comunidad ava guaraní Tape Iguapegui, tras remarcar que en pocas semanas, si Gendarmería, AFIP y la Aduana no intervienen a tiempo, se encontrarán con las cosechas de caña de azúcar totalmente levantadas en El Trementinal, Churqui, Algarrobito, Chuscal y otros parajes de la banda ribereña de Mosconi.
Hicieron notar que mientras la Cancillería argentina se muestra indiferente ante la violación de soberanía y los atropellos que sufre el pueblo ava guaraní, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia intervino ante una denuncia penal que Horacio Cruz Castro, cabeza de la invasión territorial, promovió en 2021 en la Justicia de Tarija contra originarios de El Trementinal. El grupo de cañeros bermejeños liderado por Cruz Castro no solo los corre con machetes y aterroriza con armas de fuego, sino que los acusó de supuestas turbaciones en "Valle Dorado", una inexistente isla de la que dice ser dueño en suelo boliviano y que no es otra cosa que territorio de Salta.
Ante la denuncia de Cruz Castro, y en respuesta a un requerimiento del fiscal de Materia III de Tarija, José Gustavo Valeriano, el 12 de mayo de 2023 la directora en Tarija del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia, Evelyn Elías Arroyo, informó: "Revisada la Base de Datos, y tras la verificación del Sistema de Mantenimiento y Administración de Tierras (SIMAT) con el que cuenta la Dirección Departamental del INRA-Tarija se puede evidenciar que no existe el predio denominado Isla Valle Dorado-Bermejo. Por tal razón, no cuenta con un registro de derecho propietario a nombre de los Sres. Horacio Cruz Castro y Francisca Pérez Garnica".
Más categórica aún fue la Cancillería boliviana ante otro requerimiento de la fiscal tarijeña Jhovana Salinas Berruga. "Respecto a lo solicitado, la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales Transfronterizas del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante nota interna VRE-DGLAIT-NI-76/2023 de 26 de octubre de 2023, remite el informe VRE-DGLAIT-NI 34/2023 de 26 de octubre de 2023, señala y cito: Las coordenadas que se adjuntan en el requerimiento, se encuentran en territorio argentino. No corresponde a la DGLAIT determinar los límites territoriales subnacionales. Aparentemente, una de las partes del proceso de investigación tiene una confusión respecto a la percepción del territorio que ocupa, en el sentido de afirmar que la ubicación de esas coordenadas y/o del alcance de su colindancia "Isla Valle Dorado" correspondería a un territorio boliviano, cuestión que según las coordenadas enviadas quedó desvirtuada". Así lo aclaró el director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería boliviana, Bernardo Ortíz Cortez, en un informe del que Cruz Castro fue notificado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELC) del vecino país el 11 de enero último.
Debería llamar la atención que haya sido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, tras años de desidia de la Cancillería y de otros organismos argentinos, el que haya advertido a los usurpadores que encabeza Cruz Castro sobre la invasión de suelos de Salta.
Una avanzada que empezó hace 30 años
Desde 1994 las comunidades ava guaraní y productores han denunciado insistentemente ante organismos nacionales la remoción ilegal de los mojones que esclarecían el límite de Argentina y Bolivia en la banda del río Grande de Tarija. En octubre de 2014, ante una denuncia presentada ante la Fiscalía Federal de Orán, la AFIP realizó en El Algarrobito y parajes vecinos un operativo en el que encontró 60 ciudadanos bolivianos indocumentados en las plantaciones (incluidos seis niños), detectó un contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar y secuestró camiones. En ese dispositivo fuerzas federales detuvieron a dos personas por delito de contrabando y evasión fiscal. Diez años después, allí se planta y contrabandea el doble.
Fuente El Tribuno
