"Aberración jurídica". "Violación de derechos fundamentales". "Desempeño que amerita la destitución de todos los funcionarios intervinientes". "Privación ilegítima de la libertad". Varios abogados del fuero local consultados hicieron estas y otras consideraciones menos técnicas (una locura, una barbaridad) a un caso que se produjo en el Distrito Judicial de la Circunscripción Tartagal en el que funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público fiscal mantuvieron detenidos por casi 3 años -2 años y 11 meses con exactitud- a dos jóvenes discapacitados, acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad.
Según el certificado médico extendido por el psiquiatra Marcos Paredes y que forma parte del expediente, ambos hermanos residentes en la localidad de Aguaray en un finca donde vivían con su abuelo (su madre biológica también es discapacitada y el padre los abandonó siendo pequeños) presentan signos evidentes de ser oligofrénicos (deficiencia grave del área mental desde la etapa intrauterina o en los primeros años de vida). Uno de ellos también tiene dificultades para desplazarse y su hermano prácticamente no habla.
Dentro del cúmulo de irregularidades, la curadora y denunciante de los funcionarios judiciales radicó la denuncia formalizada en la Comisaría 45 de Tartagal.
Con signos tan evidentes, con los informes psiquiátricos que obraban en el expediente, entre ellos el informe del psiquiatra Paredes y otro de una junta médica, ni el juez de garantías Nelso Aramayo, ni la fiscal penal Lorena Martínez, ni el asesor de incapaces, Juan José Andreu, ni la psicóloga del Poder Judicial, Estela Lizondo, ni la jueza de cámara Azucena Vázquez -todos ellos ahora denunciados por una familiar de ambos muchachos- nunca se dieron cuenta de la condición de A.S.S. y de B.D.S. (se preserva la identidad porque a las personas con discapacidades les asiste el mismo derecho que a los menores). Por eso estuvieron privados de su libertad en la comisaría 46 de Aguaray durante 2 años y 11 meses. Fue un joven magistrado y camarista que cubría la feria judicial los primeros días del mes de enero de 2021 quien al leer la causa que ya había sido elevada a juicio, con absoluta lógica los declaró inimputables e inmediatamente ordenó que se los dejara en libertad. El caso se produjo dos años atrás pero tomó trascendencia después de la denuncia penal formalizada con estos funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público fiscal.
Los hermanos fueron trasladados al Ragone tras su libertad, pero fueron rechazados.
Conclusión médica
"Por insuficiencia en sus facultades mentales no tienen capacidad para discernir respecto de acciones disvaliosas y socialmente reprochables, por lo tanto se encuentran incursos en las causales previstas en el Artículo 34". Esta fue la conclusión arribada por una junta médica integrada por los médicos psiquiatras Luis Vila y Libertad Castro con fecha del 11/11/2020. No obstante ello, continuaron detenidos hasta el 4 de febrero de 2021.
(Corresponsalía Tartagal)
