La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer y un hombre por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro.
Se trata de la madre y el hermano de Cynthia Moya, líder de Ríos & Asociados, quien se encuentra imputada por estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos), en concurso ideal.
Durante la audiencia, los familiares directos de Moya fueron asistidos por el mismo abogado particular que ésta, se negaron a prestar declaración y responder a preguntas de la Fiscalía.
La fiscal Salinas Odorisio decidió imputarlos luego de corroborar que dos vehículos secuestrados en el operativo del 25 de marzo de 2022 en el marco de la investigación por estafas de la financiera, se encontraban a su nombre sin poder justificar los fondos para su adquisición.
El primer vehículo se trata de una camioneta Nissan Frontier sin rodamiento, secuestrada en la concesionaria, que fue adquirida por la madre de Moya por un valor de $ 9.100.000 pagados de contado.
Respecto al origen de fondos, la profesional contable que realizó la certificación de los mismos, enunció que el dinero empleado para el pago del vehículo provenía de ingresos por actividad en relación de dependencia de la mujer en función de haber tenido a su vista recibos de sueldos por los periodos comprendidos entre el 01 de enero del 2019 y 01 de marzo de 2022.
Del entrecruzamiento de datos, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, División UDEC, constataron que la madre de Moya percibió como empleada en relación de dependencia del Hospital Público de Autogestión por el periodo enero de 2021 a marzo de 2022, la suma de $1.043.155,24; es decir un promedio de 74.500 pesos por mes.
Además, la mujer se encontraba inscripta como Monotributista en la categoría C desde marzo de 2017 y a partir de febrero 2021, en la categoría B; como actividad económica ejercida Servicio Desarrollado con la Salud Humana (pedicura). En cuanto a la facturación efectuada, AFIP informó que facturó la suma total de $406.226,33, desde enero de 2021 a marzo de 2022; unos 29 mil pesos por mes.
Por otra parte, la madre de Moya se encontraba pagando un crédito por la compra de un vehículo Nissan Nicks modelo 2021 y que fue adquirido el 27 de agosto de ese año. Abonó $2.005.000 de contado y financió 12 cuotas de $850.000 en 12 meses.
Los dos vehículos constaban de cédulas de autorización para conducir (ex cédula azul) a nombre de Cynthia Moya, su hermano y otros familiares.
Los investigadores de la UDEC también detectaron transferencias desde las cuentas bancarias de Moya y su madre.
Al analizar la información reunida, la fiscal Penal de la UDEC consideró que con lo producido de su actividad como pedicura en forma independiente, sus ingresos por su labor en el Hospital Público de Autogestión, acreditaciones al ser destinataria de un beneficio de ANSES, préstamos recibidos y teniendo en cuenta además egresos por cuotas de los préstamos adquiridos, extracciones en efectivo, compras con tarjeta de débito, cuotas de la prenda inscripta y transferencias a la cuenta de su hija, la mujer no poseía una capacidad financiera y económica suficiente que le permitiera realizar la adquisición de rodados.
En cuanto al segundo vehículo, se trata de un BMW, Tipo Sedán 4 (cuatro) puertas, 0 km, adquirido el 22 de febrero de 2022 por un valor de $10.500.000 y que fuera secuestrado también el 25 de marzo del año pasado. Se encuentra registrado a nombre del hermano de Cynthia Moya, con cédula de autorización para conducir (ex cédula azul) a nombre de ésta.
Desde UDEC confirmaron que la certificación contable sobre el origen de fondos de acuerdo a lo reglamentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), fue realizada por una contadora que indicó que los fondos provienían de los ingresos que tuvo el hombre por una cifra de $10.980.000,00 desde el 01 de enero de 2018 al 01 de febrero del 2022.
Sin embargo, los Informes Financieros y Económicos sindicaron que el hermano de Moya revestía la condición de Monotributista categoría C desde 11 de marzo de 2017 hasta el 29 de mayo del 2021 y a partir de 12 de junio de 2021 hasta la actualidad categoría B; como actividad económica principal: Servicio Desarrollado con la Salud Humana
La fiscal Salinas Odorisio consideró que aún si hubiera facturado el máximo que le permitía su categoría de monotributo, en el periodo indicado por la profesional, desde 2018 a 2022, no le era suficiente ya que ascendería a $1.505.730,12; es decir un 14,34% de lo que pagó por el vehículo BMW 0 Km, incluso sin considerar que no tuvo gastos en dichos periodos, lo cual no resulta probable, dado que existen gastos necesarios de supervivencia.
Teniendo en cuenta todo ello, el hombre y la mujer fueron imputados por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro.
Los imputados
De acuerdo a lo estimado por los investigadores de UDEC, el monto total en efectivo y bienes al que asciende la estafa perpetrada ascendería a los 493.766.730 pesos y 509.631 dólares.
La fiscal Salinas Odorisio imputó por Estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos) en concurso ideal a 21 personas; por Asociación Ilícita y abuso de autoridad a 4 personas; por Asociación ilícita a 2; por Violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal en concurso real, a 2; por Encubrimiento por ocultamiento de dinero agravada por su condición de funcionario público a una; por Encubrimiento de dinero por ocultamiento, a uno; por Asociación ilícita y abuso de autoridad en concurso real, a uno y por encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro, a dos.
Del total de personas implicadas hasta el momento en la causa, 12 detenidos -entre ellos la líder de la organización Cynthia Moya- solicitaron a la Sala 2 del Tribunal de Impugnación la prisión domiciliaria.
Ocho de los detenidos se encuentran en libertad con medidas sustitutivas y cinco permanecen en libertad por disposición del juez Pablo Arancibia. Seis implicados fueron imputados por la UDEC, sin solicitud de detención por considerar que no entorpecían la investigación de la causa. Tres personas se encuentran prófugas y son intensamente buscadas por las Fuerzas de Seguridad.
