La coordinadora y otras siete operadoras del hogar Casita Feliz fueron imputadas ayer en forma provisional por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio. Se las investiga como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo a los testimonios, las acusadas utilizaban como mecanismo disciplinador reiterado la metodología de introducir a los niños de manera violenta y con la ropa puesta a la ducha con agua fría. El Fiscal sostiene que "esta conducta compromete la seguridad del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso para con los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, y que importa un quebranto a las pautas previstas".
Afirma, además, que si bien no se constatan lesiones físicas en los menores, de la información brindada por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas con psicólogos y asistentes sociales de la Secretaría de Primera Infancia, como así también de las entrevistas de circuito cerrado realizadas por personal del CIF, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.
Horas antes de que se conociera la imputación por parte del fiscal, tres de las imputadas se encadenaron en la puerta de la Secretaría de la Niñez reclamando, insólitamente, ser reincorporadas hasta tanto se resuelva la investigación que avanza en la Justicia o que, al menos, les sigan pagando el sueldo.
La manifestación contaba con el apoyo del gremio y, cuando las autoridades del organismo solicitaron el despeje de la entrada al edificio, se produjeron algunos incidentes, principalmente por parte de los delegados sindicales que habrían agredido al guardia de seguridad que intentaba intermediar en el despeje ordenado por las autoridades.
Anoche, en diálogo con El Tribuno, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, consideró que "hoy tranquilamente podría haber salido un sobreseimiento sobre las trabajadores, pero no, hay una imputación, y esto hay que advertirlo".
"Salió una imputación concreta en donde muchos niños han manifestado un maltrato sistemático y, frente a esta situación, el que nos exijan con aprietes y con la toma del edificio la reincorporación (de las imputadas), realmente me parece que es inmoral".
Iradi anticipó que "para mí esto ya es un indicativo de que efectivamente los hechos que, en su momento los niños y las niñas de ese espacio nos manifestaron, efectivamente ocurrieron. Y nosotros no podemos tener este tipo de personas a cargo del cuidado de niños, porque es a lo que nos dedicamos".
"Un espacio que tiene que ser de protección fue un espacio de maltrato y esto, a nivel institucional, es una herida grave, es una herida tremenda".
La secretaria recordó que "en enero hicimos la denuncia en base a la escucha con los niños, porque esta situación salta de la boca de los niños, con lo cual nosotros, atendiendo estas circunstancias, tomamos inmediatamente las medidas del caso".
Aclaró asimismo que todas estas medidas se adoptaron sujetas "a las investigaciones que fueron avanzando, más allá de la cuestión penal. Desde nuestro espacio se ha podido corroborar el maltrato infantil", manifestó, pero dijo que "siempre estuvimos sometidos a proceso porque la Justicia tiene otros resortes, otras posibilidades investigativas, como lo es la Cámara Gesell, en donde intervienen otro tipo de profesionales".
Finalmente, Iradi recordó que cuando se detectaron las primeras denuncias contras las trabajadoras las notificó personalmente: "Fue una situación muy dolorosa e, incluso, cuando las notifiqué, también tenía la esperanza de que esto no haya sucedido, que la acusación sea producto de una exacerbación. Pero a medida que fue pasando el tiempo se fueron sumando más y más cosas".
Fuente El Tribuno
