Por un paso ilegal que se abrió en abril de 2016 en Aguas Blancas, el intendente de ese municipio del departamento Orán, Sergio Gerardo Oliva, acaba de ser condenado por el juez federal Julio Leonardo Bavio a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial de un año por incumplimiento de deberes de funcionario.
El origen de la causa se remonta al 29 de abril de 2016, cuando personal de la Aduana de Orán, siendo ya casi de noche, observó una retroexcavadora abriendo una calle desde el área urbana de Aguas Blancas hacia la costa del río Bermejo, en las cercanías del control integrado del puerto de Chalanas.
El polémico intendente de Aguas Blancas, Sergio Gerardo Oliva.
En la mañana siguiente el administrador de la División Aduana de Orán, Edgardo Enrique Beretta, informó al comandante principal César Miguel Arias, jefe del Escuadrón 20 de Gendarmería, sobre la picada que se abrió con una máquina contratada por el municipio. Inmediatamente después Beretta denunció las obras de la calle lateral ante la Fiscalía Federal de Orán, en la sospecha de que se trabaja de una suerte de paso clandestino que daría a contrabandos acceso directo al territorio argentino desde el desembarcadero hasta la parada de taxi de la empresa "Los Lapachos", ya dentro del pueblo.
El 24 de agosto, en la declaración indagatoria que prestó en el Juzgado Federal de Orán, a cargo de Gustavo Montoya, el intendente Oliva afirmó que en ningún momento autorizó la apertura del supuesto paso. El jefe comunal aseguró que solo se trataba de arreglos de una calle y remarcó que en el frente fronterizo de la localidad con la ciudad boliviana de Bermejo existen desde hace largo tiempo innumerables pasos informales.
Oliva fue más allá, incluso, y dijo que el arreglo de calles había sido solicitado de forma verbal por personal de Gendarmería y de la Aduana, por las complicaciones de acceso que tiene la localidad.
En aquella audiencia se hizo lectura de una acta en la que el intendente reconoció la apertura del paso, ante lo cual Oliva negó que fuera eso lo que dijo en ese momento, y dijo que la firmó de buena fe.
En el expediente, el juez Montoya certificó que la retroexcavadora implicada en la denuncia pertenecía al municipio de Pichanal y había sido alquilada con conductor.
Audiencia
Ante los hechos acreditados con constancias documentales y testimonios, en la audiencia de debate que se desarrolló el pasado 29 de agosto, Oliva ratificó y amplió lo que había declarado antes. Insistió en que nunca ordenó abrir una nueva calle, sino solo arreglos de calles existentes dentro del ejido urbano de Aguas Blancas. Dijo que después, cuando se enteró que había una retroexcavadora trabajando en ese sector le preguntó al secretario de Servicios Públicos, Cristian Romero, si era alguna máquina que ellos habían prestado, a lo que este le respondió que los responsables de esos trabajos solo habían ingresado al sector del río para acumular ripio para arreglar las calles. Oliva también afirmó que cuando se enteró de los trabajos irregulares, hizo lo posible para cerrar el paso.
A instancias de preguntas formuladas por la Fiscalía al jefe comunal también se desvaneció la excusa con la que Oliva había intentado justificar la apertura del paso ilegal en base a supuestos reclamos verbales de las autoridades de Gendarmería y Aduana de Orán.
Según consignó EL Tribuno, en la sentencia fue gravitante el testimonio de Rolo Rallé, un empleado de la Municipalidad de Pichanal que fue afectado por la gestión del exintendente Julio Jalit a las tareas que se denunciaron en abril de 2016 en Aguas Blancas. Su declaración no dejó dudas de que la retroexcavadora perteneciente a la comuna de Pichanal fue alquilada por una solicitud que Oliva formuló ante esa intendencia con la expresa finalidad de abrir el paso por el que acaba de ser condenado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
