Todo nace tras la denuncia por coimas en el puesto VOVE, donde se percibe el pago a cuenta de “Contribución que incide sobre la actividad comercial, Industrial o de servicios”, y la posterior divulgación del nombre del periodista que llevó adelante la investigación, aportando datos y pruebas a la misma.
En diálogo con Agenda/Salta, Raúl Costes, relató que Adrián Zigarán se presenta como "periodista", pero no actúa como tal a la hora de manejar información sensible y preservar la fuente, ya que nunca imaginó que el interventor lo iba a exponer como lo hizo: "Él en su perfil de Facebook dice que es periodista. Entre periodistas tenemos ese código, o nos amparamos en art. 43 de la Constitución Nacional, donde no develamos la fuente de información; bajo ningún punto de vista".
Además, explicó que no esperaba el desmanejo del Interventor: "Eso realmente me sorprendió, pero aún más me sorprende que este hombre, no sé con qué intencionalidad, viralizó la denuncia por todos lados exponiendo aún más a mi persona y a mi familia".
Costes, explicó que ante distintos hechos de inseguridad que sufrió como represalia a su trabajo, decidió preservar su nombre en esta denuncia: "A raíz de todo lo que me paso en estos 8 años, le paso la información al interventor de que estaban cobrando coimas en camiones, en vez de tributar. No contaba con que este hombre me iba a exponer de esta manera, si no directamente hubiese hecho yo la denuncia".
En este sentido fue contundente al expresar: "Nunca devele mi fuente de información por eso no entiendo la animosidad de este funcionario que decide hacer esto, con que intencionalidad".
Miedo e inseguridad
En la frontera norte se viven días difíciles, entre las coimas, el contrabando, el narcotráfico y el sicariato, no es errada la posición del periodista, al advertir que corre riesgo su vida y la de su familia. Ya le pasó hace un tiempo, cuando encontró una bala en el asiento de su motocicleta. Este peligro latente, lo llevó a vivir una situación de tensión que impacta en la salud de sus hijos.
Según relató Costes, su hijo mayor le pregunta porque todos hablan de vos en las redes: "Me parte el alma porque mi hijo, ayer a las 4 de la mañana se despertó a los gritos, lo llevamos al hospital y lo internaron. Él nos cuenta que sus compañeritos le preguntan '¿qué pasó con tu papá?'", además explicó: “con mi esposa hemos decidido que mis hijas más chicas no asistan a la escuela esta semana”.
El periodista lamento que ante la gravedad de lo denunciado y los intereses económicos que toca, desde la justicia o el ejecutivo, nadie se haya preocupado: "Hasta ahora nadie se comunicó conmigo, tengo a mi familia en mi casa, encerrada prácticamente, no quieren salir por temor".
Finalmente, Raúl Costes expresó que llegara hasta Gustavo Sáenz: "Vamos a intentar llegar hasta el gobernador de la provincia. En realidad, la noticia tendría que ser otra. ¿Por qué se molestó el interventor? Si yo le dí todas las pruebas, un regalito del día del periodista", cerró.
Antecedente reciente
Ya en octubre del 2.021, la Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) imputó a once personas en Salvador Mazza por el mismo delito, entre las que se encuentran el ex intendente, Rubén Méndez Salazar y sus hijos Ivanna y Roque Méndez, Susana Angelita Palacio (expareja), Juan Marco Méndez (hermano del Intendente), Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del Intendente), Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja) y su sobrino Jesús Méndez.
Los roles de la asociación ilícita
Rubén Méndez Salazar, en su carácter de Jefe Comunal, dirigía la empresa criminal designando los miembros y asignando las funciones respectivas; mientras que Roque Maximiliano Méndez era quien se encargaba de controlar el cumplimiento de las directivas criminales impartidas por el Intendente y, en particular, de la recaudación de sumas de dinero.
Por su parte, Juan Marco Méndez y Oscar Rodolfo Gutiérrez eran quienes recaudan el dinero de los puestos municipales de cobro de tasas y contribuciones, para luego trasladarlos al domicilio particular del Intendente, de donde se retiraban Juan Marco Méndez y Gutiérrez con los bolsos vacíos, evidenciando un circuito espurio del dinero recaudado en los puestos señalados.
Jesús Manuel Gijena, como cuñado, era la persona de confianza del Intendente, ocupándose de controlar la recaudación y funcionamiento del puesto VOVE.
Roberto Orellana y Roberto Justo Balverdi eran quienes ejecutan las directivas en el ámbito de las Secretarías de Obras Públicas y Hacienda.
Ivanna Irene Méndez y Susana Angelita Palacio eran quienes se encargan de la actividad económica privada del Intendente y recibir los beneficios de las maniobras delictivas.
Por último, Ángela Paola Beatriz Gijena y Jesús José Antonio Reinoso Méndez como personas de confianza del Intendente (pareja y sobrino, respectivamente) participaban del circuito del dinero obtenido por la empresa criminal.
