Carlos Villalba, exintendente de Salvador Mazza, fue absuelto este jueves en el juicio por su presunta participación en una red de prostitución VIP desarticulada en Salta en 2013, vinculada a delitos de trata de personas. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N°2, mientras que otras tres personas sí fueron condenadas por facilitar la explotación sexual de mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La decisión fue dictada por los jueces Gabriela Catalano, Domingo Batule y Alejandra Cataldi, quienes absolvieron a Villalba. La acusación sostenía que había facilitado el traslado de las víctimas para su explotación sexual, pero no se logró demostrar fehacientemente su responsabilidad penal.
En cambio, el tribunal resolvió condenar a:
Roberto Quintian Ramírez y Mercedes Baigorria: propietarios del local nocturno El Quijote, condenados a a cinco años y seis meses de prisión, una multa de 90 mil pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena. Ambos fueron hallados penalmente responsables como coautores del delito de facilitación de la prostitución agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, en concurso ideal con el delito de explotación de la prostitución, también agravada.
Viviana Nancy Gómez: administradora del local Terra Nostra. Condenada a cinco años de prisión, la misma multa e inhabilitación, por su participación necesaria en los mismos delitos.
La causa se inició tras una investigación impulsada por la exAFIP y reforzada por denuncias anónimas que alertaron sobre una red de "prostitución VIP" que operaba en Salvador Mazza y otras localidades. Según el Ministerio Público Fiscal, las víctimas eran mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, captadas con promesas engañosas y luego obligadas a ejercer la prostitución en viviendas particulares y hoteles, mediante amenazas, retención de documentos y supuestas deudas.
El operativo que desmanteló la organización tuvo lugar el 15 de agosto de 2013, cuando se allanaron siete inmuebles en los que se rescataron a más de 30 mujeres en la capital salteña. En esos procedimientos se secuestraron cuadernos de pases, dinero, prendas íntimas y material publicitario de los servicios sexuales que eran ofrecidos en departamentos privados. En uno de los domicilios fue detenida Marisel Llanes —expareja de Villalba— sindicada como jefa de la red. Al momento del allanamiento, Villalba se encontraba con ella y fue identificado por la mujer como cliente, aunque él aseguró que mantenían una relación afectiva.
Llanes y otro de los acusados, Francisco Marcelo Russo, fueron declarados rebeldes por no presentarse al juicio y continúan prófugos con pedido de captura vigente.
La investigación estuvo a cargo del fiscal general Carlos Amad y la auxiliar fiscal Soledad Cabezas, en representación del Ministerio Público Fiscal, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (exAFIP), que actuó como querellante.
El fallo marca un cierre parcial a un proceso judicial que se extendió por más de una década y que expuso los mecanismos de captación, traslado y explotación de mujeres en el norte de la provincia de Salta.
