En el marco de la investigación penal que se lleva adelante en la Unidad Fiscal de Salta contra el diputado nacional Emiliano Estrada, por el presunto delito de peculado de servicio, el fiscal general Carlos Martín Amad logró hoy que se sumen a las actuaciones preliminares a los dos asesores que trabajaban para el legislador. La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, ordenó que se requieran al Juzgado de Garantías 7 de la provincia, a cargo del juez Pablo Zerdán, los antecedentes de Florencia Bustamante y Alonso Javier Allemand, identificados como asesores del diputado al momento de los hechos investigados.
La medida fue adoptada durante una audiencia de excepción celebrada esta mañana, en la que el fiscal general detalló cómo se gestó el caso. La investigación comenzó el 13 de noviembre del año pasado como una "noticia criminis" y fue derivada a la Fiscalía de Ciberdelincuencia, a cargo de la fiscal Sofía Cornejo. Las diligencias realizadas llevaron a una audiencia de imputación contra los dos asesores, un tercer acusado y el propio diputado Estrada, por el presunto delito de intimidación pública.
Según la investigación, se habría descubierto un despliegue previo para vincular a instituciones del gobierno provincial con actividades de narcotráfico a través de videos editados y difundidos en la red social TikTok. Las evidencias recabadas relacionan a Bustamante y Allemand con las cuentas utilizadas para la difusión de estos videos, los cuales habrían sido financiados con fondos provenientes de la Cámara de Diputados de la Nación, correspondientes a los pagos dispuestos por Estrada a sus asesores.
Competencia federal y presunto peculado
Ante la posibilidad de que se tratara de un caso de peculado de servicio de orden nacional, la fiscal Cornejo se declaró incompetente, postura que fue compartida por el juez Zerdán, quien resolvió la incompetencia de la justicia ordinaria el 6 de febrero pasado. El 10 de febrero, en una audiencia de excepción a cargo del fiscal general Eduardo Villalba (en calidad de subrogante de Amad), se analizó la derivación del caso. Tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en que la competencia federal era la adecuada, fundamentándose en el presunto uso de fondos de la administración pública nacional para la comisión del delito.
En la audiencia de hoy, el fiscal Amad argumentó que la declaración de incompetencia de la justicia provincial "se quedó a mitad de camino", ya que está demostrado que Bustamante y Allemand eran asesores de Estrada y, por lo tanto, dependían del Congreso de la Nación. "No es el diputado nacional quien paga, sino los ciudadanos", remarcó, y explicó que a los asesores "se les atribuye la creación de los videos por la relación laboral con Estrada".
Amad destacó la necesidad de una "unidad de acción" para evitar un "escándalo jurídico" que podría derivar en pronunciamientos contradictorios o un "doble juzgamiento". "Se vinculan entre sí. Umbilicalmente, se persigue a los mismos sujetos, tenemos idénticos imputados y hechos, pero distintos tribunales", afirmó, insistiendo en la importancia de una misma "unidad jurisdiccional" que permita, a priori, una misma sentencia.
Rechazo de la defensa e impugnación
La defensa del diputado Estrada se opuso al planteo de la fiscalía, argumentando que no habían surgido nuevos elementos que justificaran variar la postura adoptada en la primera audiencia de excepción, en la que se aceptó la declinación de competencia respecto a Estrada. Los defensores de Bustamante y Allemand también respaldaron esta posición.
Sin embargo, la jueza Giménez resolvió a favor del pedido del fiscal general, reconociéndolo como titular de la acción pública y responsable de estudiar los hechos y determinar la disposición de la acción penal. "No se puede desconocer que estaban implicados", afirmó respecto a los asesores, y ordenó la remisión de sus antecedentes para ser agregados al caso.
En desacuerdo con la decisión, la defensa del diputado nacional impugnó el fallo, el cual ahora será tratado en revisión por la Cámara Federal de Apelaciones.
Un caso con ramificaciones políticas y judiciales
El "Caso Estrada" continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político. La posible implicación de fondos públicos en la comisión de delitos y la conexión con actividades de intimidación pública a través de redes sociales han puesto el foco en la transparencia y el uso de recursos estatales. Mientras tanto, la justicia federal avanza en la investigación, buscando garantizar la seguridad jurídica y evitar un "escándalo jurídico" que podría complicar aún más el ya complejo panorama.
