El juez federal Federico Villena decidió mantener vigente la prohibición de salida del país para 7 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a Buenos el 6 de junio pasado. Se trata de cuatro iraníes, entre ellos el piloto y el copiloto, y tres venezolanos.
En un resolución de casi 300 páginas, el magistrado describió las pruebas que hay en su contra, aunque todavía no decidió si declararán como imputados. Los otros 12 tripulantes (un iraní y once venezolanos) podrán volver a sus países de origen en vuelos de línea porque todavía no se definió la situación del Boeing 747-300.
Entre los tripulantes que deberán quedarse en el país se destacan el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras. Sobre ellos cinco, el juez sostuvo que hay indicios concretos.
En cambio, sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, no hay indicios puntuales pero el juez quiere que se queden en el país hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras.
“El presente decisorio no tiene por objeto definir el grado de participación en los hechos investigados, por cuanto la instrucción aún no se encuentra finalizada. Por el contrario, únicamente se ha evaluado -tal como fue adelantado- si resulta razonable mantener la medida de prohibición de salida del país dispuesta”, destacó el juez en la resolución.
Hace diez días, el abogado de los tripulantes, Hernán Carluccio, le pidió al juez Villena que levante la medida cautelar y les devuelva el pasaporte. “No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable”, sostuvo.
La fiscal Cecilia Incardona y la DAIA se opusieron a ese plateo argumentando que todavía no se completaron todas las pruebas y que los tripulantes no aportaron domicilios de residencia.
Entre las medidas que están pendientes sobresalen las respuestas de Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, y el resultado final de la pericia de todos los aparatos secuestrados en el hotel de Canning, especialmente de los que requieren una traducción del farsí. En total se analizaron 72 aparatos, entre celulares, notebooks y computadoras.
Si bien todavía no hay una acusación formal, Villena decidió mantener la prohibición de salida del país para 7 de los 19 tripulantes.El fallo detalla 118 medidas de prueba que se realizaron desde el 13 de junio, cuando se abrió la causa judicial.
En el caso del piloto Gholamreza Ghasemi, la prueba más valiosa sigue siendo el informe del FBI que lo vincula con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah. “La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, apuntó ese informe.
El fallo además describe las fotos y los videos encontrados en el celular del piloto.
El juez también tuvo en cuenta que el piloto y Abdolbaset Mohammadi realizaron al menos 7 vuelos a Damasco (Siria). Según el FBI, esos vuelos, operados por la aerolínea Fars Air Qeshm, eran utilizados para contrabandear armas desde Irán.
Villena sostuvo que también hay indicios para retener en el país a tres venezolanos. ¿Con qué argumentos? Dos de ellos, Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta, están vinculadas a una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión. Concretamente, el fallo menciona la apertura de cuentas bancarias en Panamá y en Singapur, utilizadas para cobrar parte del dinero de los traslados.
A Pérez Goméz la Justicia le secuestró una nota dirigida a Samir Maklad, quien “se trataría de una persona que podría estar vinculado a Hezbollah y que, de acuerdo a fuentes abiertas, la familia Maklad podría ser dueña del Aeropuerto Santiago Mariño de Nueva Esparta, ubicado en la República Bolivariana de Venezuela”. Y agregó: “Si bien se trata de meros indicios entiendo que deben profundizarse. No sólo la veracidad o no de los documentos hallados sino también el grado de relación comercial que podría existir entre el aquí imputado y el grupo de ciudadanos venezolanos-libaneses destacados y la organización terrorista Hezbollah”.
El tercer venezolano que deberá seguir en el país, José Gregorio García Contreras, es un mecánico que tenía mensajes sospechosos en su teléfono.
