La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, dispuso este jueves revocar las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 en favor de Angélica Verónica Molina y Fabio Marcos Jesús Vera, ex directores de las delegaciones locales del PAMI y ANSeS.
Los exfuncionarios fueron juzgados entre el 22 de febrero pasado y el 30 de mayo pasado por el Tribunal Oral Federal N°2, conformado por los jueces Domingo Batule (presidente), Gabriela Catalano y Abelardo Basbus, quienes resolvieron, de manera unánime, la absolución de los mismos.
Molina y Vera Ramírez llegaron a juicio junto a los empleados del PAMI, Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo y a Fernando Ruarte, ex concejal del Partido de la Victoria. La acusación, en tanto, giraba en torno al pago ilegal de aportes por parte de jefes de agencias del PAMI hacia la organización de La Cámpora, como así también el desvío, con fines políticos, de cientos de electrodomésticos que había sido donados a ese organismo para ser entregados a jubilados.
En su alegato, el fiscal consideró acreditada la conducta ilegal de los acusados y confirmó la exigencia que pesaba en jefes de distintas agencias que posee el PAMI en localidades del interior de la provincia. Debían pagar el 20 % del sueldo en concepto de aportes a la organización política La Cámpora.
Ese dinero –sostuvo la fiscalía- se acreditaba mediante transferencias, en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de bolsín de comunicación interna del PAMI. Vera y Molina fueron apuntados como los principales responsables de esta maniobra y receptores de los pagos.
Además de sus cargos en los dos organismos mencionados, ambos son referentes de peso de la organización política “La Cámpora” en la provincia. En su hipótesis, el fiscal afirmó que la “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento.
La investigación -cabe recordar- se activó de oficio a partir una denuncia anónima y de diálogos que incriminaban a los dos dirigentes, que fueron expuestos a través de fotos de capturas que se hicieron públicas. A estas evidencias, se sumaron audios y otras declaraciones, entre ellas la de dos exjefas de agencias, quienes confirmaron las acusaciones, tanto en una audiencia de juicio por el cobro indebido del IFE como ante la fiscalía, al momento de ser citadas durante el inicio de las actuaciones.
