El caso de la familia de estafadores que operaban con transacciones inmobiliarias a partir de documentación apócrifa avanza en la Justicia con más detalles.
Por las denuncias de estafas reiteradas la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, desbarató a fines de noviembre último una banda integrada por siete personas, entre ellas 4 hermanos, los cuales aún permanecen detenidos.
La banda, con aceitados mecanismos que incluían la adulteración de boletos de compra venta, cesiones de derechos y operaciones a través de escribanías que "solo certificaron firmas" a la hora de concretar los fraudes, cometió estafas de todo tipo con la venta de inmuebles desde el año 2018.
Según las denuncias y la posterior investigación fiscal, la banda estaba encabezada por cuatro hermanos de apellido Córdoba: Luz Florencia Analía Córdoba; Noelia Maribel Milagro Córdoba; Carlos Mauricio Córdoba y Jesús Esteban Córdoba.
En la investigación, que pasó al Juzgado de Garantías Nº 2 a cargo de Ignacio Colombo, también aparecen otros nombres en el entorno familiar como Celina Frías (madre de los hermanos Córdoba) y José Facundo Figueroa Sánchez (hijastro de Frías), por lo que la actividad delictiva tenía las características de un próspero "negocio familiar".
De acuerdo a una de las primeras denuncias, los estafadores "captaron" a una pareja de ancianos de Santa Victoria Oeste, que urgidos por cuestiones de salud vendieron todas sus pertenencias en el lugar de origen para radicarse en Salta capital. Es así que se desprendieron de sus tierras y animales y encararon la búsqueda de un lugar que les diera la posibilidad de seguir viviendo, con el acceso próximo a la salud y a los servicios.
Lamentablemente los ancianos tuvieron la mala suerte de cruzarse con los estafadores Córdoba, quienes ya en aquella época habían desplegado una red de captación de víctimas a través de las redes sociales.
Es así que Santos Gregorio Martínez firmó un boleto de compra venta por un terreno ubicado en el barrio San Benjamín, sobre la ruta 21. Juntó la plata de las ventas de su casa y su ganado en Santa Victoria y el esforzado ahorro de su pequeña jubilación; el dinero de toda su vida.
El acuerdo fue firmado por uno de los integrantes de la banda en una escribanía de Salta capital, pactándose el pago del inmueble en la suma de 300 mil pesos. Martínez entregó en ese acto $150.000 de contado y en efectivo, con el compromiso de pago mensual de 30 cuotas de $5.000 cada una hasta saldar el monto acordado.
Siguiendo con el esquema de financiamiento, los estafadores efectuaban el cobro mensual a través de servicios de cadetería. En otras ocasiones, miembros de la banda fueron a cobrar personalmente a la dirección de una de las hijas de Martínez. Luego desaparecieron.
Luego de ese aporte inicial, en noviembre de 2018, los pagos se efectuaron en forma mensual de acuerdo a lo pactado, pero cuando solo faltaba una cuota para terminar el plan los acusados desaparecieron, cambiando el domicilio de las oficinas donde atendían y nunca más respondieron a los llamados telefónicos de la víctima.
Desde aquel momento una de las hijas de Martínez encaró las denuncias contra los estafadores, pero aquejada por un problema de salud, muy probablemente relacionado con esa situación, la mujer falleció en 2021. Otra hija tomó el caso de la estafa contra los ancianos.
Como corolario del relato se establece que los estafadores se manejaron con tanta impunidad que el fraude no solo se conformó con el golpe inicial del pago en efectivo, sino que también tuvieron tiempo de establecer un mecanismo de financiamiento a través de la entrega de recibos con la firma de supuestos operadores inmobiliarios.
Operaban en loteos "flojos de papeles"
La estafa guarda la particularidad de haberse concretado con un supuesto terreno en el barrio San Benjamín, loteo que, por otro lado, tiene denuncias sobre falencias documentales. Esta situación parece haber sido aprovechada por los estafadores, ya que operaron de la misma manera en otros loteos y empredimientos en quiebra.
Para el caso de la víctima, el jubilado Martínez, las cuotas pagadas aparecen en recibos con el membrete de la firma L& E Asociados, firmados por Luz Córdoba, una de las personas detenidas.
Los cobradores iban rotando y las denuncias señalan que se trataba de personas distintas que a lo largo de 29 meses pasaron a cobrar la cuota de $5.000 por el domicilio de la hija de la víctima.
Cuando faltaba la última cuota, informaron sobre el cambio de domicilio de la "inmbobiliaria" y desaparecieron de todos los lugares, registros y teléfonos.
Fuente El Tribuno
