El juez Guillermo Pereyra ordenó que el imputado continúe en libertad por la modalidad de cumplimiento de la pena dictada y le impuso reglas de conducta durante tres años: fijar residencia, notificar cualquier cambio de domicilio al tribunal y someterse al cuidado del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados de Salta; prohibición total de acercamiento a la víctima, a su domicilio y los lugares que ella frecuente en un radio de 200 metros; prohibición de realizar actos de violencia física, psíquica y moral en su contra; abstenerse de entablar cualquier tipo de contacto personal, por vía telefónica o por redes sociales o sistemas informáticos de mensajería; abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y del consumo de estupefacientes; realizar tratamiento psicológico y presentar bimestralmente las constancias de su evolución.
La damnificada es expareja del imputado. Refirió que, cuando todavía convivían, el acusado la obligó a sacar un préstamo con la tarjeta advirtiéndole que si no le daba dinero le haría daño a su hijo.
Tiempo después, cuando ya estaba separada, la interceptó en la vía pública y le advirtió: “Andá con mucho cuidado porque sé dónde vivís y conozco gente cerca de tu zona que te puede vigilar si hacés algo en contra mía".
Luego la llamó por teléfono y la amenazó de muerte por las denuncias que había radicado en su contra.
