A poco más de tres meses de la formalización de una investigación penal contra el ex intendente de Coronel Juan Solá (Estación Morillo), Atta Gerala, su hijo, José Miguel y David Medina, un comerciante de Orán, la Fiscalía de Distrito, a cargo del fiscal general, Eduardo Villalba, amplió la acusación penal contra el ex jefe comunal por el robo generalizado de vías férreas en el Chaco Salteño.
El agravamiento de la situación procesal del ex intendente se formalizó el jueves 20 de marzo pasado, en una audiencia dirigida por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, quien no tuvo reparos en conceder la ampliación de la imputación, a la vez que autorizó otra serie de medidas probatorias a fin de que se avance con el caso.
El juez, sin embargo, otorgó el arresto domiciliario al hijo de Gerala y Medina, detenidos desde el 4 de noviembre pasado, luego de varios allanamientos en Orán y Morillo, circunstancias en que se secuestraron 165 rieles sustraídos, 15 de ellos estaban en una propiedad del ex intendente.
A estos dos acusados, se les imputó los delitos de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en calidad de coautores. Al hijo de Gerala, en tanto, se le sumó el delito de “robo agravado por ser cometido en despoblado”.
Al mes, el 11 de diciembre, el fiscal general solicitó la detención del entonces intendente, a quien se le imputó los delitos de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario. Ahora, sin embargo, su rol se agravó por la de coautor.
En dicha audiencia, también fue imputado por “malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho persona”, dado el cargo que ocupaba al momento de los hechos, posición que perdió el 20 de noviembre pasado, al disponerse la intervención del municipio.
A comparación de su hijo y Medina, la medida de prisión preventiva que le fue impuesta fue bajo la modalidad de arresto domiciliario, condición que, en esta última audiencia, su defensa intentó cambiar por la libertad provisoria, pero el pedido fue rechazado por el juez, a instancias de los argumentos esgrimidos por la fiscalía al rebatir el planteo.
“Robo a cara descubierta”
“Estamos ante un robo a cara descubierta que cuenta con el consentimiento de la policía de Morillo, la que está sujeta a la autoridad del ex intendente”, dijo el fiscal Villalba, al fundar las razones que llevaron a agravar la situación penal del ex intendente.
En intervalos con la auxiliar fiscal, Roxana Gual, el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó la tarea de campo realizada, la que llevó a un equipo de trabajo de la fiscalía a situarse en la localidad de Morillo, donde recibieron las testimoniales de integrantes de las comunidades originarias, quienes sindicaron al ex jefe comunal como el cabecilla del robo de rieles.
Asimismo, destacó el resultado de la pericia realizada al teléfono del hijo de Gerala, pues de la misma surgieron mensajes que fortalecieron la teoría del caso y, sobre todo, el vínculo directo que tenía el ex intendente con los robos de rieles registrados en la zona.
Al respecto, la auxiliar fiscal señaló que el 19 de mayo del año pasado, personal policial de la localidad de Padre Lozano, en el marco de un operativo llamado “Municipio Seguro”, detuvo a dos camiones que transportaban 180 rieles sin la documentación correspondiente.
Explicó que el procedimiento se concretó sobre la ruta provincial 53 y que los conductores de los rodados, identificados como Edgar Agustín Britez y Mario Arístides Carrizo, quienes mintieron respecto a la carga, pues dijeron que era solo chatarra.
Luego, ante la insistencia de los policías por ver la carga, quedó al descubierto que transportaban rieles, sin ninguna documentación respaldatoria. Ante ello, Carrizo sostuvo que habían sido contratado por el ex intendente para trasladar la carga del paraje de Pluma de Pato, del municipio de Morillo, hasta Pichanal.
La situación procesal de los dos camioneros fue resuelta por el fiscal federal Marcos Romero, de la Desde Descentralizada de Tartagal, quien el 2 de octubre pasado, arribó a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, como resolución de conflicto con los dos conductores.
Como parte del mismo, Carrizo y Britez realizaron una donación de más de tres millones de pesos en favor del hospital de General Mosconi, además de 16 horas mensuales de tareas comunitarias para una iglesia evangélica de la localidad de “Los Blancos”, por el lapso de un año, siendo todo homologado por el mismo juez Montoya.
Este caso, a pedido del fiscal general, fue agregado a la investigación y con ello se amplió el objeto procesal. Para la fiscalía el traslado de los rieles robados y las revelaciones dadas por uno de los camioneros fortalecen la teoría del caso, en especial la responsabilidad del ex jefe comunal en los hechos investigados.
