Gabriela Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abelardo Basbus, miembros del Tribunal Oral Federal 2, absolvieron esta tarde a los cinco miembros de La Campora en Salta en la causa PAMI y ANSeS, en donde se investigaban denuncias de corrupción. Los acusados siguieron la audiencia mediante zoom.
Verónica Molina, exdirectora del PAMI de Salta, es una de las absueltas. Sobre ella pesaba la acusación de los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos, en calidad de autora. Bajo la misma calificación, estaban imputados otros dos funcionarios de ese organismo: Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo.
Por otra parte, estaban acusados Marcos Vera, ex director de la Anses e imputado por exacciones ilegales, en grado de autor, mientras que el ex concejal, Fernando Ruarte respondía en calidad de partícipe necesario del delito de malversación de caudales públicos.
El juicio comenzó el 2 de febrero de este año, oportunidad en la que el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos presentó la acusación contra los cinco acusados, la cual tenía como eje central la exigencia que pesaba en jefes de distintas agencias que posee el PAMI en localidades del interior de la provincia, para que pagaran el 20 % del sueldo en concepto de aportes a la organización política La Cámpora.
En ese entonces, el representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que, de la investigación realizada, se pudo establecer que ese dinero se acreditaba mediante transferencias, en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de bolsín de comunicación interna de ese organismo.
Señaló como los principales responsables de esta maniobra y receptores de esos pagos a Molina y Vera, quienes eran directores de la sede Salta de PAMI y ANSeS, respectivamente, y también son representantes de La Cámpora en la provincia.
Afirmó que esta "exigencia" de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento. Entre las pruebas mencionadas, tanto de orden documental como testimonial, mencionó evidencias concretas, como capturas de mensajes, audios y documentación bancaria respecto al dinero recaudado, lo que luego fue expuesto en el debate.
Por otra parte, destacó el uso irregular del sistema de bolsín, del cual se valían los acusados para recibir los pagos de los jefes de agencias designados en localidades lejanas, lo que se produjo en el marco de una modalidad ilegal que salió a luz por una denuncia anónima y la declaración de dos exgerentas de ese organismo.
En cuanto a la acusación por la entrega irregular de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI por la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de que sean distribuidos entre los afiliados de extrema vulnerabilidad, el fiscal también la dio por acreditado este delito.
En ese sentido, indicó que los imputados, incluido Ruarte, desviaron el destino de estos bienes, que terminaron siendo funcionales a la campaña política que tenía como protagonista al entonces concejal, quien buscaba su reelección por el partido de La Victoria en la capital salteña.
Concluida las testimoniales y la presentación de pruebas, el fiscal volvió a ratificar la acusación y descartó de plano que la misma sea una construcción antojadiza o con fines políticos, lo que surge claramente de cada una de las declaraciones que se brindaron a lo largo del juicio.
Entre otros aspectos, el fiscal dejó en claro que el manejo ilegal que tenían Vera y Molina, quienes velaban para que los jefes de agencias cumplan con los pagos, lo que quedó probado no sólo con las capturas y audios expuestos, sino también por la declaración de algunos de los que se vieron obligados a pagar esa exigencia.
