"Jueces, fiscales, defensores, asesores y técnicos sindicados como responsables de haber mantenido detenidos por casi 3 años a dos hermanos discapacitados profundos, perciben sueldos que rondan el millón de pesos, y si se tiene en cuenta la situación de absoluta vulnerabilidad en que ambas víctimas fueron dejadas, el daño irreparable que se les produjo y la falta de determinación para avanzar con la investigación, no descartamos la posibilidad de pedir un embargo preventivo de los haberes de todos ellos", dijeron los abogados Gonzalo Maidana y Alexis Ríos en una nota con este medio.
Ya lo decía un histórico dirigente de la política argentina: "El bolsillo es la víscera más sensible del hombre". Y es ahí donde buscan llegar los abogados Gonzalo Maidana y Alexis Ramber Ríos en relación con la causa que involucra a funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público acusados de graves delitos por haber mantenido detenidos 3 años a dos hermanos discapacitados profundos residentes en la localidad de Aguaray. Hace casi 3 meses, una mujer, familiar de ambos muchachos, en su carácter de curadora, presentó la primera denuncia penal contra 10 funcionarios judiciales y hasta el momento no se inició ninguna investigación.
Dado que los acusados son dos jueces de garantías, una fiscal de violencia de género, dos defensores, dos jueces de cámara, dos psicólogas y un tercer camarista de la ciudad de Salta (este último por haber rechazado un recurso extraordinario que pedía la libertad de ambos discapacitados), los querellantes Maidana y Ríos pidieron la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación integrada por fiscales de otros distritos para la investigación.
Pero el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, puso al frente de la misma a Gabriela Souto, la fiscal de Embarcación perteneciente al mismo distrito Judicial de Tartagal, que por lógica fue recusada por ambos querellantes dada su amistad con quienes debe investigar.
Maidana precisó que "presentamos la recusación porque la amistad de Souto con los denunciados es algo de conocimiento en todos en ámbitos de la Justicia local, pero además porque tienen denuncias y recusaciones por causas anteriores con el Dr. Alexis Ríos. Estamos esperando que se resuelva ese tema pero, a mi entender, ella misma debía haberse apartado y no esperar que nosotros la recusemos.
Tanto demoran que hemos presentado un pedido directamente al procurador general de la Provincia para que este tema se resuelva y comience la investigación. Nosotros que tenemos casa, comida caliente, que no se nos llueve el techo de la casa, podemos esperar, pero esos dos muchachos que conviven con su madre también discapacitada, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluta, después de 3 años presos de forma ilegal, no pueden seguir esperando", enfantizó Ríos.
