La Justicia Federal avanzó con un nuevo procesamiento contra el exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, y el exfiscal federal José Luis Bruno, a quienes se acusa de haber favorecido irregularmente a imputados en una causa de narcotráfico. Este fallo amplía las acusaciones en su contra, vinculadas a un entramado de decisiones judiciales que habrían beneficiado a personas vinculadas al tráfico de drogas en la frontera norte.
El fallo, emitido por el Juzgado Federal N°1 de Salta, sostiene que Reynoso y Bruno habrían accionado de manera coordinada para conceder libertades y alivianar la situación procesal de acusados en una causa, que investigaba una organización narcocriminal con base en Salvador Mazza y San Ramón de la Nueva Orán. Se los señala por prevaricato y por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Si bien los procesamientos son sin prisión preventiva, si se dictaron embargos: cinco millones de pesos para Reynoso y dos millones para el exfiscal.
La resolución judicial indica que el exjuez Reynoso habría dictado en 2012 una resolución ilegítima con el fin de beneficiario a Federico Gerardo Rojas, imputado por tráfico de estupefacientes, modificando arbitrariamente su grado de participación en la causa y concediéndole la libertad. Rojas, quien había sido procesado con prisión preventiva, obtuvo su liberación gracias a un cambio en su calificación de "participe necesaria" a "participe secundaria".
El fallo también apunta contra el exfiscal Bruno, quien, en lugar de impugnar esta medida, habría permitido que el dictamen de Reynoso se mantuviera firme, evitando cualquier revisión judicial de la maniobra. Como resultado, Rojas nunca volvió a comparar ante la justicia y permanece prófugo desde 2013.
La investigación reveló que Reynoso y Bruno no solo omitieron pruebas clave en el expediente, sino que habrían accionado deliberadamente para obstaculizar el avance del caso. Según la fiscalía, esta conducta forma parte de un patrón sistemático que favorece la impunidad de los narcotraficantes en la frontera.
El exjuez Raúl Reynoso ya había sido condenado en 2019 a 13 años de prisión por liderar una organización delictiva que cobraba sobornos a acusados de narcotráfico a cambio de beneficios judiciales. Durante su gestión en el Juzgado Federal de Orán, habría otorgado libertades y sobreseimientos irregulares a cambio de dinero y bienes.
La ampliación de su procesamiento refuerza las sospechas de que su red de corrupción no actuó en solitario. La figura del fiscal Bruno ahora se encuentra en el centro de la escena, acusado de omitir su deber de perseguir el delito y garantizar la legalidad de los procesos judiciales.
