Por disposición judicial, un detenido alojado en la comisaría 1 de Metán fue trasladado al Banco Nación de esa localidad para cobrar el IFE, pero no pudo percibir el beneficio porque la sucursal estaba llena y algunos que estaban en la fila comenzaron a quejarse porque se encontraba custodiado por policías y se negaron a darle prioridad.
Extraoficialmente se supo que el oficio librado por el Juzgado de Garantías 1, a cargo del juez Mario Herminio Teseyra, ordenaba que se arbitraran los medios para trasladar el lunes pasado a Claudio Maximiliano Rivera, quien está acusado de hurto calificado y daños, al banco para percibir el denominado refuerzo alimentario.
Si bien el magistrado metanense se limitó a hacer cumplir una disposición en el marco de la ley, los policías tienen dudas sobre cómo hizo los trámites online en la página de la Anses para que le paguen el IFE. Pero si algún familiar tenía la clave lo podría haber realizado.
Rivera fue llevado el lunes pasado con custodia desde la comisaría 1 al Banco Nación, pero no pudo recibir el beneficio porque había mucha gente en la sucursal de la localidad. Hubo quejas y como no se pudo dar prioridad al privado de la libertad lo condujeron nuevamente a la dependencia.
Ahora sus familiares deberán tramitar otro oficio judicial para que pueda cobrar el IFE. Al respecto, las autoridades de la Policía de Metán no quisieron hacer declaraciones ni brindar información sobre la polémica situación.
"Yo tengo un familiar que es una persona honesta y no puede cobrar el IFE y hay algunos presos que lo obtienen. La verdad que es una injusticia", dijo una fuente policial.
"El juzgado lo único que hace es autorizar el traslado del detenido al banco con todos los recaudos de seguridad necesarios luego de constatar que el detenido va a percibir el beneficio que otorga la Anses, no la Justicia", aclaró el juez Teseyra en diálogo con El Tribuno.
"No hay muchos beneficiarios de ese tipo en Metán, y es por una razón humanitaria porque hay presos que perciben ese dinero y se lo entregan a su familia porque tienen hijos y muchas necesidades", destacó el magistrado.
El caso de Rivero va a generar polémica porque hay muchas personas que fueron excluidas del cobro por diversos motivos. Pero además, una fuente policial dijo que los presos permanentemente están gestionando esas ayudas.
Sin embargo, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó el 30 de septiembre de 2023 sobre el refuerzo para trabajadores informales (decreto 493/2023) disposiciones en las que aclara que la persona solicitante no debe estar privada de la libertad, bajo cualquier modalidad.
Lo llamativo es que la página de Anses no aclara sobre ese punto. En el artículo 5 del decreto presidencial especifica sobre el refuerzo para trabajadores que consistirá en dos pagos mensuales cada uno de $47.000, a realizarse uno en octubre de 2023 y otro en noviembre del mismo año.
En mayo de 2022, a instancia del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, cinco concejales de distintas localidades del interior de esa provincia fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N°1 a penas de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el cobro ilegal del ingreso familiar de emergencia (IFE).
En julio de 2020 hubo un escándalo en Salta por un listado de funcionarios, entre los que figuraban concejales, un intendente y un diputado que estaban sospechados de haber cobrado el IFE o de haber intentado hacerlo de manera irregular.
Fuente El Tribuno
