"El análisis satelital y de campo llevado a cabo por el equipo del Instituto Geográfico Nacional y efectivos de Gendarmería Nacional permitió identificar extensiones de tierras cultivadas dentro del territorio nacional, sin la presencia de registros legales de migración o aduana que justificaran tales actividades", concluye un informe que Gendarmería elevó a la cartera de Seguridad de la Nación, el pasado fin de semana, y a partir del cual la ministra Patricia Bullrich dispuso el despliegue de un Comando Unificado de fuerzas federales en la banda del río Grande de Tarija. La Fiscalía Federal de Orán ya requirió incautaciones.
La comunidad originaria Tape Iguapegui, que había empezado a denunciar la ocupación ilegal de esa franja fronteriza del departamento San Martín en 1994, celebró la decisión que se tradujo en una resaltante presencia de gendarmes en Churqui, Trementinal, San Telmo, Algarrobito y otras áreas ribereñas.
"Quiero agradecer a la ministra Bullrich, por su respuesta ante los atropellos que nuestro pueblo ha venido sufriendo por parte de cañeros de Bermejo que usurparon, desmontaron y llenaron de plantaciones ilegales estas tierras", manifestó ayer Natali Vázquez, cacique ava guaraní, tras recordar que las primeras denuncias en ese aislado y olvidado borde fronterizo se remontan hasta los tiempos de su padre.
Ayer en las plantaciones ilegales que permanecían en pie brilló la ausencia de los cañeros bermejeños. "Se fueron para evitar que los agarren", afirmó Vásquez. "Seguramente estarán esperando que los gendarmes se retiren para volver", advirtió la referente ava guaraní, tras insistir en la necesidad de que se instale en la banda del río Grande de Tarija un puesto permanente de la fuerza de frontera. Lo propio reclaman productores de la zona de Algarrobito, Baúles y la Junta de San Antonio, que inclusive donaron importantes fracciones de inmuebles rurales para que se establezca allí una sección de Gendarmería.
La situación de aislamiento y desprotección de la zona fue remarcada en el informe que recibió la ministra Bullrich, tras las inspecciones iniciadas el pasado viernes. "La complejidad del terreno y la falta de recursos especializados para demarcar con precisión los límites fronterizos, sumado al irregular curso del río, exigieron un estudio meticuloso que involucró tanto la interpretación de imágenes satelitales como las coordenadas GPS obtenidas por los equipos de campo. Sin embargo, la información recabada fue suficiente para confirmar la violación del territorio argentino", se reportó desde el Escuadrón 20 de Orán.
Tras los relevamientos, que se completaron el sábado, también se informó a la Ministra que "la frontera en este sector es altamente vulnerable", debido a que el bajo nivel de las aguas del río Grande de Tarija posibilita que camiones y camionetas puedan cruzar, sin mayores dificultades, mercancías ilícitas.
En una denuncia que se presentó el pasado 13 de septiembre y recayó en la Fiscalía Federal de Orán se advirtió que en la zona ya se desmontaron alrededor de 2.500 hectáreas en una docena de catastros del departamento San Martín, desde las cuales en la última zafra se cruzaron en contrabando a un ingenio de Tarija unas 150.000 toneladas de caña de azúcar.
En octubre de 2014, ante otra denuncia, fuerzas federales y agentes de la AFIP desactivaron en Algarrobito un contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar. En ese operativo, ordenado por la Justicia Federal de Orán, se detectó en plantaciones de la zona a 60 ciudadanos indocumentados, incluidos varios niños. Se incautaron cargamentos, camiones y hubo detenciones por contrabando y evasión fiscal.
Años después, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) denunció que cañeros bermejeños encabezados por Horacio Cruz Castro, avanzaban con usurpaciones, desmontes y plantaciones ilegales desde las que corrían a originarios con machetes y armas de fuego. El INAI pidió al entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, una urgente intervención, sin respuestas.
Pruebas lapidarias de la usurpación
En en 2021, el líder de los cañeros bermejeños denunció a Natalí Vásquez y otros originarios aba guaraní por supuestas turbaciones en "Isla Valle Dorado", un fundo del que se decía dueño en suelos ribereños de Bolivia y que eran otros que los de El Trementinal (General Mosconi). En 2023, el INRA, un instituto depediente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia informó la Fiscalía interviniente que el dominio que se adjudicaba Horacio Cruz Castro era "inexistente". Más categórica aún fue la Cancillería boliviana, al advertir a la Fiscalía tarijeña que las coordenadas que dio Cruz Castro de la isla de la que se decía dueño eran, en realidad, "territorio argentino". Cruz fue notificado de ese dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en enero último.
Fuente El Tribuno
