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LA POMA

Una ex directora salteña irá a juicio por delito de peculado

La ex directiva habría omitido efectuar rendiciones de gastos por más de 107 mil pesos en el período 2012 – 2015. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

Una ex directora salteña irá a juicio por delito de peculado

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa que se sigue a la ex directora del Colegio Secundario N°5069 de La Poma por el delito de peculado.

La intervención de la UDEC inició a raíz de la remisión en 2016 de un expediente sobre la situación académica y administrativa de la institución educativa por parte del ministro de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta de ese entonces, Roberto Dib Ashur.

Tras realizar distintos análisis y entrecruzamiento de datos, el Gabinete Económico de UDEC logró determinar una serie de irregularidades en la gestión administrativa de fondos del programa “Centro de Actividades Juveniles” (CAJ) por parte de la ex directora, quien se desempeñó al frente del colegio secundario desde el 28 de julio de 2007 hasta el 10 de agosto de 2015 y, como tal, tuvo a su cargo la administración y custodia de los fondos de los programas “Plan de Mejora Institucional” (PMI) y CAJ.

En el marco del programa PMI, desde el 3 de julio de 2012 hasta el 6 de octubre del 2014, se acreditó en una cuenta del Banco de la Nación Argentina de la Unidad Educativa, la suma de $109.408, y en el marco del programa CAJ, desde el año 2012 hasta el día 26 de febrero de 2015, se acreditó la suma de $119.983.

Según los investigadores, la ex directora habría omitido efectuar rendiciones de gastos del programa PMI por un monto de $70.992,80; y del programa CAJ, $36.714.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que la ex directiva, como administradora y custodia de los fondos que le fueron remitidos en los programas PMI y CAJ, omitió efectuar rendiciones de gastos y, por lo tanto, no justificó erogaciones realizadas con dichos fondos, sustrayendo un total de $107.706,80; perjudicando así el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública.


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