Si bien sucedió hace más de un mes, recién ayer se conoció que el fiscal penal N° 2, Ramiro Ramos Ossorio, dispuso desestimar las actuaciones que se iniciaron tras la denuncia de un familiar de una hermana carmelita por privación ilegítima de la libertad.
En su escrito, en el marco de la averiguación preliminar, con fecha del 16 de febrero último, el magistrado considera que "el hecho denunciado no configura delito penal" y pide remitirla a la oficina de causas archivadas.
Según explicaron especialistas consultados, la decisión del fiscal no estaría firme y podría ser apelada por la víctima.
La denuncia por privación ilegítima de la libertad se realizó a mediados de diciembre del año pasado. La hermana de una de las monjas manifestó que esta se encontraba allí contra su voluntad desde el 6 de diciembre y que otra carmelita estaba en la misma situación. Cuando presentó el reclamo hacía 48 horas que no tenía contacto con su hermana, quien atraviesa una enfermedad terminal.
Luego de esto y de que las autoridades de la institución incumplieran una orden judicial, se realizó un allanamiento en el Convento. Allí se le hizo un acta a la religiosa, quien confirmó su deseo de salir de allí. Posteriormente fue "liberada" por la fuerza pública.
Días después el abogado del Carmelo consideró que las monjas no estaban privadas de su libertad. Dijo que ellas "pueden entrar y salir libremente", aunque, si lo hacen, tienen que dejar los hábitos.
El 20 de diciembre último una carmelita fue "liberada" por la fuerza pública, tras una denuncia que radicó su hermana biológica por privación ilegítima de la libertad. En el reclamo dijo que otra religiosa estaba en la misma situación.
"Jamás hubo privación de la libertad", insistió el letrado, y comentó que la monja que fue "liberada" en diciembre era la portera, sabía dónde estaban las llaves y podía abrir la puerta: "Si ella quería irse, se iba".
Entonces mencionó que la religiosa había manifestado su deseo de esperar al trámite canónico para salir con el permiso de la Iglesia católica y no perder su voto de clausura.
En ese momento el abogado reconoció que todavía no se había iniciado este trámite, aunque unos días después llegó el permiso de Cargnello. Aún así, se debía esperar la autorización del Vaticano.
Dos causas más
Desde mayo del año pasado se tramitan otras causas en la Justicia que tienen como protagonistas al Carmelo y al Arzobispado de Salta.
Una de ellas tiene que ver con la administración económica del Convento San Bernardo y desde fines de diciembre está a cargo de una unidad fiscal conformada por los magistrados Gabriel González y Verónica Simesen de Bielke.
La otra causa que sigue en curso es de violencia de género -física, psicológica y económica-, a partir de una denuncia de la priora del Convento contra el arzobispo Mario Antonio Cargnello.
Fuente El Tribuno
