El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dio por formalizada ayer la imputación penal requerida contra Braian Marcelo Barraza -miembro de la Policía de Tucumán- por el delito de transporte de estupefaciente agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención, en este caso, del narcotráfico.
La imputación, instada por la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, alcanzó también a Nelson Adrián Moyano, quien iba junto a Barraza en el vehículo donde fue hallada la droga. En su caso, la acusación fue solo por el delito de transporte de estupefacientes.
Además de la calificación, el juez interviniente también accedió al pedido de prisión preventiva de la fiscalía para ambos acusados, como también al plazo requerido para llevar adelante la investigación penal, y por último autorizó peritajes pendientes, entre ellos el análisis de los celulares secuestrados.
Tras la identificación de los imputados, ambos oriundos de Tucumán, el fiscal informó que la detención de los acusados se registró el sábado pasado a la madrugada en el puesto de control que la Gendarmería Nacional posee en el paraje Senda Hachada, en la ruta 34, kilómetro 1375, en el norte de la provincia de Salta.
Agregó que el vehículo Volkswagen Vento arribó al puesto de control procedente de Salvador Mazza y que era conducido por Barraza, quien se identificó como integrante de la Policía de Tucumán, mientras que Moyano iba en el asiento del acompañante.
Explicó que, al revisar la documentación del rodado, los gendarmes advirtieron que la documentación del vehículo no estaba en regla, pues ninguno de los dos ocupantes era el titular del rodado, que estaba registrado en el partido de González Catán, provincia de Buenos Aires.
Como consecuencia del control físico del automóvil, la Gendarmería advirtió un equipo de sonido con un bafle de grandes dimensiones colocado en el baúl, el cual presentaba señas de haber sido acondicionado recientemente, lo que despertó las sospechas de los miembros de la fuerza de seguridad.
En el baúl
Bajo la dirección del auxiliar fiscal Rafael Lamas, se sumó a la tarea de requisa al can antinarcóticos “Luna”, que marcó el sector donde estaba el equipo de sonido, como también el asiento trasero. Esto motivó el uso de un scanner, el cual también reveló la existencia de objetos extraños en el bafle.
Al realizar la apertura, según el relato del fiscal Romero, se encontraron 45 paquetes de droga, que totalizaron una cantidad de 46 kilos con 680 gramos de cocaína. Ello determinó la detención de Barraza y Moyano, al igual que el secuestro de sus teléfonos celulares, entre otros elementos de interés.
Tras la descripción del hecho, el representante del MPF respaldó la acusación con una serie de evidencias reunidas, entre ellas prueba documental y entrevistas al personal y a testigos del procedimiento, con lo cual dio por acreditado el delito, aunque señaló que resta determinar de manera más fehaciente el rol de cada uno de los acusados.
En función de ello, el fiscal Romero solicitó la prisión preventiva, que fundó en la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación que podrían causar los imputados en libertad. También señaló que, en caso de recaer condena, no sería de ejecución condicional sino efectiva.
Convocados a ejercer su acto de defensa, Barraza se abstuvo de declarar y Moyano lo hizo solo para tomar distancia de la droga. Afirmó que ambos habían salido de Tucumán con destino a la zona de frontera con el fin de adquirir mercadería y que, sin embargo, no hallaron nada que les llamara la atención, por lo que emprendieron el regreso. Explicó que nunca supo de la existencia de la droga.
La versión no tuvo eco, como tampoco los pedidos de la defensa, pues el juez Montoya coincidió con los argumentos esgrimidos por la fiscalía.
