En mayo hallaron 500 kilos de cocaína escondidos en el doble fondo del piso de una grúa sobre la Ruta Nacional 34; en agosto, cuatro mujeres fueron detenidas en la terminal de ómnibus Joaquín V. González con cuatro kilos de cocaína que aparentemente querían trasladar hacia el Chaco; a principios de septiembre dos hombres fueron detenidos mientras intentaba trasladar 46 kilos de la misma droga, y a fines del mismo mes un efectivo de Gendarmería fue arrestado con tres kilos de cocaína y armas.
La sucesión de hechos vinculados con el narcotráfico en Salta encendió las alarmas. Y la preocupación se incrementó porque, como ocurre siempre que el crimen organizado se asienta en un territorio, también se ha detectado un alza en los delitos “comunes”, como robos a mano armada de autos y celulares, como consecuencia de la necesidad de conseguir dinero para la compra de drogas.
Estos hechos dejan en evidencia el avance del narcotráfico en la Ruta Nacional 34, conocida también como la “Ruta de la Droga” o la “Ruta Blanca”, que nace en Salta en el límite con Bolivia y llega hasta Santa Fe, donde Rosario en uno de los nodos centrales de distribución de droga para todo el país. Todo ante la inacción del Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta.
Hallan más de 500 kilos de cocaína en una grúa, en Salta.
Por su ubicación geográfica, la ciudad de Orán fue la puerta de entrada del narcotráfico a Salta. Con el paso del tiempo, sin una política agresiva y contundente para contrarrestarlo, el crimen organizado se extendió por toda la superficie de la provincia.
Desde el 2018 es la provincia con mayores índices de delito contra la propiedad, según el INDEC y el Ministerio de Seguridad de la Nación: se encuentra un 20,4% arriba de la media nacional en cantidad de casos. Además, hay un alto índice (26,4%) de personas mayores de 18 años que vivieron situaciones de delitos vinculados a la integridad física en el último año.
Asimismo, Salta se ubicó como la segunda provincia con mayor tasa de femicidios por cantidad de habitantes mujeres en los últimos cinco años, de acuerdo a un relevamiento nacional de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), con una tasa de 2 femicidios por cada 100 mil mujeres.
Estos números se contradicen con el presupuesto con el que cuenta la provincia para combatir la inseguridad: según un informe de la Fundación Libertad basado en información del Ministerio de Economía, en 2019 Salta fue el tercer distrito en porcentaje de participación en el gasto total del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fueron $ 10.431 millones los que recibió, lo que representa el 10,9% de los fondos que destinó la cartera nacional en total a las jurisdicciones, por encima del 9,1% que hubo en promedio.
El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo, calificó como "gravísimos" los problemas que padecen en la frontera norte. “Estuve en Buenos Aires para ver si podemos reforzar la seguridad. Nosotros tenemos que hacer un pacto federal que trascienda lo que es meramente el ámbito jurisdiccional de la policía de Salta. Esto tiene que ver con un impacto regional donde habrá que tomar muchas medidas drásticas. Mucho antes de ser ministro dije que la frontera había ingresado como 300 kilómetros adentro del territorio nacional y ahí tiene que haber una respuesta no solo de la provincia sino también del Estado nacional”, afirmó el funcionario.
El hecho de inseguridad que tuvo mayor repercusión a nivel provincial, con el consecuente llamado a la acción de parte de los vecinos para el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, fue el asesinato a sangre fría de Darío Monges, un colaborador en la política local, cuya investigación presenta elementos que lo vinculan con el crimen organizado.
Darío Monges, acribillado en Salta.
Monges trabajó y colaboró con Mario Moreno, hermano del intendente de Vaqueros y ex diputado provincial, además de haber sido pionero y director del programa Escuelas Municipales de Boxeo. Fue acribillado de cinco balazos en la cabeza dos meses después de haber ingresado a la Unidad Carcelaria N°3 de Orán, bajo la autorización del director general de Políticas Penales del Ministerio de Seguridad local, Ángel Sarmiento, para reunirse con el interno Oscar Díaz, acusado de haber cometido varios asesinatos por encargo.
Días después del asesinato de Monges, el Ministerio Público Fiscal de Salta anunció que por razones de seguridad trasladaría a Díaz a la ciudad de Salta, a pesar de que él no había realizado el pedido pertinente, en una provincia donde alrededor de 1.800 personas están presas en comisarías bajo condiciones irregulares de detenciones. Ante toda esta situación, Sarmiento se puso a disposición de la Justicia y podría quedar imputado por posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificados, todo en perjuicio de la administración pública.
En el ojo de la tormenta
Los casos de inseguridad y, principalmente, el sangriento crimen de Monges, pusieron en el ojo de la tormenta a Cornejo. El funcionario, ex juez de la Corte y ex Procurador General de la provincia, ocupo distintos cargos durante los gobiernos de Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, quien en noviembre de 2021 lo designó al frente de la cartera que conduce actualmente.
En abril de este año, Cornejo renunció a su cargo tras ser acusado de varios delitos por parte del diputado provincial Gustavo Orozco, incluyendo una denuncia por acoso. Sin embargo, tras una reunión con el gobernador Sáenz, el ministro de Seguridad y Justicia volvió a su cargo.
A pesar de todas estas situaciones, y del aumento de hechos delictivos en la provincia, Cornejo anunció que será candidato a intendente de la ciudad de Salta y aseguró que cuenta con el apoyo de Sáenz.
