En los últimos tiempos, pese a las recomendaciones, advertencias y amargas experiencias expuestas en la capital y el interior de la provincia, los despachos de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia se abarrotaron de presentaciones penales por estafas piramidales con inversiones financieras, aplicaciones de Internet, criptoactivos y billeteras virtuales. El preocupante récord de Salta incluye cataratas de denuncias de masivas defraudaciones consumadas en viajes de turismo, loteos, urbanizaciones y fideicomisos inmobiliarios truncos con afectaciones multimillonarias en dólares y pesos. Las siderales sumas implicadas saltan a relucir en las determinaciones que realizó el Gabinete de Delitos Económicos del CIF en emblemáticas causas penales, como también en los créditos reclamados en una infinidad de acciones civiles que reflejan que detrás de los concursos y quiebras de algunas firmas demandadas hay algo más que meros incumplimientos contractuales.
Yomigt
En 2023 cientos de personas terminaron estafadas en Salta a través de Yomigt, una aplicación que se vendía como una plataforma de inversión en USDT -una criptomoneda ajustada al valor del dólar, con rentas del 100% en 35 días- y que desapareció, de la noche a la mañana, con una fortuna cuya suerte aún se desconoce.
El pasado jueves, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, solicitó a los damnificados que formalizaron denuncias que ingresen a un enlace habilitado en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de la Provincia para completar datos -en carácter de declaración jurada- a fin de avanzar en la investigación.
La causa, en la que siete personas se encuentran imputadas, se tramita ante el Juzgado de Garantías 5 de Salta. En esta provincia, la estafa piramidal pergeñada con criptoactivos provocó a más de 750 personas defraudadas un perjuicio económico que se estimó, extraoficialmente, en unos 10 millones de dólares.
El esquema Ponzi de Yomigt fue acompañado con un despliegue promocional que encandiló a muchos jóvenes que, atraídos, perdieron lo poco que tenían y quedaron mal parados. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta la última semana de noviembre de 2023, cuando la aplicación Yomigt dejó de operar sin aviso. Entonces, cientos de personas despertaron con la pesadilla de haber perdido sus ahorros y millones de dólares se esfumaron a través de una caja virtual.
Yomigt era una aplicación extranjera con registro en Estados Unidos, lo que agregó complejidad a la investigación judicial, especialmente en la búsqueda de las cabezas de la criptoestafa que hoy tiene a actores locales de la larga y opaca cadena enfrentados a serios cargos penales.
Desde tiempo antes de que Yomigt desapareciera del universo digital, en Internet se venían publicando reseñas negativas y advertencias sobre su dudosa confiabilidad. La plataforma había llamado la atención de muchos usuarios en Argentina, porque ofrecía formidables ganancias en poco tiempo a inversionistas, mayoritariamente jóvenes, que con una altísima inflación y deplorables sueldos creyeron haber encontrado en esa APP -como en otras enfiladas en la misma dirección- un providencial refugio para sus ingresos.
Ríos & Asociados
Otro antecedente cercano de las estafas piramidales que se consumaron en Salta con tendales de afectados es el de Ríos & Asociados. La financiera trucha comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y después también abrió una sede en la capital salteña. En la investigación judicial se determinó que la firma estafó al menos a 1.700 ahorristas en más de 3 millones de dólares. Hubo numerosas detenciones y entre los implicados resaltaron varios policías que fueron acusados de actuar como captadores de nuevos inversores.
Desde el inicio de la maniobra, y con el ofrecimiento de altas tasas de retorno, Rios & Asociados movió 2.219 millones de pesos y 3.265.280 dólares. En 26 allanamientos realizados tras la apertura de la investigación judicial fueron secuestrados 23.213.960 pesos y 60.388 dólares, 12 automóviles, 7 camionetas y 2 motocicletas. La Justicia también dispuso medidas sobre inmuebles y recuperó 4.529 contratos, entre otras pruebas. Ante la sospecha de lavado, también se abrió un expediente en la Justicia Federal.
El pasado 18 de febrero, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 3, del Distrito Judicial del Centro, para 27 imputados, entre ellos 13 efectivos de la Policía de Salta.
La promesa de ganancias extraordinarias y seguras en poco tiempo en el sistema financiero, los estímulos adicionales por la captación de nuevos inversores, la exigencia de inversiones mínimas o tiempo de permanencia y las escalas de beneficios por no retirar el capital invertido son algunas señales claras para sospechar que se está frente a un esquema piramidal fraudulento.
Agrinvert, las primeras condenas por un esquema Ponzi
En junio de 2024, la Sala II del Tribunal de Juicio sentenció a Alejandro Daniel Cedrón, cabeza de la financiera Agrinvert, a cinco años y tres meses de cárcel. Su esposa, María Rosa Manzano, recibió cinco años de prisión efectiva y su cuñado, Eduardo Martín Cedrón, tres años de cumplimiento condicional. Esas fueron las primeras condenas en Salta por una estafa piramidal
En la investigación la Unidad de Delitos Económicos Complejos (Udec) estableció, en base a 27 denuncias, que detrás de Agrinvert hubo una defraudación masiva con esquema Ponzi. Las víctimas firmaron contratos de préstamo en pesos, entregando sumas de dinero para su inversión en el mercado financiero. La firma, que se comprometió a devolverles el capital con elevados intereses en un plazo determinado, los dejó con una mano atrás y otra adelante.
Los acusados promovieron su negocio principalmente entre personas de alto poder adquisitivo, generalmente conocidos, quienes con sus incautos testimonios convencieron a otros familiares y amigos, extendiendo así el alcance del fraude.
Las oficinas de Agrinvert funcionaron en el primer piso de un hotel de Buenos Aires y Caseros, en pleno centro de la capital salteña. Con una fachada de solvencia y seriedad, los hermanos Cedrón y Manzano captaron víctimas con promesas de significativas ganancias a corto plazo mediante una reinversión continua y la incorporación de nuevos participantes. El fraude -una característica clásica de los esquemas Ponzi- se sostuvo mientras ingresaron nuevos inversores, pero cuando se agotó la entrada de nuevos fondos y los inversores quisieron retirar su dinero sin reinvertirlo, vieron todos sus ahorros esfumados.
Saulo Capital
En diciembre de 2023 la UDEC formalizó cargos contra Nelson Javier Cabana, Nelson Rogelio Ramos, Marcelo Alfredo Morales y Sabrina Florencia Resina por estafas reiteradas en 520 hechos, asociación ilícita y vaciamiento de empresa en la causa Saulo Capital.
La intervención de la UDEC se inició en mayo de 2022 ante cientos de denuncias presentadas contra los responsables de la firma. En paralelo, el Banco Central había detectado movimientos irregulares e informó que la empresa había realizado actividades de intermediación financiera sin autorización de la Comisión Nacional de Valores.
Según la información que recopiló el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), los denunciantes realizaron inversiones por más de 188 millones de pesos, cerca de 2,4 millones de dólares y 2.300 BUSD (una moneda digital vinculada al valor del dólar). La mayoría de los contratos se suscribió entre marzo de 2021 y marzo de 2022.
Cabana, Ramos y Morales quedaron detenidos en enero de 2023 (a Resina se le concedió la domiciliaria). En abril de 2024 el juez de Garantías 7, Pablo Zerdán, rechazó el pedido de revisión de prisión preventiva formulado por sus defensas. El magistrado, en línea con la Fiscalía, consideró que su liberación podría entorpecer el avance de la causa y que existía riesgo de fuga. También se remarcó que no se había podido recuperar el dinero implicado en el aluvión de denuncias.
El equipo de UDEC determinó que los ahorros confiados a Saulo Capital SRL se destinaron a negocios locales y que las ganancias obtenidas se utilizaron, mayormente, para reembolsar intereses a los inversores hasta el cierre de la sede de la firma. También estableció que Saulo Capital administraba un total de once comercios. En el requerimiento de juicio, la fiscal Ana Salinas Odorisio afirmó que los acusados desempeñaron roles diferentes y en distintas etapas, con el objetivo de cometer actos ilícitos relacionados con la captación de inversores a través de su sitio web o mediante la promoción de altos rendimientos de capital en las inversiones, simulando ser una empresa seria y solvente, e incluso proporcionando recibos que respaldaban la supuesta seriedad de su accionar.
El Tribuno
