En el ministerio de Capital Humano más de 100 trabajadores recibieron este viernes por correo electrónico la notificación de que sus contratos con vencimiento el próximo lunes 30 de septiembre no serán renovados.
Se trata del primer recorte que realiza el Gobierno en su propósito de seguir con la reducción de la dotación del personal estatal. Desde los gremios estatales denuncian que, en menor medida, en otros sectores de la administración centralizada como en la Superintendencia de Servicios de Salud también se producirán reducciones de la planta transitoria.
Así como lo hizo en diciembre, a pocos días de asumir, cuando determinó el cese de todos los contratados en el último año de la gestión de Alberto Fernández, en marzo y en junio luego de renovaciones trimestrales también numerosos empleados fueron discontinuados. En Capital Humano varias áreas pertenecientes a la secretaría de Cultura, que próximamente pasará a la órbita de la secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, serán reestructuradas o directamente eliminadas.
Desde el ministerio de Capital Humano, ante la consulta de este medio, no brindaron información.
El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció en conferencia de prensa esta semana que “trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso (en referencia a los contratos), y - el 30 de septiembre- todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso” y que “después de que se termine el mes se conocerá el número de contratos no renovados”.
Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) temen que la poda de empleos también sea significativa en las carteras de Salud y Justicia, donde por ejemplo ya se anunció el cierre de varias oficinas de los Centros de Acceso a la Justicia. Por ese motivo, y por el incremento salarial que propuso el Ejecutivo - un 2% en septiembre y un 1% en octubre- es que decretaron el estado de alerta y movilización. En una de sus primeras acciones, el jueves de esta semana hicieron un paro en todas las dependencias estatales a partir de las 11 y una olla popular en la Plaza de Mayo.
Desde que asumió, Milei se puso como objetivo mejorar las cuentas y achicar la planta estatal. A principios de junio, cuando cerró el acto del Latam Economic Forum había ratificado que avanzaría con el “plan motosierra” y que el Gobierno iba a despedir próximamente a otros 50 mil empleados públicos, más allá de los que había apartado a fines de 2023 y el 31 de marzo de este año. Esa amenaza finalmente no se concretó de manera más abrupta porque desde algunos ministerios hicieron llegar la información a la Casa Rosada de que no pueden seguir disminuyendo la cantidad de personal ya que eso afecta su normal funcionamiento.
Con los sucesivos recortes que incluyeron la eliminación de ministerios, del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación creado en 1995 por Carlos Menem) y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la casi desaparición del Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales (INCAA), la cifra de despedidos ya supera los 30 mil durante la gestión libertaria. En muchas empresas públicas también se implementaron programas de retiros voluntarios, que tuvieron distintos grados de aceptación.
Otro de los métodos elegidos para reducir costos del Estado fue el de la privatización de varias empresas que se consideraban deficitarias o que deben pasar a manos privadas. Aunque el proceso de privatizaciones todavía no logró hechos concretos en las últimas semanas se profundizó la ofensiva para vender Aerolíneas Argentinas, que había quedado excluida para la aprobación de la Ley Bases, en medio de la puja salarial entre el Gobierno y los sindicatos del sector aeronáutico.
