En 2022, el año en que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en la obra pública santacruceña, la organización Transparencia Internacional encendió otra señal de alarma sobre la institucionalidad en el país. Como ya ocurrió el año pasado, Argentina volvió a ser evaluada con una baja nota en materia de transparencia en el Índice de Percepción de la Corrupción, que mide todos los años el desempeño de los países a nivel global.
Transparencia Internacional, que publicó el ranking esta mañana desde sus oficinas en Berlín, ubicó a Argentina al mismo nivel que otros países de la región como Brasil, pero algunos escalones por debajo de Chile y Uruguay, los mejores puntuados de Sudamérica. La gestión de Alberto Fernández sólo consiguió 38 puntos sobre los 100 posibles y quedó ubicado en el puesto 94 entre los 180 países evaluados.
“Lamentablemente se sigue percibiendo a Argentina como un país con un alto nivel de corrupción y esto se relaciona con el bajo interés de los gobiernos. Si se sigue insistiendo con las mismas prácticas y normativas no van a existir cambios en materia de transparencia y anticorrupción”, aseguró Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional.
Aunque obtuvo los mismos puntos que el año pasado en la evaluación, Argentina subió del puesto 96° al 94° del ránking por cambios de otros países. Las comparaciones fuera de región ubican al país al mismo nivel que Marruecos, Etiopía y Moldavia, que tienen una ubicación similar en la lista. “No se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción. El tema no está dentro de la agenda pública del gobierno”, indicó Poder Ciudadano en su informe.
Marcelo Bermolen, Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, fue tajante con los resultados de la medición: “Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha anticorrupción, en un marco de estancamiento, anomia y luchas internas de poder. Es el crudo testimonio de otro año perdido. Fracaso completado con la reciente salida de Félix Crous como titular de la Oficina Anticorrupción, institución que en la práctica depende del propio poder al que debe controlar y reduce su accionar a meras recomendaciones”.
Desde Poder Ciudadano remarcaron que Argentina “adeuda una gran reforma” de la Ley de Ética Pública y también modificaciones en la ley de compras y contrataciones. La Oficina Anticorrupción (OA) envió a la Casa Rosada hace más de seis meses un proyecto para realizar una reforma integral sobre esta norma clave -que fue sancionada hace 20 años- para la transparencia en el Estado, pero la iniciativa no fue presentada todavía en el Congreso. La renuncia de Crous a la OA, que se ejecutó hace semanas, extiende las dudas sobre el futuro de este proyecto que había sido consensuado durante meses con organizaciones de la sociedad civil.
La ONG, sin embargo, reconoció algunos avances del Gobierno en la agenda anticorrupción, como las políticas de integridad en el Ministerio de Obras Públicas, especialmente lo relacionado al Mapa de Inversiones y el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades impulsado por la OA. “Si bien algunas prácticas han mejorado la transparencia, como por ejemplo en el Ministerio de Obra Pública, o las normativas de acceso a la información pública, aún estamos lejos de un impacto relevante en el sistema de integridad”, afirmó Secchi.
El Índice de Percepción de la Corrupción se difundió esta mañana mientras en el Senado comienza el tratamiento del juicio político a los jueces de la Corte Suprema, un caso de máxima relevancia institucional para el país. “Un aspecto preocupante ha sido el enfrentamiento constante entre el Gobierno y la justicia que terminó con el pedido de juicio político”, remarcaron desde Poder Ciudadano.
Los vaivenes argentinos
Aunque este año la medición se mantuvo estable con 38 puntos sobre 100, el año pasado la gestión de Alberto Fernández había caído 18 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción después de la mala evaluación de Transparencia Internacional.
La mejor puntuación del país en esta medición fue en 2019, cuando escaló 19 posiciones y obtuvo su mejor desempeño desde 2012 con 45 puntos. Ese último año de la gestión de Mauricio Macri, Argentina quedó en el puesto 66, casi 30 lugares más arriba que las cifras difundidas en las últimas horas. La peor performance había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 107 sobre 168 países, mucho más cerca del final de la tabla que hoy.
“Argentina carece de una política pública de lucha contra la corrupción permanente y eficaz. En medio de una fatiga institucional, condenas por corrupción a encumbrados funcionarios, ataques a la justicia, debilitamiento de los organismos de control y parálisis de la actividad legislativa y del Consejo de la Magistratura, Argentina luce como un país entumecido y a la deriva”, agregó el académico Bermolen.
Los 38 puntos obtenidos en 2021 y 2022 por Argentina quedan muy lejos de los países nórdicos que encabezan el ránking global. Dinamarca, el país con menor percepción de corrupción a nivel global, sumó 90 puntos sobre 100. Apenas detrás aparecen Finlandia (87 puntos) y otros como Nueva Zelanda (87) o Noruega (84). El país latinoamericano con mejor evaluación fue Uruguay, que se ubicó en el puesto 12° con 74 puntos. Por detrás aparece Chile con 67 puntos.
Algunos países latinoamericanos volvieron a ubicarse entre los peores a nivel mundial. Venezuela sumó apenas 14 puntos sobre 100 y está entre los cinco con peor percepción de corrupción a nivel global. Nicaragua, Honduras y Guatemala también fueron otros de los países latinos con baja nota. Los últimos puestos a nivel internacional quedaron para Somalía, Siria y Sudán del Sur.
La abogada argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, fue crítica de la situación de América Latina en materia de transparencia: “El estancamiento y retroceso de la lucha anticorrupción en la región coincide con un marcado deterioro de las instituciones democráticas, el ataque a la independencia de los jueces y el cuestionamiento a la prensa y en especial al periodismo de investigación. La impunidad de los corruptos sólo aumenta la inestabilidad política y la falta de confianza de la ciudadanía que termina por tolerar la corrupción como si no estuvieran en juego sus propios derechos y libertades. América Latina -con la excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica- está inmersa en ese circulo vicioso. Es indispensable revertir la trayectoria”.
Qué mide el ránking de Transparencia Internacional
El Índice de Percepción de la Corrupción mide anualmente la percepción de la corrupción de empresarios y expertos pero sólo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Se calcula tomando 13 fuentes externas, entre ellas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgo, firmas de consultoría y comités de expertos. Las puntuaciones reflejan las opiniones de especialistas y empresarios sobre cómo perciben la corrupción en el Estado.
Para incluir un país o territorio en el índice es necesario que haya sido evaluado por un mínimo de tres fuentes. La puntuación de cada país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país, redondeada a un número entero.
En el caso de Argentina, la medición se hizo en base a siete encuestas de distintas entidades internacionales: Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, Global Insights Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, PRS International Country Risk Guide, Varieties of Democracy Project, World Justice Project Rule of Law Index
Las preguntas se refieren, entre otros aspectos, a la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos con el Estado, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos públicos, entre otros aspectos.
