Ante la denuncia presentada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el PAMI, contra el organismo por un conjunto de subsidios por 900.000 pesos otorgados durante la pandemia para "entidades y Centros de jubilados que pertenecían a La Cámpora y otras que directamente eran unidades básicas”, el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de tres funcionarios del PAMI por el presunto desvío de fondos.
El fiscal entendió que hay elementos suficientes para pedir las indagatorias de Santiago Paredes Adra, Asesor de la gerencia de promoción social y comunitaria de PAMI; de Osvaldo Leonel Aquino, Gerente de control de gestión social del organismo; y de Esteban Ernesto Leguizamo, Director Ejecutivo de uno de los locales bajo sospecha.
El fiscal general Javier Arzubi Calvo, titular de la UFI- PAMI, radicó la denuncia penal después de analizar un planteo de la diputada Graciela Ocaña y del ex diputado Luis Petri por presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a distintos centros y jubilados y pensionados por parte del PAMI en medio de la pandemia.
Ante la justicia federal se pidió la investigación por "presuntas irregularidades en el otorgamiento y fiscalización de subsidios solidarios de sostenimiento"a los Centros de Jubilados y Pensionados denominados: “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”, “Seguimos Soñando", "No me olvides”, "Eduardo Galeano”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”, sostiene la denuncia a la que accedió Clarín.
La denuncia inicial sostiene que la prestaciones sociales otorgadas "no habrían sido destinadas a los fines reglamentariamente previstos por el propio instituto”.
Ante este escenario, el fiscal Marijuan solicitó un conjunto de indagatorias para determinar cómo fue el manejo de fondos.
Se investiga la distribución de más de 900.000 pesos en concepto de Subsidio Solidario de Sostenimiento, Modalidad Apoyo Extraordinario de Solidarios de nueve entidades. Cada Centro de Jubilado recibió 100.000 pesos. Se puso en discusión la administración de esos fondos, ya que debían contar con una correspondiente fiscalización, “debiendo informar en forma inmediata las irregularidades que pudieran presentarse”.
Por otro lado, se indicó que muchos de estos Centros de Jubilados que recibieron el dinero “no se encuentran en funcionamiento en la actualidad sino que están cerrados y, lo que es más llamativo aún, muchos de ellos son locales partidarios de la Agrupación Política La Cámpora”.
Se detalló que existen más de doscientos centros de jubilados, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, y “no es extraño que solamente recibieron este subsidio, los centros de jubilados que la mayoría pertenecen a la Agrupación Política La Cámpora”, sostuvo Ocaña, que indicó que las partidas de fondos dispuestas por Luana Volnovich, fueron “por un importe mucho más elevado que el que se suelen otorgar”.
En su denuncia, la UFI- PAMI explicó que los fondos destinados desde el organismo que dirige Luana Volnovich estaban vinculados a la contingencia sanitaria para Centros de Jubilados que no percibían sus cuotas sociales. “Resulta llamativo, entonces, que la inscripción de los centros “Seguimos soñando”, “No me olvides”, “Eduardo Galeano”, “Honrar la vida”, “Milagros al Sur” y la “ La fe trae esperanzas" sea sustancialmente posterior a la suspensión de las actividades sociales en los centros de jubilados y al inicio de la pandemia. Es decir de los nueve centros beneficiarios, seis fueron inscriptos con posterioridad al inicio de la crisis sanitaria”, explicó.
Muchos de estos Centros cuentan con diversas irregularidades: socios con falsas identidades, algunos incluso "con más de una identidad", falta de documentación respaldatoria, firmas sin certificar, direcciones que no se condicen con lo declarado, entre otros aspectos.
Frente a la disposición firmada por la titular del PAMI, la Unidad Fiscal especial realizó una investigación preliminar para determinar el destino de los fondos enviados por el PAMI y "la posible existencia de delitos como el desvío ilegítimo de fondos públicos y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público".
A modo de ejemplo, el Centro Que Florezcan Mil Flores cuenta en lista de socios con algunos que falsearon la identidad. Sus documentos no se condicen con el nombre y responden directamente a otras personas.
En el caso del espacio llamado “Milagro del Sur”, la UIF PAMI detectó que las firmas de los miembros de la comisión directiva “se encuentran sin certificar”. El contrato de locación estaba a nombre de dos de las supuestas autoridades, pero el 30 de diciembre de 2020 se incorporaron al Registro de Entidades para poder reclamar subsidios. En cuanto a sus socios, también aparecen algunos con identidades falsas.
El Centro denominado “No me olvides” se registró el 21 de diciembre de 2020, y al compulsar la información de los miembros de su comisión directiva con sus documentos, se observó que la identidad corresponde a la de otras personas. Algo similar ocurre con el espacio “Eduardo Galeano”, que se creó en 2018 pero se dio de alta en el Registro para reclamar subsidios, el 10 de febrero de 2020. Los socios declarados también responden a otra identidad.
Las mismas irregularidades se observaron en el lugar bautizado “La fe trae esperanza”, cuya alta se realizó el 30 de diciembre de 2020, y las firmas de los miembros de la comisión nunca se certificaron. “Seguimos Soñando”, con alta el 17 de diciembre de 2020, tenía en su listado de socios varios de ellos con identidades falsas.
Todos estos aspectos, se señala en la denuncia penal, nunca fueron inspeccionados por el área pertinente del PAMI y así y todo, le fueron otorgados los subsidios sin la correcta supervisión de cómo se aplicaron esos fondos.
