En un escándalo que sacude la política salteña y nacional, se filtraron conversaciones que involucran al diputado nacional Emiliano Estrada como el autor ideológico detrás de las fake news que difamó a políticos, empresarios y figuras mediáticas de Salta. Los chats, que forman parte de un expediente de casi 200 páginas, fueron incorporados como prueba en la causa por intimidación pública que tramita la justicia federal y que ya tiene a Estrada y a otras cuatro personas imputadas.
Los documentos, que incluyen capturas de pantalla y conversaciones entre el legislador y sus empleados, revelan que Estrada no solo ideó la estrategia de difamación, sino que también supervisó cada detalle de la operación. Desde los guiones de los videos hasta los horarios de publicación, el diputado estuvo al tanto de todo el proceso, utilizando dinero de sueldos del Congreso de la Nación para financiar tareas que nada tenían que ver con sus funciones legislativas.
Según los chats, la usina de fake news comenzó a operar en 2024, cuando Estrada ordenó la creación de una cuenta llamada "El Desenmascarador" con el objetivo de "tirar toda la mierda que se rumorea en Salta". Esta cuenta, que luego cambió de nombre, fue una de las principales herramientas utilizadas para la campaña de desprestigio. Además, los mensajes muestran que el diputado diseñó una estrategia para desviar la atención sobre los verdaderos autores de las publicaciones, incluso llegando a pedir que no se atacara al oficialismo nacional para generar confusión.
En un giro sorprendente, los chats también revelan que Estrada planeó hacerse pasar por víctima de la campaña de difamación. Ordenó la edición y publicación de un video en el que se lo criticaba a él y a Fernando Yarade, un pariente suyo y exfuncionario de los gobiernos de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, con el objetivo de despistar a las autoridades y a la opinión pública, indicó FM Aries.
La causa pasa al fuero federal
La investigación, que inicialmente se tramitaba en la justicia provincial, fue elevada al fuero federal a pedido del fiscal general Eduardo Villalba. La decisión se basó en la resolución del juez provincial Pablo Zerdán, quien el 6 de febrero declaró su incompetencia para seguir adelante con el caso. Zerdán consideró que podrían estar afectados fondos federales, ya que Estrada habría utilizado recursos del Congreso de la Nación para financiar la usina de fake news.
En su resolución, el magistrado provincial destacó que la causa involucra intereses de orden nacional, dada la investidura del acusado y el presunto uso indebido de fondos públicos. Villalba, por su parte, aclaró que "la justicia federal no es un órgano de apelación de las causas que se dirimen en la justicia provincial", pero admitió que, en este caso, la competencia federal estaba justificada por la gravedad de los hechos y la posible afectación al erario nacional.
Previamente, el abogado Jorge Ovejero, representante de Estrada, había solicitado el cambio de jurisdicción, argumentando que su cliente había sido imputado por los delitos de intimidación pública y peculado entre el 16 y el 21 de enero. La causa, que lleva adelante la Unidad Fiscal de Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de la provincia, a cargo de Sofía Cornejo, ahora continuará su curso en el ámbito federal.
Fuente: QPS
