Otra vez el intendente, Javier Wayar, está involucrado en un conflicto. "Ya venimos renegando con el intendente Wayar de La Merced, el tema de respuestas a diversos pedidos de informes que salen del Concejo Deliberante y que no son respondidos como corresponden".
Pero más allá de eso, Chocobar explicó que algo sucedió el sábado 9 de julio. "Nos invitaron a un acto que se realizó en la localidad de San Agustín y el intendente no participó del acto, no llegó nunca, así que precedió el acto el Diputado Juan Dávalos y no yo como presidenta del Concejo".
"El padre del intendente se autodenominó como representante de su hijo, cuando el intendente llega tarde o falta a las sesiones protocolares es el padre quien lo representa. Pasó el acto y luego cuando pude ingresar a la parte oficial del municipio veo que no estoy mencionada como presidenta del Concejo Deliberante y me pareció que no correspondía".
Ella asumió hace una semana y durante el acto de ese día, no fue mencionada ni con el cargo, ni con el nombre. "Esta exclusión que hace el edil, yo quiero presumir que es porque soy mujer y me dejaron de lado, siento que soy violentada institucionalmente y políticamente. Estamos hablando de un organigrama sobre una nebulosa, porque no podemos saber a ciencia cierta, que personas ocupan cargos como funcionar".
Por otra parte, explicó que Wayar debía presentar el informe anual antes de 30 de junio, lo presentó, pero que: "cuando vamos a abrir el informe anual parece un anuario de 5to año, porque hay una cantidad de fotografías, muy poca narrativa del accionar del municipio y ni una factura", manifestó.
Wayar el imputado que no da respuestas
Javier Wayar se encuentra en la larguísima lista de intendentes y ex jefes comunales que cargan sobre sí causas judiciales por fraude a la administración pública en la provincia de Salta. Y como de costumbre, la denuncia llegó a través de un edil local, en este caso Santiago Huerga, que hasta el año pasado ocupó la presidencia del cuerpo, y agregó que recibió amenazas de muerte por parte del jefe comunal.
La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a jefe comunal por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público, en dos hechos, y peculado. Y sobre esta última acusación, imputó a tres ediles por considerarlos partícipes necesarios de ese delito.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos inició sus investigaciones en 2021 tras las reiteradas denuncias que realizó Huerga desde 2020 en la Fiscalía Penal de Cerrillos.
Para Odorisio, el titular del Ejecutivo de La Merced incumplió los deberes de funcionario público debido a que quedó demostrado a través de las cuentas del Banco Macro que había presuntas irregularidades en las transferencias a concejales, correspondientes a a diciembre de 2019, enero a julio de 2020 y septiembre de 2020. Pero a su vez, como denuncia el ex edil, no giró todo el dinero que le correspondía al Concejo Deliberante según su Carta Orgánica.
Huerga contó a Salta/12 que Wayar no aplicó nunca la alícuota de 6,92% de lo que maneja de presupuesto mensual el municipio, y que debía destinarlo a su organismo deliberativo tal y como lo establece el artículo 21 de la ordenanza 33/18, sino que solo les giraba el 4,5%, “a la fecha le debe más de 8 millones al Concejo y hay que ver qué hizo con ese dinero”, expresó el ex concejal. Y añadió que nunca contestaron sus pedidos, “se nos reían en la cara, no contestaban las ordenanzas y nunca accedieron a un diálogo, una reunión para poder escucharnos”.
Respecto al peculado, la investigación que realizó el Cuerpo de Investigaciones Fiscales determinó que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias de $57.081 cada una a las cuentas de tres concejales de su espacio político, Pedro Gutiérrez, Dina Pastrana y Daniel Coreico.
“Eran pagos que les hacía para coimearlos y que voten a su favor, porque la plata salía de la cuenta de la municipalidad directamente a la de los concejales”, aseguró Huerga, quien detalló que se pudo determinar luego de que el Ministerio Público Fiscal pidiera detalle del movimiento de las cuentas municipales al Banco Macro, “que tardó un buen tiempo en darlos”.
Por último, Salinas Odorisio imputó al Intendente por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso Cristo de la Hermandad, y habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su decreto reglamentario N° 1319/18.
Allí, según relató el ex presidente del Concejo, hubo muchas irregularidades y está construido en un predio que no es del municipio, “aparte se gastaron $5 millones en la construcción de un Cristo y ni siquiera se respeto la Ley de contrataciones de la provincia, sino que a dedo él (por el intendente) eligió a un contratista y le pagó para que haga la escultura”.
En la audiencia de imputación, tanto Wayar como los tres concejales se abstuvieron de declarar y anticiparon que presentarán su descargo por escrito.
Huerga agregó que también radicó una denuncia penal contra el jefe comunal por amenazas de muerte, ya que afirma que en noviembre pasado, en un acto que se realizó en la plaza central de aquella localidad le dijo que lo iba a matar a él y su familia. “Acá se manejan como si fueran un cartel, una mafia mexicana que maneja un municipio”, manifestó.
Por esa denuncia el fiscal Penal de Cerrillos, Federico Portal, como medida preventiva, dictó una prohibición de acercamiento de Wayar respecto del ex edil.
